La crisis de Ceuta se enreda a medida que pasan los días. La incapacidad del Gobierno no se ha limitado al incumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad de la frontera con Marruecos (lo más grave), sino que se ha hecho palpable en la gestión de las consecuencias del asalto que tuvo lugar el 30 de julio.

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Destaca en el capítulo de la estulticia el ministro de Exteriores. La semana pasada, José Manuel Albares afirmó con rotundidad: "Hasta la última persona que ha entrado irregularmente a España volverá a Marruecos". Cuatro días después de esa declaración, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –también portavoz del Ejecutivo– anunció el levantamiento en Ceuta de tres carpas para acoger a unos 1.500 inmigrantes.

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Vamos a dejar al margen el problema de los menores no acompañados, que tiene su propia dinámica y que legalmente están protegidos frente a cualquier intento de ponerlos al otro lado de la frontera por las buenas. Lo que declaró este martes el portavoz de Asuntos Internos de la Comisión, Markus Lammert, no añade nada nuevo a lo que ya existe. Los menores no acompañados se pueden devolver a su país de origen siempre y cuando se haya identificado a sus padres o tutores. Pero ese es precisamente el problema, que sus padres o tutores no los reclaman. Así que el Gobierno no puede hacer lo que ya intentó en 2021 y que ya rechazó una sentencia del Supremo.

Lammert también se quejó de que España no haya dado todavía datos precisos sobre cuántos inmigrantes irregulares hay en la ciudad autónoma. No se sabe, porque Interior no ha dado los datos de cuántos de los que entraron ilegalmente y siguen en Ceuta (después de 18 días) han pedido acogerse al derecho de asilo. Por lo menos, esos 1.500 de los que habló Elma Saiz estarán en esa situación.

En su artículo 19, la Ley de Asilo establece que nadie que pida protección internacional puede sufrir retorno, devolución o expulsión hasta que no exista una resolución definitiva sobre su petición. Basta con pedirlo para paralizar la expulsión. Si el ministro de Interior, pongamos por caso, autorizase la devolución a Marruecos de uno solo de los peticionarios de ese derecho, estaría cometiendo un delito de prevaricación. Grande-Marlaska, que es juez, bien lo sabe. Tal vez debería haber asesorado a Albares sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con los inmigrantes antes de que soltara la barbaridad de que todos serían devueltos, que dijo además con esa expresión de suficiencia que le caracteriza.

Pero el desastre en la gestión no concluye ahí. Vamos a las carpas anunciadas por Elma Saiz. Las dichosas carpas no son ni mucho menos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que también están regulados por la ley. El internamiento en estos centros debe ser autorizado por un juez, con un límite de 60 días hasta que concluya el procedimiento de expulsión o bien se conceda el asilo. Los inmigrantes internados en un CIE tienen derecho a recibir atención jurídica y médica en un idioma que puedan entender. No es este el caso de las carpas, que, a primera vista, son simplemente centros de detención camuflados que vulneran los derechos recogidos en la ley orgánica 7/1985 que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España.

Las carpas anunciadas por Elma Saiz son centros de detención disimulados

Estas tropelías las está cometiendo un Gobierno que se las da de solidario y empático. Un Gobierno que no sólo ha sido incapaz de asegurar su frontera con el vecino del sur, sino que llama a Marruecos "socio fiable" (esta calificación también es de Albares). Un socio que permitió un asalto de 80.000 personas –claramente lo permitió, ya que quince días después no dejó pasar a un sólo inmigrante– y que, con su actitud, contribuyó a la muerte de cerca de un centenar de personas por ahogamiento en el mar. Todo esto me recuerda a la frase del presidente del Gobierno al valorar la trágica muerte de 23 inmigrantes (según la cifra oficial) en la Valla de Melilla en junio de 2022. Sánchez dijo: "Teníamos un problema y lo resolvimos". Pero no se conformó con eso, sino que elogió la contundencia de la policía marroquí frente "al asedio"... de los inmigrantes desarmados.

Por eso, es repugnante que una ministra como Mónica García se haya permitido el lujo de insinuar comportamientos de xenofobia y racismo en las autoridades ceutíes. ¿Cómo llamaría la ministra de Sanidad al hecho de meter en carpas, como si fueran fieras de circo, a miles de personas sin las mínimas garantías que requiere un CIE?

Todo el discurso buenista frente a la inmigración de Sánchez ha quedado desenmascarado cuando ha tenido que afrontar un problema como el de Ceuta. En lugar de haber frenado a Marruecos y de garantizar los derechos de los inmigrantes, alaba a Mohamed VI y sólo le falta ponerle como ejemplo en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué huyen de Marruecos los jóvenes? Sencillamente porque no tienen ni futuro, ni libertad.

Lo que lleva a este Gobierno a ser tan comprensivo con algunos regímenes totalitarios es su falta de principios. Cuando hablamos de la importancia que tiene defender una frontera (y ¡ojo! que Ceuta es la frontera sur no sólo de España, sino de Europa) no nos referimos solo a la delimitación de un territorio, sino a la protección de los derechos y libertades que da pertenecer a la nación que ocupa ese territorio. Es, insisto, una cuestión de principios, no sólo de intereses. Albares, en este caso el más tonto del equipo, debería plantearse una cuestión: ¿qué hubiera hecho Reino Unido si, antes de retirar la valla, 80.000 residentes del Campo de Gibraltar se hubieran plantado en unas horas en Gibraltar? Como en el caso de Ceuta y Melilla, hay una reivindicación histórica de España sobre el Peñón –por cierto, con mucha mayor legitimidad que la que plantea Marruecos sobre las dos plazas españolas–. También hay una frontera económica: la zona que rodea al Peñón es una de las más pobres de España y está asolada por la delincuencia y el tráfico de drogas, mientras que el nivel de vida de Gibraltar supera con creces la media española.

Ni la policía ni el ejército británicos hubieran permitido tal agresión a su soberanía. Y, desde luego, el ministro de Exteriores británico –da igual que fuera tory o laborista– nunca hubiera dicho, tras el hipotético asalto, que España "es un socio fiable".

Marruecos ha metido a este Gobierno –que cedió sin explicación a su reclamación de soberanía sobre el Sáhara– en un lío monumental. Pero, tras el 30 de julio, ha sido el propio Gobierno el que se ha encargado de agrandar el desastre. Meterse con Felipe VI sólo empeora las cosas (pero ya hablaremos de este asunto).