Hay momentos en la historia de una nación en los que la tragedia deja de ser un golpe del destino para convertirse en la radiografía exacta de una decadencia moral y política. Lo ocurrido en las vías de Toledo, entre Urda y Los Yébenes, donde se cuentan por docenas los muertos tras la brutal colisión entre un AVE y un tren de Iryo, no es una fatalidad meteorológica ni un capricho del azar. Es el resultado directo del abandono, de la incompetencia elevada a categoría de gobierno y de la descomposición de lo que un día fue el mayor orgullo tecnológico de España.

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Con las docenas de fallecidos en Los Montes de Toledo, sumados a los cuarenta y seis muertos de hace apenas nueve meses en Adamuz (Córdoba), España acumula más de un centenar de cadáveres en un mismo año y sobre una misma línea ferroviaria: la Madrid-Andalucía. La que fuera la joya de la corona del Estado es hoy una trampa mortal donde viajar por obligación laboral o familiar se ha transformado en un drama diario de retrasos interminables y, demasiadas veces, en un viaje sin retorno.

Sin embargo, lo que convierte el luto en una indignación insoportable es la reacción del poder. Con el amasijo de hierros aún humeante y los equipos de rescate excarcelando cuerpos de los vagones, el Ejecutivo tardó exactamente quince minutos en activar su maquinaria de propaganda. A través de sus terminales mediáticas, Moncloa dictaba sentencia sin esperar a los peritos ni a los jueces: la culpa era de un «error humano» de un operador de Adif.

Es de una indecencia supina. Para investigar las causas de los cuarenta y seis muertos de Adamuz llevan nueve meses de opacidad y dilaciones sin ofrecer una explicación oficial definitiva; pero para blindar al Gobierno por puro pánico electoral, les bastan quince minutos de propaganda oficial para señalar al eslabón más débil de la cadena.
La mentira, además, se desmorona por su propio peso. Incluso aceptando el relato filtrado por el Ejecutivo, el operador tuvo que intervenir manualmente porque antes se había producido una avería en el sistema automático de señalización y bloqueo. En la alta velocidad del siglo XXI, los sistemas automáticos existen precisamente para impedir que un fallo humano provoque una catástrofe y para que la frenada de emergencia detenga los trenes de forma autónoma. ¿Por qué se apagó el sistema automático? ¿Por qué no saltó la frenada de seguridad?

La respuesta duerme en los Presupuestos que se anuncian con alharacas y jamás pisan el balasto de las vías. Las auditorías demuestran que en la alta velocidad hacia Andalucía se presupuestó el triple de lo que realmente se ejecutó: 2.400 millones de euros se quedaron guardados en un cajón sin gastar. Adif deja sistemáticamente sin ejecutar uno de cada tres euros destinados a inversión. En el tramo maldito de Adamuz, bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera —imputada en la trama de corrupción del ministerio—, solo se ejecutó el 20 % del presupuesto asignado para estabilizar y renovar el trazado, dejando el 80 % sin invertir y empalmando carriles nuevos con hierros viejos de la Expo de 1992. Mientras los sindicatos ferroviarios exigen saber en qué se gastaron realmente los supuestos 700 millones de euros con los que Óscar Puente presumió de haber culminado la «renovación integral» de la línea Madrid-Sevilla, los españoles pagan la desinversión con sus vidas.

Esta cadena de negligencias acarrea una consecuencia estratégica devastadora: la destrucción total del prestigio internacional de España

¿Qué se hizo con el dinero público en el ministerio con mayor presupuesto inversor del Estado? Pasamos de la etapa de José Luis Ábalos, donde el Ministerio de Fomento se utilizaba como agencia de colocación para sentar a Koldo García en el consejo de Renfe Mercancías mientras se tejían tramas corruptas con adjudicatarias de Adif, a la etapa de Óscar Puente, consagrada al sectarismo y al insulto diario. Hace apenas unos días, el ministro bromeaba con frivolidad sobre el caos de Renfe, después de haber asegurado con soberbia que el ferrocarril español vivía «el mejor momento de su historia» y que las posibilidades de otro siniestro mortal eran «limitadísimas». Media hora después del impacto mortal en Toledo, a las 9:09 de la mañana, el máximo responsable de los transportes de España estaba en las redes sociales tuiteando sobre Lula da Silva y la «superioridad moral de la izquierda».

Pero más allá del dolor irreparable por las vidas truncadas, esta cadena de negligencias acarrea una consecuencia estratégica devastadora: la destrucción total del prestigio internacional de España. Durante tres décadas, la alta velocidad española fue un referente mundial indiscutible, un modelo de excelencia e ingeniería civil que nuestras empresas exportaban con éxito por todo el planeta y que permitió ganar licitaciones históricas frente a las mayores potencias industriales, como el emblemático contrato del AVE del desierto a La Meca en Arabia Saudí.

Todo ese capital de solvencia técnica, levantado durante treinta años por el talento de nuestros ingenieros, se ha ido por el sumidero en nueve meses de gestión nefasta. ¿Qué gobierno extranjero va a comprar hoy tecnología ferroviaria española o a confiar sus infraestructuras críticas a Renfe y Adif cuando en nuestra línea insignia se apagan los sistemas de frenado automático y se acumulan más de cien muertos en menos de un año? Han dinamitado la Marca España y han arruinado en el exterior a uno de los sectores punteros de nuestra economía.

En la España del Gobierno de la mentira se limitan a fabricar un culpable antes de que se enfríen los vagones

Esa supuesta superioridad moral de la que presumen no es más que la máscara del Gobierno de la mentira. Un Ejecutivo que ha erradicado de la vida pública el concepto de responsabilidad política. Nunca es culpa suya, nunca dimite nadie. Se vio con el volcán de La Palma; se vio con la desidia ante los incendios forestales; se vio en el desastre absoluto de Ceuta, dejando una frontera crítica del Estado desbordada y abandonada a su suerte; y se vio en la DANA de Valencia, donde el presidente del Gobierno tardó un año entero en volver a pisar los pueblos arrasados por las inundaciones.

Es el mismo desprecio institucional y humano que exhibieron tras la tragedia de Adamuz, cuando ni Pedro Sánchez ni Óscar Puente fueron capaces de acudir al funeral de Estado en la catedral de Córdoba para mirar a los ojos a las familias de los cuarenta y seis fallecidos.

España está en manos de un Gobierno que siempre llega tarde a las emergencias, que deserta de los funerales, que hunde nuestro prestigio internacional y que abandona las infraestructuras del Estado, pero que tarda quince minutos en activar su propaganda para culpar a un trabajador. En cualquier democracia digna de ese nombre, con docenas de muertos en Toledo y más de cien fallecidos en nueve meses sobre la misma vía, el ministro de Transportes y la cúpula de Adif habrían presentado su dimisión irrevocable. En la España del Gobierno de la mentira, en cambio, se limitan a fabricar un culpable antes de que se enfríen los vagones.