La fiscalía sostiene que Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, y las ex»conselleras» Joana Ortega e Irene Rigau «actuaron en todo momento dispuestos a eludir» la suspensión de la consulta soberanista del 9-N dictada por el Tribunal Constitucional cinco días antes. Por ello, reclama diez años de inhabilitación para el ex presidente y nueve para cada ex «consellera» por desobediencia grave y prevaricación administrativa.

En su escrito de acusación, la fiscalía explica que solo gracias a la instrucción judicial se ha acreditado que los tres estaban detrás de la convocatoria, ya que era «imposible detectar con certeza la intensa utilización de medios públicos» en la preparación y desarrollo de la votación. Los acusados, según el ministerio público, «generaron la apariencia de que las actuaciones administrativas se paralizaban y el proceso quedaba en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no era así».

La preparación de la consulta

La fiscalía relata en su dictamen los procedimientos que los responsables del Govern pusieron en marcha para llevar a cabo la consulta como la creación de una página web, en la que se inscribían los que iban a participar en la votación, la compra de ordenadores, la campaña de publicidad institucional, el envío de información institucional sobre la convocatoria y la contratación de una póliza de seguros para los voluntarios. Estos trabajos, no obstante, fueron encargados a contratistas privados a los que se les pidió discreción.

Por ello, el ministerio público sostiene que Mas «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión del 9-N. Y afirman que «se amparó solo en su voluntad que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad». También le reprocha que se concertara con las otras acusadas «para dejar de truncar la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha»..

El fiscal considera que Mas «desatendió el mandato» del alto tribunal «e incumplió la obligación que como convocante le atañía» de suspender la consulta. Por su parte, Ortega según el escrito de acusación, «coordinó la preparación y el desarrollo» de la consulta y Rigau «puso los medios» para que se llevara a cabo la votación que mayoritariamente se realizó en institutos dependientes de la consejería de Educación que dirigía.

Aviso a Frances Homs

La fiscalía ha eliminado en su escrito el delito de malversación del que fueron acusados los tres en la querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este delito está castigado con penas de cárcel. En su escrito, el ministerio público apunta la responsabilidad en estos hechos del ex consejero de presidencia Francesc Homs que está siendo investigado en el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

El TC y Forcadell

Mientras, en el Tribunal Constitucional (TC) los jueces tienen encima de la mesa una propuesta del magistrado conservador Andrés Ollero de remitir al fiscal la actuación de la presidenta del parlamento catalán, Carmè Forcadell por haber permitido que la mesa de la cámara catalana aprobara la puesta en marcha del proceso de independencia.

El alto tribunal tiene previsto comenzar este martes la discusión sobre esta propuesta, pero lo más probable es que no alcance un acuerdo hasta el jueves.

Los jueces van a discutir esta cuestión después de que no hayan podido alcanzar un acuerdo sobre el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la reforma de la ley del TC que  permite suspender las actividades de los funcionarios y autoridades que no acaten sus resoluciones en el pleno celebrado hace quince días.

Además, el pleno del Tribunal Constitucional tiene que resolver otra demanda presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la decisión del Govern de prohibir las corridas de toros.