Polígono de San Fernando de Henares (Madrid), 66 acusados, 50 abogados defensores, un fiscal, tres acusaciones populares, tres magistradas y 65 periodistas son las cifras de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años: el caso de las tarjetas black. Doce millones de euros gastados entre el 2003 y el 2012 sin ningún tipo de control han sentado en el banquillo a los ex presidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a 12 de sus directivos y a 52 ex consejeros.

Las dos primeras sesiones de este juicio, que comienza hoy, se dedicarán a las llamadas cuestiones previas. Los defensores plantearán los más variados argumentos jurídicos para lograr la absolución de sus clientes que se dividen en tres grupos: los ex presidentes, por haber autorizado este sistema de pago; los ex consejeros, por tirar de tarjeta sin ningún tipo de control y los directivos que están en tierra de nadie, porque eran los únicos que tenían derecho a tener dos tarjetas, pero responden por el uso que hicieron de las black. Todos ellos están acusados de un delito de apropiación indebida.

Reunión en el Colegio de Abogados

El pasado viernes los letrados mantuvieron una reunión en el Colegio de Abogados de Madrid para intentar ponerse de acuerdo sobre el día a día en esta vista para intentar evitar que este juicio sea más «incontrolable» de lo que ya es con tanta toga en los estrados. No obstante, no se alcanzaron grandes ni pequeños acuerdos porque aunque todos defienden que este caso se ha «superdopado» y no hay delito, sus clientes tienen sus propias estrategias de defensa que son aparentemente incompatibles entre sí.

Fuentes jurídicas han explicado que Blesa y Rato van a intentar acreditar que las tarjetas black era un sistema de pago legal y un modo de retribuir a sus consejeros. Fuentes de su defensa explican a todo aquel que les quiera oír que el uso de estas Visas funcionó durante 24 años sin ningún tipo de problema y que era conocido por la Agencia Tributaria, los servicios jurídicos de la Caja y por todo el que tenía capacidad de prohibirles esta práctica.

Sistema de retribución opaco

Una teoría que rechaza la fiscalía. Sostiene, en su escrito de acusación, que este sistema de retribución -que empezó a operar en 1996 cuando Blesa llegó a la presidencia de Caja Madrid y que heredó Rato al sustituirle y mantuvo en Bankia- «era opaco», porque las black «fueron emitidas al margen del circuito ordinario de solicitud, aprobación y emisión y cancelación de las tarjetas de la empresa» de la caja.

Los gastos se ocultaron en dos cuentas de la Caja

Además, la fiscalía asegura que Caja Madrid «nunca practicó la correspondiente retención fiscal a las retribuciones que el uso de estas tarjetas constituía». Y que las mismas se contabilizaron «subrepticiamente en dos cuentas contables de gastos»: «Gastos de órganos de Gobierno», y en la de «gastos relacionados con regularizaciones por fraudes, negligencias, errores internos, deficiencias del sistema y reclamaciones de los clientes».

Asimismo, el ministerio público señala que este sistema de pago se blindó con la buena noticia a los usuarios de que no tenían que justificar sus gastos «lo que expresamente se les advertía al entregárseles la tarjeta». De este modo, añade el fiscal Alejandro Luzón, estas Visas «se convirtieron bajo el mandato de Blesa en una retribución, cuya improcedencia era perfectamente conocida por sus beneficiarios».

Una acusación que rechazan todos los imputados, pero con matizaciones. En el grupo de los 52 ex consejeros la unidad de defensa se rompe, según fuentes jurídicas. La mayoría defenderán que las black eran parte de su salario y el resto que podían usarlas para pagos de representación.

Complemento salarial

El ex secretario de economía del PP Estanislao Rodríguez Ponga y el que fuera accionista de Libertad Digital Alberto Recarte van a usar un informe encargado al catedrático de economía financiera de la Universidad de Castilla-La Mancha Jesús F. Santos para defender la tesis de que podían tirar de tarjeta porque formaba parte de su salario.

Por ello, su intención, como ocurre en los juicios americanos, es establecer una duda razonable sobre los verdaderos culpables de este mal trago por el que están pasando y que, en su opinión, son algunos de los 12 directivos que primero fueron excluidos de la causa y luego imputados a instancias de UPYD, que representaba Andrés Herzog y que ahora acude al juicio bajo otras siglas.

Los directivos fueron ‘absueltos’ al inicio de la causa y luego incluidos en esta causa

El fiscal subraya que estos 12 mandos de Caja Madrid «disfrutaron de estas tarjetas que les fueron entregadas como complemento retributivo». Por ello, ninguno salvo Ildefonso Sánchez  Barcoj (484.192 euros), ex director financiero, ha devuelto la parte de los 4,2 millones de euros que gastaron con las black. Este imputado, uno de los que más usó la tarjeta hasta el punto de que el mismo día de la intervención de Bankia, el 9 de mayo del 2012, devolvió 503 euros que se había gastado, se ha apuntado a la tesis del complemento salarial de estas tarjetas.

Testigo de cargo

Una estrategia que ha sido rebatida durante la instrucción por Enrique de la Torre, ex secretario del Consejo de Caja Madrid, quien ha defendido ante el juez Fernando Andreu que estas tarjetas solo debían usarse para gastos de empresa, salvo los ejecutivos de la Caja, como él y Sánchez Barcoj, que disponían de dos Visas: Una de plata para gastos de representación y otra de oro como complemento retributivo.

Estas afirmaciones le han convertido en el enemigo número uno del resto de consejeros, según fuentes jurídicas. Por ello, los otros imputados van a intentar cargarle con el mochuelo, al sostener que no cumplió con su deber de vigilancia aunque esta responsabilidad aparentemente correspondía a Sánchez Barcoj que fue la persona que «materialmente, a través de sus secretarias, se encargó de gestionar estas tarjetas», según el fiscal , por lo que dio «las indicaciones correspondientes al departamento de tarjetas» para «sortear» al comité de medios que era el encargado de esta función.

De la Torre, antiguo secretario del Consejo, es el enemigo número 1 de los otros acusados

Además, según fuentes jurídicas el ex director financiero se ha dedicado los últimos meses a buscar aliados entre los usuarios de las Visas para defender la tesis del complemento salarial de las black. Sánchez Barcoj  se enfrenta a dos años de prisión al igual que el resto de ejecutivos, a pesar de que el fiscal le ha metido en el grupo de los imputados a los que ha aplicado la atenuante de reparación del daño, pero en su caso esta inclusión no le ha supuesto una rebaja en la petición de cárcel. Otro testigo de cargo en esta vista será Francisco Verdú, el único consejero que no usó la black y que tras declarar ante el juez Andreu ha quedado fuera de la lista de imputados al engrosar la de testigos.

Maniobras de última hora

No obstante, todos los imputados y sus abogados son conscientes de que su estrategia de defensa tiene que llegar no solo al tribunal, conformado por tres mujeres, sino a una opinión pública que no perdona estos dispendios. Por ello, Blesa ha intentado en el último minuto una maniobra que no le va a servir de mucho.

El ex presidente de Caja Madrid ha reintegrado los 436.000 euros que gastó con su black entre el 2003 y el 2010, pero es «como sorber y soplar al mismo tiempo», según fuentes jurídicas porque «repara el daño, pero sigue sin admitir el delito», según estas fuentes. Y Rato insiste en que él devolvió «de manera voluntaria» los 90.000 euros que gastó para «descartar todo atisbo de afán de enriquecimiento», según un escrito que presentó el pasado 20 de septiembre.

Una gran parte de los 12 millones se gastaron en locales de lujo y en llevar una vida de VIP

Otros consejeros, por su parte, han ido devolviendo sus gastos y los que tiraron de tarjeta para pagos más o menos asimilables a los de empresa tienen una pequeña esperanza de salir absueltos, según fuentes jurídicas. Pero el grueso tienen que prepararse para el peor escenario. Blesa se enfrenta a seis años de cárcel y Rato a cuatro años y medio. El resto a penas que oscilan entre cuatro y un año de prisión.

Sea cual sea la sentencia de lo que no podrán recuperarse es del escarnio moral que llevarán a cuestas por ser unos adictos al lujo, a restaurantes de cinco tenedores, a hoteles de cinco estrellas, a centros comerciales y por adquirir productos tan poco relacionados con su trabajo de banqueros como lencería, muebles o medicamentos. Y es que como decía el filósofo y escrito francés Voltaire: «Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero».