El juez del caso ERE ha cerrado la instrucción de la primera pieza en la que figura entre los encausados Juan Lanzas, antiguo sindicalista jiennense de UGT y al que se atribuye el papel de conseguidor en la trama. La magistrada Mercedes Alaya lo acusó de cobrar comisiones ilegales por un montante superior a los 13 millones y de incluir a una decena de intrusos en las pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía, entre ellos él mismo.

En un auto fechado el pasado 5 de octubre, el juez Álvaro Martín transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas correspondientes a las ayudas otorgadas por la Administración autonómica al grupo sevillano Surcolor para pagar las indemnizaciones por el despido de 24 empleados -a los que se sumaron dos falsos trabajadores- procesando por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos a 16 personas, entre ellas el ex consejero de Empleo Antonio Ferández y otros cinco ex altos cargos de la Junta. Las acusaciones particulares disponen ahora de un plazo de 15 días para presentar escritos solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Es la primera de las tres piezas separadas cuya investigación se ha dado por terminada -las dos anteriores corresponden a la rama política y a la cooperativa Acyco– en la que es procesado Juan Lanzas, el primer imputado de la causa abierta por Alaya el 19 de enero de 2011 y quien estuvo en prisión preventiva durante siete meses en el año 2013. Un vecino de su pueblo, Albanchez de Mágian (Jaén), envió una carta al juzgado en la que decía que en la localidad que la madre de Lanzas decía que su hijo tenía dinero «para asar una vaca».

Lanzas cobró más de 118.000 euros por lograr que la Junta pagara las indemnizaciones

El juez Álvaro Martín coloca a un paso del banquillo de los acusados al conseguidor de los ERE al considerar que ejerció influencia sobre el ex director general de Trabajo Javier Guerrero para que éste autorizara la formalización de una póliza para 26 trabajadores por un importe total de 2.772.137 euros, con un sobrecoste de 367.000 euros tras aplicarse una comisión del 16,9%. Su intermediación le procuró 118.752,64 euros, que le cobró a la empresa a través de las facturas falsas emitidas por su testaferro -y también procesado en esta pieza- Juan Francisco Algarín Lamela.

No es la única responsabilidad que le atribuye. El instructor también defiende que Lanzas «tuteló» la inclusión en la póliza de dos intrusos, que obtuvieron rentas indebidamente por importe total de 194.415,46 euros.

Los dos falsos trabajadores son José Antonio Márquez Sánchez, concuñado del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y Juan Manuel López Espadas, militante socialista y esposo de una concejal de este partido en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla). El magistrado no pasa por alto el hecho de que desde el fax de la agrupación socialista de Camas se remitiera la vida laboral de López Espadas a la Consejería de Empleo en la que se reflejaba que «nunca» había trabajado para esta empresa.

La vida laboral de uno de los intrusos se envió desde la agrupación del PSOE de Camas

Álvaro Martín considera que, «prevaliéndose de sus relaciones personales, los dos intrusos lograron una cita con el ex director general de Trabajo como paso previo a su inclusión en la póliza formalizada con la aseguradora belga Apra Leven. Durante meses, los falsos prejubilados compaginaron este cobro con prestaciones de subsidio para mayores de 52 años.

En la pieza de Surcolor, el juez también procesa a seis antiguos altos cargos de la Junta, de los que cinco -el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera- ya están encausados en las otras dos piezas cuya instrucción ha terminado. Completan el listado el ex delegado de Empleo Antonio Rivas, los empresarios de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, el testaferro Juan Francisco Algarín Lamela, el abogado Carlos Leal Bonmati, los ex directivos de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y el sindicalista José Hurtado.

Dos exculpados

«(…) Apreciamos una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos», razona el magistrado para justificar la concurrencia de indicios de una actuación malversadora.

Quedan fuera del procedimiento los hasta ahora investigados Juan Francisco Sánchez y Antonio Diz-Lois, ex directores de Finanzas del organismo que materializaba el pago de las ayudas sociolaborales con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles (IFA/IDEA), al considerar que no se ha acreditado que conocieran las irregularidades de las ayudas.