Las ciudades de Ceuta y Melilla guardan, en lo geográfico y lo político, un evidente paralelismo con Gibraltar. Se trata de enclaves que, estando situados físicamente en Marruecos las dos primeras y en España el tercero, permanecen bajo soberanía española y británica respectivamente. Sin embargo, mientras que en el caso del Peñón la situación se canaliza por vías diplomáticas e institucionales coherentes, en las plazas españolas se traduce en una tensión fronteriza permanente.

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Si la naturaleza política de estos territorios –dentro de su complejidad– es tan similar, ¿por qué a un lado del Estrecho impera cierta estabilidad y armonía mientras que en el otro la presión es constante y las crisis son recurrentes e impredecibles? Esta es una pregunta inoportuna y molesta que muchos eluden –ya sea por ignorancia o por un reprimido remordimiento subliminal–, pues su respuesta es aún más incómoda. Para contestarla, es inevitable remontarse al 14 de noviembre de 1975, una fecha que a menudo se prefiere soslayar, como si el olvido fuera capaz de sanar una herida abierta o de extinguir una responsabilidad legal e histórica que España sigue sin asumir.

Ese día se rubricó en el Palacio de la Zarzuela el Acuerdo Tripartito de Madrid, que dio lugar al reparto del entonces Sáhara Español entre Marruecos y Mauritania. Era un pacto nefasto que vinculó para siempre el destino de Ceuta y Melilla a la guerra y ocupación del Sáhara.

El 16 de noviembre de 1975, a las cuarenta y ocho horas de la decisión de entregar el Sáhara, el diario ABC publicaba en su célebre sección de análisis Crónica de un Día un artículo que reflejaba con precisión las graves repercusiones futuras del acuerdo. El texto explicaba detalladamente que, una vez Marruecos controlara el territorio saharaui, redirigiría toda su maquinaria diplomática, demográfica y militar hacia el norte; de este modo, Ceuta y Melilla se convertirían irremediablemente en las víctimas directas que terminarían "pagando los platos rotos" de la deshonrosa retirada de España de su otrora provincia 53.

Interiorizar que la integridad de Ceuta y Melilla es intocable y debe quedar al margen de cualquier negociación es el único camino para la salvaguarda de la soberanía nacional

Los negociadores españoles, en su afán de esgrimir ante la opinión pública un ilusorio logro que justificara su rendición ante Hasan II y su traición al Sáhara, condicionaron la firma del tratado al respeto de la soberanía sobre sus dos ciudades e islotes aledaños. Al obrar así, sembraron dudas sobre un territorio que, de hecho y de derecho, es español. La soberanía, como concepto, tiene una cualidad binaria: o se ostenta o no se ostenta. Partiendo de este axioma, su respeto no debe negociarse ni ponerse sobre la mesa en ningún diálogo; por lo tanto, cuando se posee, lo que procede es imponerla y defenderla, sea cual sea el precio que haya que pagar por ello.

Al no atenerse a este enfoque vital en el Acuerdo Tripartito de Madrid –al que sucedió la larga guerra del Sáhara–, se instaló en la élite política española, al contrario que en las autoridades británicas respecto al Peñón, una suerte de complejo por la pertenencia de Ceuta y Melilla a España. Al supeditar la entrega del territorio saharaui al reconocimiento de la soberanía sobre ambas plazas, pusieron en tela de juicio la indiscutible titularidad de sus posesiones. Hasan II, hábil y astuto negociador, leyó entre líneas: los diplomáticos españoles, en su fuero interno, albergaban el sentimiento de poseer algo que no les pertenecía y, por ende, no se atrevían a defenderlo con rotundidad.

Esto alentó a Marruecos a persistir en su reclamación, ligando no solo el porvenir de Ceuta y Melilla sino también el de la política exterior española en su conjunto al futuro del Sáhara Occidental. Las dos ciudades se convirtieron desde entonces en una barata moneda de cambio que el régimen alauí maneja a su antojo y conveniencia; un recurso para arrancar a España cuantas cesiones coyunturales requiere para paliar el impacto de los sucesivos reveses diplomáticos que sufre en su malogrado intento de subyugar el Sáhara. Este fenómeno de "dependencia" o entreguismo de los gobiernos españoles hacia Rabat –que ha caracterizado la política de Madrid en la era postdictadura– se acentúa visiblemente con la llegada de los Ejecutivos socialistas de turno, alcanzando su cúspide bajo los mandatos de Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez.

En la estrategia de extorsión sistemática, calificable de guerra híbrida contra España paralela a la guerra del Sáhara, destacan tres hechos que, por su gravedad, constituyen una agresión frontal a la soberanía española: el 11 de julio de 2002, una dotación de la gendarmería real, relevada posteriormente por infantes de la marina marroquí, ocupó la isla de Perejil. El Majzen confiaba en que José María Aznar, a la sazón presidente del Gobierno, no reaccionaría ante semejante afrenta; se había equivocado por completo. Una semana más tarde, miembros del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra recuperaron el islote y detuvieron a los soldados marroquíes, quienes fueron devueltos de inmediato a su país por la frontera de Ceuta. Aquella incursión frustrada terminó en un auténtico ultraje tanto para el ejército marroquí como para el propio Mohamed VI, quien, irónicamente, celebraba esos días el tercer aniversario de su coronación saboreando esta humillante derrota. Sería la primera y única vez en la era democrática en que un Gobierno español impuso respeto a la soberanía nacional ante las reiteradas provocaciones del vecino del sur.

Casi dos décadas después, en mayo de 2021, el régimen alauí mudó sus tácticas de asalto militar por una ofensiva de carácter asimétrico y demográfico, abriendo deliberadamente los pasos fronterizos de Benzú y El Tarajal para permitir la entrada descontrolada de más de diez mil personas en Ceuta. Con esta invasión por goteo, orquestada como una represalia explícita por la acogida humanitaria del líder saharaui, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño, el Majzen daba a entender que España no tenía potestad ni siquiera para acoger en su propio suelo a nadie, aunque fuera por razones de salud y aunque fuera español, sin su plácet expreso. Se inauguró así formalmente la instrumentalización de la población civil indefensa y necesitada –reeditando la "Marcha Negra" de Hasan II– como un arma de extorsión masiva. A diferencia de la firmeza exhibida en 2002, la vulnerabilidad institucional mostrada por el Ejecutivo central acabó surtiendo el efecto deseado por Rabat. Lejos de defender las fronteras, la asfixia geopolítica conllevó el infame e inconsulto viraje de Pedro Sánchez, quien capituló ante las pretensiones de Mohamed VI al aceptar las tesis marroquíes de anexión, entregando en los despachos lo que Marruecos jamás pudo conseguir en el campo de batalla.

La constatación definitiva del peaje de esta sumisión geopolítica se escenificó el 30 y 31 de julio de 2026, cuando una avalancha humana sin precedentes, superior a las 70.000 personas, desbordó por completo las fronteras españolas en un asalto masivo a nado. La tragedia alcanzó dimensiones dantescas: mientras las autoridades de España contabilizaban de manera rigurosa más de 80 víctimas mortales en el mar, Marruecos minimizó cínicamente la matanza reconociendo apenas 11 fallecidos, atribuyendo falsamente diez de ellos a meros ahogamientos y uno a un accidente por caída. La perfidia del ataque híbrido quedó al descubierto mediante explícitas imágenes y filmaciones que demostraban cómo la policía marroquí trasladaba a centenares de jóvenes, en su mayoría menores, en camiones a lo largo de distintos puntos de su territorio para conducirlos deliberadamente a las playas de lanzamiento.

Al tiempo que el mundo entero era testigo de la tragedia, el monarca alauí celebraba obscenamente a bombo y platillo el 27 aniversario de su coronación, presumiendo de "bienestar social y bonanza económica". Pese a ello, en un ejercicio de surrealismo diplomático y claudicación descarnada, Pedro Sánchez no solo exculpó al régimen de Mohamed VI señalando de forma exclusiva a las "mafias", sino que paradójicamente agradeció la supuesta colaboración de Rabat, consolidando así la impunidad del chantaje y sellando el doloroso abandono de la integridad territorial. En el tablero del Magreb, Madrid no decide; solo acata. En pleno 2026, la historia confirma que aquella advertencia lapidaria que plasmaba el diario ABC en su Crónica de un Día hace justamente medio siglo se ha consumado de forma implacable, revelándose como una profecía inexorable.

Aun así, nunca es tarde para rectificar. Reconocer e interiorizar que la integridad de Ceuta y Melilla es intocable y debe quedar al margen de cualquier negociación, a la vez que se asume la responsabilidad histórica para con el Sáhara, más allá de ennoblecer y dignificar a España devolviéndole el respeto que se merece, es el único camino para la redención y la salvaguarda de la soberanía nacional.