Las obligaciones jurídicas hacia el Sáhara Occidental: las cuentas pendientes de España y la ONU

La legislación internacional es muy clara respecto al estatus jurídico del Sáhara Occidental. La otrora provincia 53 es, a ojos de las Naciones Unidos, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Sin embargo, desde hace cincuenta años, el derecho no rige en esta región. Por ello, el Frente Polisario hace hincapié en este aspecto: la naturaleza del conflicto con Marruecos es eminentemente jurídica.

"Es un proceso de descolonización inacabado ya que España, la potencia llamada a llevarlo a cabo, abandonó al pueblo saharaui antes de finalizar de una manera efectiva ese proceso". Así lo resume Abdulah Arabi, el representante del Polisario en nuestro país. Lejos de enmendar su error, las autoridades españolas han seguido ahondando todo esto tiempo en el desprecio hacia el derecho internacional en la cuestión del Sáhara Occidental. De la carta enviada a la ONU para renunciar a la soberanía sobre el territorio, hasta llegar al giro a favor del plan de autonomía marroquí del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y no solo España ha eludido sus obligaciones. También la comunidad internacional ha ignorado el derecho para este territorio y sus habitantes, que se han visto obligados a vivir en campamentos de refugiados en el desierto argelino, soportar la ocupación marroquí o salir al exilio.

La jornada Legalidad internacional, Sáhara Occidental y compromiso con los Derechos Humanos, celebrada recientemente en el Congreso, ha querido profundizar en el abandono del pueblo saharaui desde el punto de vista jurídico. Una cuestión atravesada por el referéndum de autodeterminación que se debería haber celebrado hace mucho tiempo, pero que cada vez parece más lejano.

Los sacrificios del Frente Polisario

Durante la jornada, organizada por Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Arabi habló con claridad sobre la postura del Polisario respecto a la solución negociada del conflicto. Pese a que el plan de paz aprobado por Naciones Unidas en 1991 contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación, la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU prioriza la propuesta de una autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí.

Pese a estos espaldarazos, las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se mantienen firmes en su determinación por que los saharauis puedan decidir sobre su futuro. Existe la opción de la independencia, pero también la de formar parte de Marruecos como un territorio autónomo o, incluso, la integración total dentro del régimen alauí. "Creo que es la concesión más grande que ha hecho un pueblo en aras de una vía pacífica de acuerdo al derecho internacional", considera Arabi.

No obstante, aprecian una dinámica "de intentar imponer al pueblo saharaui algo contrario al derecho internacional" en sus reuniones con las autoridades marroquíes auspiciadas por EEUU y la ONU.

La culpa es de los Estados que forman la ONU

Para el catedrático de Derecho Internacional Público Juan Soroeta Liceras, declaraciones como la del Gobierno español carecen de legitimidad. "Ni Trump, ni el presidente español, ni el presidente francés tienen la capacidad de modificar el derecho internacional", asegura. Este experto en el conflicto saharaui señala que estos dirigentes pueden violar la legalidad, pero no cambiarla.

En este sentido, aclara que son los Estados los que impiden que la ONU actúe para solucionar el conflicto. Su misión en la zona, la MINURSO, confeccionó el censo para organizar el referéndum. "El único problema para que no se celebre es la falta de voluntad política", añade Soroeta.

Una interpretación que comparte el profesor de Relaciones Internacionales Isaías Barreñada. "Puede que la ONU no sea eficaz, pero tenemos que empezar por un cambio del comportamiento de los países, que son los que conforman los organismos internacionales", subraya. Así, apunta a los Estados influyentes con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, pero también a "la pasividad o falta de arrojo" de otros que podrían hacer más, como es el caso de España.

Vulneraciones a los derechos saharauis que se suceden

Al desprecio por la legalidad internacional, se añaden las vulneraciones de derechos que sufren los saharauis en su realidad práctica. Loueila Sid Ahmed es una abogada saharaui afincada en Canarias. Denuncia que, desde nuestro país, vive las consecuencias directas de la colonización de su pueblo. En el supermercado encuentra latas de atún envasado por empresas que hacen negocios ilegales en el territorio saharaui y en las playas canarias los turistas toman en el sol en la arena expoliada del Sáhara Occidental.

Y mientras, las instituciones españolas siguen dando varapalos jurídicos a los saharauis que viven en nuestro país. Como letrada especializada en derechos humanos, lamenta que España no adopte las mismas reparaciones históricas con los saharauis que las víctimas de la dictadura u otros territorios colonizados, como los países latinoamericanos. "España lo ha hecho bien cuando ha querido, pero en el caso del Sahara Occidental tristemente no", señala.

También apunta contra la justicia, citando como ejemplo la sentencia de 2020 por la que el Tribunal Supremo estableció que el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad. Ahmed asegura que estas son interpretaciones "restrictivas" de la justicia en detrimento de los derechos humanos.

En este sentido, la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María José Berdugo, se pronunció alto y claro sobre la responsabilidad de los operadores jurídicos en el conflicto: "Como jueces, fiscales y abogados tenemos la obligación de denunciar el incumplimiento del derecho internacional, la violación de los derechos humanos y exigir su cumplimiento".

Tras su primera visita a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) en 2023, el año pasado participó en un encuentro internacional de juristas en el desierto argelino, donde se abordó el estatus jurídico del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos naturales. Su estancia en los campamentos le ha dejado clara una cosa: "La mayor obligación que tiene el Estado español a nivel internacional es el el Sahara occidental".