El pasado viernes representantes de las víctimas de pederastia clerical española nos reunimos con el Presidente del Gobierno Pedro Sanchez y el Ministro de Justicia Bolaños. Nos explicaron los principios generales del acuerdo alcanzado entre el Estado y la Iglesia española para establecer un mecanismo extrajudicial de reparación para casos de pederastia clerical que no pueden ser juzgados porque el agresor ha fallecido o el delito está prescrito.

PUBLICIDAD

El acuerdo tiene tres puntos muy positivos. El primero es que la tramitación de las solicitudes de reparación la realizará un organismo público como el Defensor del Pueblo. La experiencia de la mayoría de las víctimas que han acudido a los mecanismos de reparación establecidos por la Iglesia ha sido nefasta, muchas veces acabando más re-traumatizadas de los que entraban. El segundo punto positivo es que la Iglesia abonará íntegramente el costo de las indemnizaciones. Por tanto, no se rescatará a los obispos con dinero público. El dinero de los contribuyentes no servirá para paliar los desmanes de los obispos como sucedió con los banqueros hace quince años. Por último, las indemnizaciones que reciban las víctimas no tributarán a Hacienda. 

PUBLICIDAD

El abad Manel Gasch a su llegada a la recogida de la Medalla de Honor otorgada por el Parlament de Catalunya a la Abadía de Montserrat, a 10 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). | EP

El dinero de los contribuyentes no servirá para paliar los desmanes de los obispos como sucedió con los banqueros hace quince años

Aun reconociendo los elementos positivos del acuerdo, resulta necesario ser muy prudente. El éxito o el fracaso de la iniciativa dependerá no solo de su implementación práctica sino de varios flecos pendientes que aún quedan por concretar o de la flexibilidad que demuestren los firmantes para corregir carencias en el acuerdo alcanzado. El presidente del gobierno y el Ministro de Justicia se comprometieron con las víctimas en que el Defensor del Pueblo (DP) tendrá todos los recursos humanos y técnicos necesarios para poder realizar esta ingente labor de manera diligente y eficaz.

Las medidas pioneras a coste cero no funcionan. Se necesitan recursos públicos adicionales para establecer una estructura de atención a la víctima adecuada. Más decepcionante fue su postura respecto al plazo que tendrán las víctimas para poder presentar su solicitud, un año prorrogable a otro. Es incomprensible que el gobierno australiano haya dado a las víctimas diez años para poder denunciar su caso ante el mecanismo extrajudicial de reparación australiano, y el gobierno y la Iglesia española pretendan dar carpetazo al asunto en dos años. Las víctimas no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos. Los mecanismos de asimilación del trauma sexual infantil son complejos. El plazo actual es claramente insuficiente y dejará a muchísimas víctimas fuera. Si el gobierno y la Iglesia se niegan a rectificar este clamoroso error, como mínimo el estado debe diseñar una campaña de comunicación institucional potente en medios de comunicación públicos y privados para dar a conocer la iniciativa entre los potenciales beneficiarios. 

El nudo gordiano pendiente de resolver es cómo se va a establecer la cuantía de las indemnizaciones que reciban las víctimas

El nudo gordiano pendiente de resolver es cómo se va a establecer la cuantía de las indemnizaciones que reciban las víctimas. Hay voces autorizadas que argumentan que resulta más beneficioso para las víctimas que no se acuerde un baremo de compensación y que sea el DP en cada caso quien establezca qué cantidad económica resulta más adecuada para compensar el daño a la víctima. Sostienen que un baremo resulta limitador, ya que hay víctimas que pueden necesitar una indemnización económica superior a la que establece el baremo. La experiencia práctica y el sentido común cuestionan la sabiduría de este abordaje. El primer problema es la falta de igualdad en el trato a las víctimas. Si no se acuerdan los elementos del trauma que van a ser valorados, así como el rango de indemnizaciones apropiado, que oriente la labor de los profesionales, se corre el riesgo que dos personas con secuelas similares reciban indemnizaciones diferentes en función del profesional que las atienda. En segundo lugar, la inexistencia de un baremo específico para que los tribunales puedan valorar los daños del abuso sexual infantil es la situación actual que tenemos en España.

El resultado es que los tribunales españoles dan indemnizaciones irrisorias, ridículas e insultantes que no reparan en los más mínimo el daño. Se está indemnizando a niñas violadas con 20.000 euros. Cantidad similar a la que un ciudadano puede recibir si se resbala en un supermercado. El único baremo existente es el de accidentes de tráfico y comparativamente las víctimas de accidentes de tráfico reciben indemnizaciones más altas que las de pederastia. Existen ejemplos de buenas prácticas internacionales como el baremo diseñado por el gobierno irlandés, con indemnizaciones de hasta 300.000 euros para los casos más graves, perfectamente replicables en España. Si el gobierno diseña un buen baremo, este luego podría ser aplicado también en los tribunales, tras la oportuna reforma legislativa, para beneficiar a todas las víctimas de pederastia, no sólo las de la Iglesia.  

Lo que nos va a reparar es establecer los mecanismos para que la salvajada que han cometido los obispos contra las víctimas de pederastia española

Por último, durante la reunión las víctimas fuimos muy claras. Lo que realmente nos va a reparar no va a ser una cantidad económica por elevada que sea (aunque como toda víctima de delito tenemos derecho a ella). Es que se establezcan los mecanismos para que la salvajada que han cometido los obispos contra las víctimas de pederastia española, sus hijos e hijas a las que debían proteger, porque cuando fuimos abusados atendíamos instituciones católicas, no vuelva a suceder jamás. No denunciamos porque queremos dinero. Lo hacemos porque queremos proteger a las nuevas generaciones.

Por eso debemos tener claro el estándar de Naciones Unidas para abordar graves vulneraciones de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.  Como garantía de no repetición exigimos al Ministro que es imprescindible aprobar una ley de imprescriptibilidad penal y otra de imprescriptibilidad civil retroactiva. El ministro Bolaños se comprometió personalmente con las víctimas en que el gobierno desbloqueará en febrero la ley catalana de imprescriptibilidad penal que lleva dos años encallada en el Congreso, finalizando el plazo de enmiendas y comenzando el trabajo de la ponencia en la comisión de justicia.

Le explicamos que la ley tiene los apoyos necesarios para ser aprobada, ya que todos los grupos políticos españoles excepto Vox votaron en junio de 2025 a favor de la imprescriptibilidad penal y civil en el parlamento europeo y la mayoría de ellos nos han confirmado que la votación en Europa no fue postureo para quedar bien, sino la expresión de un firme compromiso con la infancia, por lo que van a votar lo mismo en el Congreso. Si el Ministro Bolaños cumple su compromiso de desbloquear la ley y los grupos parlamentarios su promesa de votar lo mismo en Madrid que en Bruselas, las víctimas podríamos celebrar la aprobación de una ley de imprescriptibilidad penal antes de junio de 2026. Crucemos los dedos para que todo salga bien y las víctimas de pederastia clerical española recibamos la reparación integral que se nos ha denegado durante ochenta años, los cuarenta de nacionalcatolicismo y los cuarenta de democracia amnésica.  

Miguel Hurtado es superviviente de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat y activista contra los abusos en la Iglesia. Autor del libro autobiográfico El Manual del Silencio.