Durante años, en Europa se ha repetido hasta el cansancio el argumento de la "influencia de Estados Unidos" en América Latina como explicación casi exclusiva de los desequilibrios políticos de la región. Más ahora que la Administración Trump ha hecho algo que tanto la mayoría de venezolanos como latinoamericanos ven con buenos ojos: la captura de un dictador perpetrador de crímenes de lesa humanidad y pieza fundamental del narco-terrorismo global. 

Sin embargo, poco se habla del papel que ha jugado el gobierno socialista español -y su capacidad de influir en la política exterior de la Unión Europea-  en la legitimación, suavización y, en algunos casos, protección diplomática de regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el primero en pedir que se levanten las sanciones de la Unión Europea contra Delcy Rodríguez tras la llamada "amnistía" en Venezuela. Esta forma de proceder no es un hecho aislado. Es la continuación de una línea política que ha confundido diálogo con impunidad y pragmatismo con claudicación moral.

Delcy Rodríguez no es una funcionaria cualquiera. Como número dos de Maduro, fue la responsable directa del Helicoide, el mayor centro de torturas del hemisferio occidental en la actualidad. Bajo su estructura de poder se consolidó un sistema sistemático de detenciones arbitrarias, tratos crueles, desapariciones forzadas y persecución política documentado por organismos internacionales. No estamos hablando de una figura técnica o administrativa: hablamos de una pieza central en la arquitectura represiva del régimen venezolano.

Y no solo eso. Delcy Rodríguez desafió abiertamente la normativa europea cuando, estando sancionada y con prohibición de ingreso al espacio Schengen, aterrizó en el aeropuerto de Barajas. Aquel episodio —lejos de ser anecdótico— se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos contemporáneos en España. El llamado Delcygate no solo puso en cuestión el cumplimiento de las sanciones europeas, sino que abrió interrogantes profundas sobre redes de poder, opacidad institucional y responsabilidades políticas que aún hoy siguen marcando la vida pública española.

Que ahora el gobierno español impulse el levantamiento de sanciones contra esa misma figura no puede interpretarse como un gesto técnico ni como una evaluación desapasionada de circunstancias nuevas. Es una señal política. Y las señales importan.

Una ley de amnistía ilegítima de origen

La denominada "ley de amnistía" a la que hace mención Albares y que hoy se presenta como argumento para levantar sanciones carece de un elemento esencial: legitimidad democrática de origen. No puede hablarse propiamente de una "ley" cuando el órgano del cual emana no surge de un proceso electoral libre, competitivo y reconocido internacionalmente.

Desde el punto de vista del derecho constitucional comparado, la validez formal de una norma no se agota en su promulgación; exige que la autoridad emisora posea legitimidad democrática efectiva. Cuando esa condición falla, lo que existe no es una ley en sentido material, sino un acto político revestido de apariencia normativa. Es aquí cuando podemos constatar, una vez más, que la voz oficial de las relaciones exteriores de España pretende normalizar e imponer -muy a lo neocolonial - una legitimidad y una legalidad que los usurpadores del Palacio Federal Legislativo, sede del parlamento venezolano, no tienen. 

En cuanto a su contenido, el texto pretende establecer una falsa equivalencia entre víctimas y victimarios. Equipara bandos en un conflicto que no fue simétrico, omite deliberadamente a los verdaderos representantes populares -María Corina Machado, Edmundo González, los diputados de la Asamblea Nacional legítima electa en 2015- y condiciona cualquier beneficio a la humillante exigencia de "pedir perdón" ante un juez subordinado al poder político. No se trata de reconciliación; se trata de subordinación simbólica. Se busca imponer la narrativa de que quienes resistieron fueron tan responsables como quienes reprimieron y que estos últimos -los jueces fueron parte de la represión- deben autorizar y canalizar el perdón. 

Además, no se requiere una ley de amnistía para liberar inocentes. De hecho, cientos de presos políticos ya habían sido excarcelados previamente, todos inocentes.  La privación arbitraria de libertad no se corrige con una concesión graciosa del poder, sino con el restablecimiento del Estado de derecho. Una amnistía supone culpabilidad; aquí lo que hubo fue persecución. Pretender que la excarcelación de personas inocentes es producto de una generosidad institucional es, en sí mismo, una manipulación jurídica y moral la cual España, a través de su ministro de Exteriores, pretende cabildear en Europa. 

Ayuda a estructuras autoritarias

Durante décadas, la política exterior común europea estuvo en manos de dirigentes socialistas, incluyendo a dos españoles: primero Javier Solana y luego Josep Borrell. Esa orientación ideológica no es un detalle menor. Ha influido decisivamente en la forma en que la Unión Europea ha gestionado su relación con América Latina y, particularmente, con regímenes autoritarios que han erosionado sistemáticamente el Estado de derecho.

En el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, España ha actuado muchas veces como cabeza de playa dentro de Europa para amortiguar presiones, relativizar violaciones de derechos humanos y promover esquemas de "diálogo" que, en la práctica, han prolongado la vida política de estructuras autoritarias.

Zapatero no fue un mediador neutral, sino el arquitecto de una narrativa que transformó la represión en "diálogo" y la impunidad en "proceso político". Bajo su sombra, el régimen ganó tiempo, legitimidad y oxígeno internacional.

Detrás del discurso humanitario y del buenismo que incentiva la acogida de disidentes en territorio español, existe también una dimensión incómoda: la conversión de España en una válvula de escape para liderazgos incómodos a estos regímenes. Cuando se empuja al exilio a opositores con facilidades diplomáticas coordinadas, el régimen logra desactivar presión interna mientras sus aliados europeos pueden declarar que "los disidentes ahora están en Madrid". Se transforma la expulsión política en narrativa de integración. Se convierte el destierro en argumento de normalización.

Y este fenómeno no ocurre en el vacío. El régimen venezolano opera coordinadamente con actores como Rusia, China, Irán y Cuba. No se trata solo de alianzas económicas o militares; se trata de una estrategia de influencia geopolítica que busca erosionar los cimientos democráticos occidentales. España, por razones ideológicas y políticas, se ha convertido en un punto de apoyo clave dentro de Europa para esa proyección.

Lo preocupante no es únicamente el levantamiento de sanciones en sí mismo. Lo verdaderamente grave es el mensaje que transmite: que violar el derecho internacional, dirigir estructuras represivas y desafiar sanciones europeas puede terminar siendo recompensado con rehabilitación diplomática.

Mientras en Bruselas se denuncia la interferencia de potencias externas en los procesos democráticos europeos, se minimiza la influencia que determinados gobiernos de los Estados miembros ejercen para redirigir la política común hacia esquemas que favorecen a regímenes autoritarios latinoamericanos. Esa contradicción erosiona la credibilidad moral de la Unión Europea.

España debería defender con firmeza el cumplimiento de las sanciones que ayudó a aprobar"

España debería ser puente de libertad para los venezolanos, no obstáculo. Debería defender con firmeza el cumplimiento de las sanciones que ella misma ayudó a aprobar. Debería respaldar sin ambigüedades a quienes luchan por elecciones libres, separación de poderes y justicia. 

Pero cuando se impulsa el levantamiento de sanciones contra figuras asociadas al aparato represivo más emblemático del hemisferio; cuando se toleran violaciones de la normativa europea en suelo español; cuando se facilita la narrativa de normalización de regímenes coordinados con potencias autoritarias que buscan debilitar el orden democrático occidental, la pregunta se vuelve inevitable: ¿Está España siendo puerta de libertad para los venezolanos? 

Los hechos demuestran que no, y que más bien, bajo el gobierno socialista y la influencia de la "corrupción estratégica" por parte del régimen venezolano, y en coordinación con aliados como Rusia, China, Irán y Cuba, España se ha convertido en la cabeza de playa de un ataque a la civilización occidental y en especial al sistema democrático europeo. 

Armando Armas es experto en políticas públicas y relaciones internacionales. Es fundador de Miranda Global Consulting. Abogado y con maestrías en estudios políticos comparados por la London’s School of Economics y en Desarrollo Internacional y Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Fue electo al Parlamento de Venezuela en el año 2015 en donde ocupó la presidencia de la Comisión de Exteriores.