La regularización de inmigrantes que el Gobierno ha aprobado por decreto, sin pasar por el Congreso, como si fuera un tema menor, afectará, al menos, a 500.000 personas. Pueden ser 600.000 o incluso 840.000, como estima Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) en su informe del pasado mes de enero.

Por definición, el hecho de que los afectados se encuentren en situación "irregular" impide establecer una cifra exacta, pero esa indefinición, no saber a cuántas personas va a afectar, es ya una muestra de lo improvisado de una medida de gran calado que incluso ha tenido que ser modificada en el último momento para adaptarse a las observaciones del Consejo de Estado. Aceptar -como pretendía el Gobierno- una declaración del propio peticionario como un aval de su falta de antecedentes penales era otra de las barbaridades que incluía el decreto. Ahora, tras la modificación, los solicitantes tienen que presentar un certificado del país de origen, pero si, después de dos meses no lo tienen, el inmigrante no será "regularizado", pero podrá seguir en España como hasta ahora.

El Gobierno ha planteado esta medida, pactada con el partido en fase de extinción Podemos, como una prueba de su generosidad y un aval de su progresismo. No hay nada en la forma de actuar de Pedro Sánchez que no tenga su doblez, su truco. En este caso se trata de demostrar que la derecha, tanto el PP como Vox, son partidos xenófobos, que odian a los que son de otro color, otra cultura u otra religión que no sea la católica. Ese es el verdadero fin.

Con la regularización se pone en el mismo plano a los inmigrantes que han cumplido la ley y a los que no. Esos 500.000 u 840.000 inmigrantes en situación irregular no tienen la culpa de su situación, han venido a España en busca de trabajo, de mejorar su nivel de vida, a veces huyendo de persecuciones. Las mafias han hecho su agosto a costa del sufrimiento. Pues bien, esas mismas mafias ahora tienen un aliciente más para captar clientes. En España, a la larga, se logra la regularización; y, a la corta, los que llegan pueden vivir de manera irregular sin que exista peligro de expulsión al país de origen. Si las mafias de las pateras cotizaran en la bolsa del crimen, sus acciones estarían subiendo como la espuma.

La exclusión de la regularización de los saharauis apátridas es la prueba fehaciente de la demagogia que hay detrás de esta medida

En España, según datos oficiales, hay ya 9,5 millones de inmigrantes (la mayoría procedentes de países latinoamericanos). Son los inmigrantes los que han hecho que la población en España no sólo no hay disminuido, sino que se aproxime a los 50 millones de habitantes (49.570.725, según datos del INE del pasado mes de enero). Ellos son los máximos responsables de que el PIB en España crezca más que la media de la UE y también son los que hacen labores en el campo o en la hostelería para las que ya no hay oferta de trabajadores nacionales. Pero la inmigración no sólo es positiva porque "España necesita mano de obra", sino porque la inmigración también aporta cultura, otra visión del mundo. Nos hace mejores en definitiva.

Sin embargo, la inmigración puede convertirse en un boomerang si se lleva a cabo con medidas poco meditadas como la que se acaba de adoptar. El Gobierno ni siquiera ha tenido en cuenta el tapón que se iba a producir en los consulados o en las oficinas de Extranjería, en las que Comisiones Obreras ha convocado huelga indefinida por la avalancha de solicitudes que se producirá a partir de la próxima semana.

Por no hablar de los servicios. ¿Está la sanidad preparada para atender las necesidades de estos ciudadanos que tienen plenos derechos? ¿Y la educación? Por no hablar de la vivienda. Decir que ya estaban aquí, como excusa, como hace el Gobierno, no es sino el reconocimiento de un fracaso. ¿Van a seguir aquí viviendo en pisos patera? ¿Está la educación pública preparada para atender a niños con idiomas y culturas diferentes?

Los que sufren el desastre de la política migratoria no son los que levantan la bandera de la integración, los que esperan cosechar un puñado de votos con esta medida, sino los que viven en los barrios conviviendo con estos inmigrantes. Es en esos barrios periféricos de las grandes ciudades donde más ha crecido Vox. ¿Acaso eso es lo que quiere Pedro Sánchez?

Si hay algo que pone de relieve lo demagógico de esta regularización exprés es el hecho vergonzoso de que se ha excluido de ella a los saharauis que viven en España como apátridas. La diputada Tesh Sidi -de Sumar- ha denunciado esta burda discriminación. Sidi critica al Gobierno y a su propio partido por haber permitido este atropello, que no figuraba en el primer borrador de la medida. La diputada atribuye a las presiones de Marruecos el hecho de que se haya dejado fuera de la normalización a los nacidos en el Sáhara y que no quieren ser considerados como súbditos del reino de Marruecos.

Me parece que esta es la prueba fehaciente de que detrás de la macroregularización sólo hay una operación política, que consiste en rentabilizar electoralmente los comportamientos xenófobos de los que se acusa a la derecha. Lo que ocurra luego con los 500.000 u 840.000 inmigrantes da igual. Eso sí, sin molestar a Marruecos. Los saharauis no tiene los mismos derechos que los demás, a ellos se les excluye. Así actúa este Gobierno.