El nuevo sistema de financiación autonómica que quiere poner en marcha el gobierno ha batido todos los récords: nunca antes el modelo había sido rechazado por todas las comunidades... menos por una.

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Tienen razón los presidentes autonómicos –excepto, Salvador Illa, es natural– en quejarse del método elegido por Pedro Sánchez para la reforma: primero, pactarla con Oriol Junqueras, y luego llevarles a los demás el resultado de esa negociación. Junqueras, no sólo es un político inhabilitado, sino que no ocupa ningún cargo en la Generalitat, lo cual evidencia más que mil argumentos que el nuevo sistema es un pago político a ERC para que siga sirviendo de apoyo a un Gobierno que se cae.

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Explicar el modelo no es tan difícil como parece al escuchar las ininteligibles y contradictorias declaraciones de la ministra de Hacienda, según la cual la ordinalidad no se incluye, pero sí se incluye.

El modelo parte de un supuesto: a Cataluña había que darle 5.000 millones más de financiación. Eso fue lo que pactó Junqueras con Illa para aprobarle los presupuestos catalanes. Una vez sentado ese principio, había que fabricar el modelo que diera ese resultado. Para ello, se han introducido dos criterios nuevos en el reparto (cambio climático e IVA de las pequeñas y medianas empresas) para que ¡voilá! saliera el producto deseado.

Para no cabrear al resto de las comunidades autónomas, María Jesús Montero se ha presentado con un cesto lleno de millones. En total, 20.975 a repartir entre todas. Aumentar los recursos de las autonomías sin tener en cuenta si han gestionado bien o mal los recursos es en sí mismo un mal principio. Porque el dinero sale del Estado; es decir, de todos los contribuyentes. Ceder más porcentaje de IRPF o de IVA va en detrimento de los ingresos del Estado, justo en un momento en el que hay que aumentar los fondos destinados a las pensiones y a la defensa. Es como si el Estado no tuviera problemas financieros. Pero no es así; o aumenta los impuestos, o aumenta la deuda, que será lo más probable.

Cómo explicarle a un aragonés que va a recibir menos que un catalán siendo Cataluña más rica que Aragón

Pongamos un ejemplo para que se entienda bien cómo va este modelo que Montero no sabe por qué no gusta a las comunidades, incluidas Castilla La Mancha y Asturias (gobernadas por socialistas). Un padre decide hacer una donación a sus hijos. Para el reparto, primero habla con uno de ellos, justo el más díscolo de todos. Después, habla con los demás, que descubren que el díscolo se queda con la mayor parte. En realidad, el padre lo ha hecho para recuperar el cariño del díscolo, pero no ha tenido en cuenta que los demás se iban a enfadar. "Pero si os doy más dinero a todos, ¿por qué os ponéis de morros?", les dice. El padre no nada en la abundancia, así que ha tenido que pedir un crédito para hacer la donación. El resultado es que todos los hijos están de uñas, porque ni siquiera el díscolo ha prometido volver a casa (o, lo que es lo mismo, que ERC aún no ha dicho que votará los presupuestos de Sánchez).

La implantación del nuevo sistema de financiación llega justo a un mes de que se celebren las elecciones autonómicas en Aragón, en las que Pilar Alegría, la anterior portavoz del Gobierno, será la cabeza de cartel del PSOE. Pues bien, ¿cómo queda Aragón en el reparto? Sin duda, como la comunidad menos favorecida. Según el cálculo de FEDEA –el Ministerio de Hacienda no ha dado este dato, quizás porque le dé vergüenza– en financiación por habitante, Aragón recibirá 3.522 euros. Mientras que Cataluña, por ejemplo, recibirá 3.977 euros por habitante. Si establecemos la media de financiación en 100, Aragón se queda por debajo (94,4), siendo también la última del sistema.

¿Cómo va a explicar Alegría a sus posibles votantes que un catalán va a recibir más financiación que un aragonés cuando Cataluña es más rica que Aragón?

No hay manera de explicarlo sin sonrojarse. La única explicación es la necesidad de Sánchez de que ERC siga dándole su apoyo... al precio que sea.

Hace bien Jorge Azcón en anunciar una "batalla política, legal y social" contra este nuevo sistema que consagra la ordinalidad para Cataluña y no para otras autonomías, como Madrid.

Para desgracia de Sánchez, no creo que consiga los votos necesarios para aprobar la reforma de la LOFCA en el Congreso. Por mucho que Junts se muestre dispuesta a pastelear, sería muy duro que admitiera algo que no fuera un concierto como el que rige en el País Vasco. Si lo hiciera, le dejaría la puerta abierta a Silvia Orriols para darle otro mordisco a su electorado.

Por no hablar de la contradicción en la que entrarían los diputados socialistas de Asturias y de Castilla La Mancha cuando tuvieran que votar en el Congreso una ley con la que no están de acuerdo sus respectivos presidentes. Esos diez diputados (dos por Asturias, ocho por Castilla La Mancha) tendrán en sus manos la posibilidad de echar abajo un sistema de financiación hecho a la medida de Cataluña o evidenciar que están más interesados en conservar sus escaños que en defender los intereses de los ciudadanos a los que representan.

En fin, para que llegue ese momento queda aún mucha tela que cortar. El primer test sobre sobre lo que piensan los votantes del nuevo sistema de financiación lo tendremos el próximo día 8 de febrero en Aragón. La candidata del PSOE debe estar dando saltos, y no precisamente de alegría.