El juez del caso ERE ha cerrado la instrucción de la segunda pieza separada y coloca a un paso del banquillo de los acusados a 12 investigados, entre ellos seis antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía ya procesados en la rama política de la causa y un intruso que cobró 113.480 euros por ser «amigo de la infancia» del director general que concedía las ayudas.

En un auto fechado el 25 de julio notificado este martes a las partes, el magistrado de apoyo Álvaro Martín transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y da 15 días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El instructor, que exculpa a cinco imputados al no apreciar indicios sólidos de su participación o conocimiento de las irregularidades, continúa el procedimiento para 12 personas por la comisión de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de malversación.

La pieza cuya investigación ahora se cierra es la relativa a la subvención excepcional de 2,9 millones de euros que, con cargo al fondo de reptiles o partida presupuestaria 31, la Administración andaluza concedió a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas SAL (Acyco) en 2003 para la prejubilación de 35 trabajadores. Ni fue el dinero finalmente entregado ni fueron los únicos beneficiarios de la ayuda.

La pieza cuya investigación se cierra es la relativa a la subvención excepcional de 2,9 millones a Acyco

Esta pieza es un compendio de las irregularidades que ha puesto de manifiesto la instrucción del caso ERE desde que la juez Mercedes Alaya comenzó a investigarlo en enero de 2011: una ayuda concedida al margen del procedimiento legalmente establecido, la presencia de dos intrusos entre los percetores de los fondos públicos, una directiva que se autoincluye pese a seguir vinculada con la empresa, una mediadora que cobró sobrecomisiones por su participación en los cálculos actuariales y la contratación de la aseguradora para la formalización de la póliza de prejubilaciones y un prestigioso despacho de abogados en labores de asesoramiento.

El juez aprecia la responsabilidad en los hechos de cinco antiguos altos cargos de la Consejería de Empleo, entre ellos el máximo responsable del departamento entre 2004 y 2010: Antonio Fernández, al que el juez ha pedido una pena de ocho años de prisión en la pieza política del caso. Junto a Fernández, también son encausados en la rama de Acyco su viceconsejero, Agustín Barberá, y los antiguos directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. La nómina de ex altos cargos de la Junta se completa con Miguel Ángel Serrano, ex director general del organismo (IFA/IDEA) que materializaba el pago de las ayudas que concedía previamente Empleo.

«Pluralidad de autoridades»

«Apreciamos una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos», razona el juez para justificar la concurrencia de los cuatro elementos que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para la concurrencia del delito de malversación.

También se sentará en el banquillo Encarnación Poto Monge, presidenta del consejo de administración de Acyco y que se incluyó en el ERE para cobrar una póliza de prejubilaciones pese a que mantuvo su relación laboral con la empresa hasta 2011. En concreto, Poto -a la que el Consejo de Ministros le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo el 17 de diciembre de 1999, en la etapa del andaluz Manuel Pimentel como ministro- percibió rentas por 276.505,92 euros, cantidad a la que se suman los 318.455 euros que le pagó Acyco en concepto de dietas entre 2003 y 2011, cuando supuestamente ya se había prejubilado.

El juez también encausa a Gabriel Barrero Raya, director de Recursos Humanos y abogado de la empresa al que el instructor acusa de colar a la presidenta de la compañía «a sabiendas» de que continuaría vinculada a Acyco y de participar en la solicitud de otra ayuda de 109.620 euros teóricamente para el mantenimiento de 144 empleos pero que en verdad se iba a destinar a pagar la minuta al bufete Garrigues por su labor de asesoramiento.

El juez aprecia responsabilidad en los hechos de cinco antiguos altos cargos de la Consejería de Empleo

La pieza de Acyco será la primera que se eleve a enjuiciamiento con intrusos entre los encausados. Se trata de Andrés Carrasco, antiguo churrero de la localidad sevillana de El Pedroso e incluido en el ERE de esta cooperativa pese a no haber trabajado nunca en esta empresa. El requisito que cumplía era haber sido «amigo de la infancia» de Javier Guerrero, vecino y ex alcalde de este pueblo de 2.500 habitantes de la Sierra Norte de Sevilla. En total percibió 113.480,72 euros.

Andrés Carrasco no fue el único falso trabajador incluido en este ERE. También se benefició indebidamente de las ayudas Domingo Martínez Castillo, ex alcalde socialista de la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto ya fallecido.

La nómina de encausados en esta pieza separada se completan con el abogado José Miguel Caballero Real y dos representantes de la empresa que intermedió en la contratación de la póliza (Vitalia), el director comercial Antonio Albarracín y el responsable de los cálculos actuariales Jesús Bordallo.