El 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte de Franco y con el Príncipe Juan Carlos de Borbón como Jefe de Estado en funciones, se firmó en el Palacio de la Zarzuela el Acuerdo Tripartito de Madrid que dio luz verde a los ejércitos marroquí y mauritano para ocupar –a sangre y fuego– el territorio saharaui por el norte y el sur respectivamente. El Frente Polisario se enfrentó a los ejércitos de Hasan II y Moktar uld Daddah en una guerra abierta. El 5 de agosto de 1979 Mauritania capituló y se retiró de la franja meridional del Sáhara que había ocupado. Hasan II se quedó solo en la aventura expansionista que había vaticinado concluir como mucho en una semana.
A finales de los años ochenta, la situación se tornó insostenible y Hasan II dio por perdida una guerra cuyo coste era ya inasumible. Apeló a la ONU en busca de un alto el fuego que le permitiera eludir el escenario bélico y escurrirse por los vericuetos del laberinto diplomático. Se accedió a su petición y el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad (el 27 de junio de 1990) un Plan de Arreglo, encaminado a lograr dos objetivos principales:
- Lograr un alto el fuego entre las dos partes en guerra (el Reino de Marruecos y el Frente Polisario), que sería declarado sin exigir la retirada previa del Ejército marroquí del territorio y sin la transferencia de su administración a la ONU.
- Llevar a cabo un referéndum a través del cual el pueblo del Sahara Occidental ejerciera su derecho a la libre determinación. Es la consulta que Kurt Waldheim (Secretario General de la ONU) trató de materializar en 1975 para asegurar la correcta descolonización del territorio antes de la salida de España, frustrada por la invasión de Marruecos y Mauritania.
Y aquí hemos de incidir en un detalle de suma relevancia, que se pasó por alto de forma interesada e intencionada: mientras que la propuesta de Waldheim permitía optar por la independencia o la integración en "otro país" (incluida España), el Plan de Arreglo limitó la elección a la independencia o la "integración en Marruecos" –lo cual, por razones evidentes, constituye un auténtico despropósito; se asemeja a preguntarle a alguien si quiere ser el dueño de su propio hogar o si prefiere cederlo al asesino que lo allanó–. Marruecos, abruptamente, pasó a ser "parte" en un proceso de referéndum de un Territorio No Autónomo que había ocupado militarmente, al que jurídicamente no le une ningún lazo y cuyo pueblo es titular del derecho a la libre determinación.
Para cumplir los dos propósitos del Plan de Arreglo –supervisar el alto el fuego y organizar el referéndum– el Consejo de Seguridad estableció la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) el 29 de abril de 1991, en virtud de la Resolución 690. Para dirigir la Misión, se nombró al reconocido diplomático suizo Johannes Manz.
El 6 de septiembre de 1991 entró en vigor el alto el fuego, iniciándose la cuenta atrás del plan de paz. El cronograma otorgaba a la MINURSO un máximo de 26 semanas para ejecutar el referéndum y repatriar a los refugiados, dando por concluida su labor en el territorio en abril de 1992. Es importante destacar que el acuerdo vinculante del Plan de Arreglo (firmado por Marruecos y el Frente Polisario y aprobado por el Consejo de Seguridad) estipula que la lista de votantes para la consulta debe basarse exclusivamente en la actualización del censo español de 1974.
Los trabajos de la MINURSO avanzaban a buen ritmo. En noviembre de 1991 logró completar, en plazo, la tarea asignada para esa etapa: actualización y revisión del censo español de 1974. Se detectaron 1.498 fallecidos y 484 duplicados, con lo cual la lista revisada quedó integrada por 72.361 nombres que, de acuerdo con lo convenido, conformarían el cuerpo electoral en el referéndum, o lo que es lo mismo, la lista definitiva de las personas con derecho a voto en la consulta. El siguiente paso sería, por fin, la concurrencia a las urnas; en unas cuantas semanas, el proceso habría concluido.
El Polisario, que ganó la guerra, lo perdió todo con el Plan de Arreglo: el invasor no se retiró del Sahara y ahora, además, es “parte” de una consulta cuyo sujeto de derecho es el pueblo saharaui
La independencia del Sáhara era inminente. Para impedir este justo y feliz desenlace, Hasan II (con la aquiescencia del Consejo de Seguridad) ejerció una influencia determinante sobre Javier Pérez de Cuéllar. El entonces secretario general de la ONU, cuyo mandato expiraba en apenas dos semanas, dispuso que la lista de votantes, en lugar de limitarse a la población autóctona inscrita en el censo español, debía ampliarse para incluir a los cientos de miles de colonos que Marruecos había aglutinado en el territorio. Esta decisión no solo contraviene lo acordado e invalida la labor de la MINURSO, sino que además vulnera flagrantemente el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante transferir partes de su población civil al territorio ocupado o explotar sus recursos.
Johannes Manz, al ver que el propio secretario general que lo había designado al frente de la MINURSO ahora se encargaba de sabotearla impúdicamente (cuando estaba a punto de alcanzar la meta marcada), presentó su dimisión; un acto que lo honra y dignifica como diplomático y como persona.
En resumen, los saharauis no supeditaron el alto el fuego a la retirada previa de Marruecos ni a la gestión del territorio por la ONU. Incluso consintieron que Marruecos fuera "parte interesada" en un referéndum que solo les incumbía a ellos. Asimismo, en vez de oponerse a la pretensión de Pérez de Cuéllar de alterar el censo electoral a última hora, la aceptaron sin objetar. En consecuencia, el Polisario, que ganó la guerra, lo perdió todo con el Plan de Arreglo: el invasor no se retiró del Sahara y ahora, además, es “parte” de una consulta cuyo sujeto de derecho es el pueblo saharaui. Por el contrario, Marruecos, que perdió la contienda, ganó con el "novedoso plan" lo que no logró en el campo de batalla.
Hasan II –que fallecería ocho años después– obtuvo lo que buscaba: un alto el fuego inmediato que pusiera fin a la guerra del desierto que lo estaba desangrando. A partir de entonces, su estrategia consistió en seguir obstaculizando el referéndum para perpetuar la tregua y normalizar el statu quo indefinido. Estaba resuelto a impedir una consulta sobre la que no tenía ninguna legitimidad, y en la que Marruecos acabó personándose gracias a una manipulación calculada en la formulación de la pregunta. Estaba convencido de que el tiempo y las duras condiciones de la hamada terminarían por desgastar a los saharauis.
Es comprensible que, en un principio, el enorme despliegue de medios que la MINURSO –dotada de un presupuesto inicial de 234 millones de dólares– exhibió sin escatimar en gastos (complejas instalaciones móviles ensambladas en un entorno inhóspito, helicópteros, vehículos de todo tipo…), sumado a la parafernalia burocrática civil y militar que rodea todo el entramado, impresionara a los dirigentes del Polisario de tal forma que se disipó cualquier duda que pudieran albergar en cuanto a la seriedad y credibilidad de las intenciones de la ONU.
Así, probablemente confiados y de buena fe, decidieron ceder en los tres puntos arriba mencionados (retirada de las fuerzas, traspaso de la administración a la ONU y la pregunta clave de la consulta), lo que supuso aceptar el referéndum bajo esas condiciones y concederle a Hasan II la oportunidad –que no se merecía– de una salida digna de la guerra. En todo caso, no había de qué preocuparse: el Consejo de Seguridad había acordado expresamente que la lista de votantes debía basarse rigurosamente en el censo español de 1974. Al ser un proceso exclusivo para los saharauis, se daba por seguro que optarían por la libertad que siempre han anhelado.
Lo que no se puede entender es por qué, cuando Pérez de Cuéllar introdujo, en el último momento, un cambio medular que desarticulaba todo el plan, los saharauis no expresaron su rechazo rotundo. Estaban en su derecho de oponerse a la improvisada instrucción del secretario general, dado que no se ajustaba a lo pactado y era una violación manifiesta del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra. Además, la dimisión de Johannes Manz reforzaba su posición. Al no impugnar esta acción, se despojaron del único instrumento que garantizaba la transparencia de la consulta, constituía la razón de ser de la MINURSO y justificaba, a su vez, la participación del Frente Polisario en el Plan de Arreglo.
La decisión de Pérez de Cuéllar vició por completo el proyecto y lo privó de toda fuerza vinculante para los saharauis. Era la oportunidad del Polisario para desvincularse legalmente del plan y recuperar las cesiones cruciales que –en vano– había hecho, devolviendo así el conflicto al marco –del cual nunca debió desviarse– de la Resolución 34/37 de la Asamblea General (1979), que define al Reino de Marruecos como una potencia ocupante.
La guerra que el Polisario inició para liberar el Sáhara y desalojar al invasor marroquí mutó en la mera reclamación de un referéndum al Majzén, el mismo que inauguró su entrada en el territorio bombardeando con napalm y fósforo blanco a la población civil. Este giro vació al conflicto de su carácter asimétrico original –invasor versus invadido– al equiparar moral y jurídicamente al agredido con el agresor. Una causa justa de liberación nacional se convirtió, a ojos de la comunidad internacional, en un litigio civil ordinario entre dos actores con similar legitimidad relacional. De este modo, se difuminaba la realidad de un crimen tan atroz como es la ocupación por la fuerza de un Territorio No Autónomo (TNA) cuando estaba a punto de ser descolonizado por España.
Lo que quedó de aquello es solo una sombra degenerada de lo que pudo ser una consulta legal: una huella degradada que Marruecos instrumentaliza para solapar y eternizar la ocupación
Si el referéndum se hubiese celebrado a principios de 1992 como estaba previsto, aun con sus carencias (la renuncia a la retirada del ejército marroquí y al traspaso de la administración) pero respetando al menos su piedra angular (el censo de 1974) como indicaba la propuesta original de Waldheim de 1975, habría podido decirse que el pueblo saharaui ejerció su derecho a la libre determinación. Al abortarse el proceso en diciembre de 1991 por Javier Pérez de Cuéllar, todo el Plan de Arreglo (incluido el referéndum y el establecimiento de la MINURSO) se transformó en un procedimiento nulo de pleno derecho. Lo que quedó de aquello es solo una sombra degenerada de lo que pudo ser una consulta legal: una huella degradada que Marruecos instrumentaliza para solapar y eternizar la ocupación.
Plantear un referéndum en el contexto de una guerra de liberación y un TNA ocupado militarmente era un contrasentido. La única manera de que este ardid funcionara sin llegar a concretarse la consulta era obrando ilegalmente, como hizo Pérez de Cuéllar, para dejarlo en suspenso y así legitimar de facto la presencia de Marruecos en el Sáhara.
Es inconcebible que, tras un letargo de 29 años y el retorno a la lucha armada desde hace casi seis, algunos en el Polisario sigan contemplando esa pantomima como alternativa. Esto, además de causar una pérdida paulatina de perspectiva, genera confusión e incertidumbre tanto en la opinión pública como en el seno de la propia sociedad saharaui. Cierta línea discursiva en la portavocía del Frente, así como buena parte de los comunicados oficiales, cuando no reclaman directamente un “referéndum de autodeterminación”, suelen declarar: “El pueblo saharaui lucha por la autodeterminación”, añadiendo a veces: “Lucha por la autodeterminación y la independencia”. Cualquiera que escuche esto, aunque esté viviendo en los campamentos de refugiados saharauis, lo relaciona automáticamente con la consulta obsoleta del Plan de Arreglo que murió en 1991. Es más, algunos dirigentes se aferran abiertamente al plan enterrado hace más de tres décadas afirmando: “Solo queremos votar”. Otros van más allá y son pasto de la propaganda marroquí al verbalizar: “La autonomía como opción lo podemos discutir y lo podemos aceptar”, sin darse cuenta de que la simple mención de ese término, acuñado por el enemigo, es un insulto intolerable, cuando no un acto de deslealtad y sumisión al Majzén.
La situación del Sáhara Occidental es perfectamente equiparable a la cuestión palestina. En ambos casos, dos regímenes –el alauí y el sionista–, tan afines en sus siniestros métodos represivos que parecen clonados, han usurpado por la fuerza territorios que de iure no les pertenecen. Sin embargo, mientras Palestina se asocia inequívocamente a la ocupación, el Sáhara –debido al artificio de 1991– tan solo evoca un “referéndum de autodeterminación”. Esta dinámica de distorsión informativa, aparte de desvirtuar la causa saharaui, ha propiciado, por ejemplo, que en Europa, y en particular en España, se penalice el comercio de productos israelíes que llegan al consumidor con un etiquetado de procedencia falsa. No ocurre lo mismo con los productos saharauis, que inundan los supermercados europeos bajo sello marroquí, ante la pasiva mirada de las autoridades.
¿Por qué no expresarse con propiedad y, haciendo honor al lema del 5º Congreso Popular General –“Toda la Patria o el martirio”–, declarar solemnemente que “el pueblo saharaui no cejará en su lucha de liberación hasta que el último soldado marroquí haya traspasado el paralelo 27° 40’ N de vuelta a su país”? Este es, genuinamente, el ejercicio más sublime del derecho a la libre determinación.
Con este análisis, que consideramos objetivo y realista, no pretendemos dibujar un panorama sombrío que invite al pesimismo o la desesperanza. Al contrario: el heroísmo y la audacia de nuestro pueblo, que derrotó a dos naciones respaldadas por grandes potencias que intentaban trocear su tierra como si fuera una barra de pan, es precisamente lo que nos impulsa a hablar con claridad y franqueza. De ahí emana la solidez y la firmeza para alcanzar los objetivos. Como hemos señalado, el referéndum, en el contexto descrito, pudo ser una solución; no lo fue por las razones expuestas y, por lo tanto, queda totalmente descartado. Actualmente, el escenario es el de un pueblo en plena lucha de liberación para desalojar al ocupante marroquí de su territorio. Así debe interiorizarse y proyectarse al mundo, asumiendo en toda su dimensión las consecuencias que ello implica. El pueblo del Sáhara Occidental se encuentra, nuevamente, en el punto de partida, pero hoy es mucho más fuerte: cuenta con un ejército curtido en la guerra asimétrica, un Estado soberano (la RASD) reconocido por más de 84 países y un respaldo jurídico internacional que se consolida día a día.
Esta colosal estructura de arena, alambradas y minas que serpentea por el desierto –una cárcel opresiva donde los suicidios son cotidianos– es invisible en la esfera mediática
Para finalizar, hemos de puntualizar que esta narcomonarquía, que trata por todos los medios de apoderarse del Sáhara, es sencillamente un régimen-hojarasca. Su poder se cimenta en un sofisticado aparato represor y en una maquinaria de propaganda bien engrasada que encuentra en Occidente medios espejo –como La Razón– para amplificar su perversa narrativa. Se trata de un edificio carcomido por la corrupción sistémica que a duras penas se sostiene en pie. Los beneficios millonarios del expolio de los recursos naturales saharauis, sumados a las ganancias del narcotráfico y la extorsión a Europa, resultan insuficientes para sufragar el elevado coste de mantener a más de cien mil soldados atrincherados en el muro defensivo de 2720 kilómetros que circunda los territorios ocupados.
La precariedad en la que viven estas tropas, obligadas a permanecer en pie de guerra durante décadas en un paraje árido y hostil, se ha visto agravada por los bombardeos constantes a los que están sometidas desde noviembre de 2020. Esta cruda realidad se constata en las imágenes grabadas por el Ejército Saharaui, donde se observa a soldados harapientos y exhaustos que emplean asnos para acarrear agua y víveres a sus posiciones. Esta colosal estructura de arena, alambradas y minas que serpentea por el desierto –una cárcel opresiva donde los suicidios son cotidianos– es invisible en la esfera mediática al tiempo que engulle silenciosamente la mayor parte del producto interior bruto marroquí, agudizando el empobrecimiento extremo de las capas más vulnerables de la sociedad.
Prueba de la fragilidad estructural del Majzén, asediado por incesantes crisis sociales, y de su absoluta falta de escrúpulos geopolíticos, es lo acontecido los días 30 y 31 de julio en la frontera marítima de Ceuta. El régimen de Mohamed VI no dudó en lanzar al mar a sus propios ciudadanos contra la ciudad española, registrando un éxodo masivo equivalente en número a la población total de la ciudad e igual a la tercera parte de la “Marcha Negra” de Hasan II. Esta maniobra perseguía una doble y maquiavélica finalidad: deshacerse de sus súbditos –que eligen perecer en el mar antes que malvivir en la olla de presión que supone el reino majzení– y chantajear abiertamente a España –teniendo como trasfondo, entre otras cosas, la visita de Sánchez a Argel diez días antes– y, por extensión, a toda Europa.
La tragedia adquirió proporciones dantescas. En tanto que las autoridades de España certificaban más de 100 víctimas mortales en el mar, Marruecos minimizó cínicamente la matanza reconociendo tan solo 11 fallecidos, atribuyendo falsamente diez de ellos a ahogamientos fortuitos y uno a un accidente por caída. La perfidia del ataque híbrido quedó al descubierto mediante explícitas imágenes y filmaciones que demostraban cómo la policía marroquí trasladaba a centenares de jóvenes, en su mayoría menores, en flotas de camiones procedentes de diversas provincias para conducirlos deliberadamente a las playas de lanzamiento. La deshumanización del Majzen se hizo patente posteriormente, cuando los forenses españoles identificaron los cuerpos sin vida de seis de las víctimas y el régimen alauí se negó a su repatriación, por más que sus familias en Marruecos los reclamaban desesperadamente.
Abderrahman Buhaia es intérprete y educador saharaui.