Con 134 años a sus espaldas y 3,7 millones de visitantes sólo el año pasado, la Basílica Sagrada Familia se ha convertido en el icono por excelencia de la ciudad de Barcelona. Su consagración en 2010 por el Papa Benedicto XVI fue seguida en televisión por millones de telespectadores, hasta el punto de que la visita del Santo Padre fue más rentable, en términos publicitarios, que la de Michelle Obama, según la empresa Kantar Media. Y, sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau no había descubierto hasta ahora que las obras de la basílica no cuentan con la preceptiva licencia municipal.

Un extremo que no es cierto. De hecho, en 1882 Antoni Gaudí (Reus, 1852 – Barcelona, 1926) sí cumplió con sus deberes administrativos y pidió la correspondiente licencia de obras a la que entonces era la administración competente en la materia, el Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals. Y, desde entonces, las obras han progresado, especialmente en las últimas décadas gracias al impulso que han supuesto los ingresos derivados del turismo, sin que el Consistorio barcelonés revisara la situación ni el Patronato pagara tasas por ellas. Tras este mutismo subyace el conflicto latente de las expropiaciones de la calle de Mallorca, donde hace cuarenta años se construyeron viviendas sujetas a un convenio que contemplaba su demolición cuando la Sagrada Familia se completara y llegara el momento de urbanizar su entorno para habilitar los accesos monumentales previstos por Gaudí para el Portal de la Gloria.

En 1882 Antoni Gaudí cumplió con sus deberes administrativos y pidió la correspondiente licencia de obras

Ningún Ayuntamiento se ha atrevido a afrontar este problema. Xavier Trias lo resolvió con una comisión de estudios participada por vecinos y Patronato, sin llegar a demasiadas conclusiones. Pero este año el Patronato, en pleno auge del templo, ha anunciado la construcción de las seis últimas torres y la conclusión del templo en 2026 coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Y, a partir de aquí, los plazos empiezan a correr en contra del Consistorio, porque no se trata de un proyecto de urbanización sencillo. Ahora, la alcaldesa Ada Colau anuncia que «se sentará a hablar» con el Patronato de la Sagrada Familia para afrontar esta cuestión, y desde la entidad aseguran su plena disposición a ese diálogo, conscientes de la necesidad de llegar a acuerdos tanto en el terreno de las licencias como en el de la futura urbanización del entorno del templo. Y de cómo se reparten los costes.

De hecho, el último Pleno del Ayuntamiento aprobó, a propuesta del PP y con los únicos votos en contra de la CUP, un plazo de seis meses para que el gobierno municipal presente el proyecto de urbanización del entorno del templo. El líder local del PP, Alberto Fernández, recuerda que el proyecto inicial prevé abrir una avenida desde la calle Mallorca hasta la Avenida Diagonal, lo que afectaría a 88 fincas y urge a afrontar esta cuestión.

Desde la Sagrada Familia son tajantes: se les puede acusar de exceso de celo, pero no de apartarse de las maquetas originales

Y, sobre este conflicto, la polémica mediática con la que tanto gusta entretenerse la política local barcelonesa, esta vez servida en bandeja por el regidor socialista Daniel Módol. El concejal de Arquitectura entretuvo el debate sobre el templo asegurando que se trata de «una gran mona de Pascua» que no sigue el proyecto trazado por Gaudí. Una acusación con la que Módol no hace más que recuperar el viejo enfrentamiento de su más ilustre antecesor, Oriol Bohigas, con el entonces arquitecto de la Sagrada Familia, Jordi Bonet, y el escultor responsable de la Fachada de la Pasión, Josep Maria Subirachs. Desde la Sagrada Familia son tajantes: se les puede acusar de exceso de celo en seguir el proyecto arquitectónico de Gaudí, pero no de lo contrario, puesto que las maquetas creadas por el genio, y que sobrevivieron a la Guerra Civil -no así los planos- han sido fielmente seguidas.