La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha acusado al Tribunal Constitucional de pretender que “el hecho de que en un parlamento se debata y se vote sea constitutivo de delito” y ha asegurado que se mantendrá en su determinación de seguir adelante con el proceso independentista. “Hice lo que debía y volvería a hacerlo” ha añadido. Tras asegurar que está “muy tranquila” por su convicción de haber respondido al “mandato democrático” de las urnas, Forcadell ha intentado, sin embargo, rebajar su responsabilidad en el debate y votación de las conclusiones de la comisión sobre la independencia, el pasado julio.

Forcadell ha recriminado al TC que intente «coartar el debate en el Parlament»

“La Mesa sólo ordena el debate, el Pleno es el órgano supremo del Parlament”, ha argumentado. Forcadell ha denunciado además la “falta de separación de poderes y la judicialización de la vida pública” por parte de un gobierno, al que ha acusado de “tener miedo a la democracia”. En este contexto la presidenta del Parlament ha recriminado al TC que intente, a su juicio, “coartar el debate en el Parlament” y a los partidos constitucionalistas que pretendan que sea la propia cámara la que se autocensure, “convirtiendo la Mesa en un Constitucional en miniatura”. Forcadell se refería así al intento de PSC, PP y C’s de evitar que el pleno debata hoy de nuevo la hoja de ruta a la independencia.

Un debate que ha servido a la portavoz y consellera de la Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, para asegurar que también el gobierno de Junts pel Sí (JxS) se mantendrá en la hoja de ruta marcada el 9-N. Munté ha acusado al Estado de “elevar un grado la persecución judicial contra los demócratas” y se ha preguntado irónicamente: “¿Ésta es la España que quiere ayudar a Cataluña?”. Munté ha insistido también en la ausencia de separación de poderes en España.

En el extremo contrario del arco político catalán, el líder del PP, Xavier García Albiol, se ha felicitado porque la decisión del TC demuestra, en su opinión, que “la Justicia en España goza de muy buena salud”, aunque también ha lamentado como una mala noticia que la presidenta del Parlament tenga que explicar su actuación ante los tribunales.

Ovaciones de CUP y Junts pel Sí

Los 72 diputados de JxS y la CUP se han puesto en pie desde sus escaños este jueves en el Parlament para dedicar una ovación a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de pedir a la Fiscalía que estudie si proceder contra ella.

Lo han hecho en la segunda jornada del Debate de Política General, después de que la portavoz de JxS, Marta Rovira, haya dedicado unas palabras de apoyo a la presidenta y haya advertido: «Haremos nuestro trabajo con o sin el permiso del TC o del Gobierno central». Rovira ha defendido el referéndum de independencia anunciado por el presidente, Carles Puigdemont, y avalado por JxSí y la CUP, para decidir «a favor del cambio o de seguir resignados». «Nos parece que la sociedad catalana ha decidido cambiar, cambiar para mejorar. Hemos puesto rumbo al cambio», ha concluido la también secretaria general de ERC.

Andrea Levy arremete contra Forcadell por su «sonrisa de desobediencia»

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha arremetido contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por recibir con «una sonrisa de desobediencia» la decisión del Tribunal Constitucional de pedir al fiscal que actúe contra ella por no acatar sus resoluciones. Con esa «sonrisa», ha dicho Levy, Forcadell se reafirma en su «desprecio» a la democracia y al marco constitucional, pero el Gobierno -ha subrayado- velará por garantizar el cumplimiento de la ley y de la Justicia, que es «la misma» en Cataluña que en el resto de España.

Igual que «es la misma» para la presidenta del Parlament que para el resto de los ciudadanos, ha subrayado Levy, que ha pedido a Forcadell que cese en su «irresponsabilidad» de poner la institución que representa «al servicio de la independencia». «Debería saber que representa al conjunto de los catalanes» y que está obligada a respetar la ley, afirmando además que ninguna ideología puede suponer un «atropello» contra el Estado de derecho.