El Partido Popular considera que los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía encausados en la pieza política de los ERE deben responder criminalmente también como autores de un delito de asociación ilícita y solicita una pena de dos años de cárcel para cada procesado, entre ellos el ex presidente Manuel Chaves. A éste, la Fiscalía Anticorrupción sólo había pedido inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

La acusación popular que ejerce el PP ha presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el escrito con el que pide la apertura de juicio oral en la pieza política del caso, en la que están imputados 26 ex altos cargos de la Administración autonómica: todos por un delito continuado de prevaricación y 18 también por malversación, como José Antonio Griñán.

En líneas generales, la formación política que lidera Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía se adhiere al escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción, si bien incorpora dos novedades. Por un lado, entiende que los encausados habrían cometido un delito de asociación ilícita, después de que el juez instructor hubiera razonado en el auto por el que transformó en procedimiento abreviado las diligencias previas que los imputados «concertaron sus actuaciones de un modo expreso o tácito» y que «llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado ‘procedimiento específico'».

El PP sostiene que los 26 procesados actuaron «de manera concertada» durante más de 10 años

«Dicha apreciación judicial es compartida por esta acusación y supone la existencia de una unión y un acuerdo duradero en el tiempo de todos los encausados para llevar a cabo la actividad delictiva», mantiene el PP, que recuerda que la diferencia con la conspiración -atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo- es la «mayor estabilidad» de la asociación ilícita.

La conclusión de esta acusación popular es contundente: «En el seno de la Junta de Andalucía se perpetuó la actividad delictiva objeto de esta acusación durante más de 10 años, de manera concertada por todos  los encausados, estableciendo un régimen para el otorgamiento y concesión de subvenciones a empresas y sociolaborales caracterizado por la absoluta arbitrariedad en su distribución, disponiendo de los fondos públicos en beneficio de terceros de forma absolutamente libérrima y caprichosa, de tal forma que se prescindía total y absolutamente del procedimiento establecido y se utilizaban tales fondos en beneficio de empresas y personas cercanas, bien a cargos públicos de la Junta de Andalucía o al propio PSOE».

Por el delito de asociación ilícita, esta acusación popular pide una pena de dos años de prisión, una multa de 20 meses a razón de 60 euros diarios e inhabilitación absoluta un plazo de de 12 años. El PP comparte con la Fiscalía la petición de penas de cárcel por el delito de malversación (entre ocho y seis años, según la responsabilidad en los hechos del encausado), solicitando en total ocho años de privación de libertad para José Antonio Griñán.

Los populares elevan el importe del fraude a 1.280 millones, 539 más que Anticorrupción

La otra diferencia con el escrito del Ministerio Público es el importe de la cantidad supuestamente defraudada. El PP la cuantifica en 1.280.463.237,64 euros, suma de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y empresas en crisis con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles entre los años 2000 y 2011. Este montante supera en 62,6 millones al que había calculado la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe de fiscalización, si bien ésta no había sumado la anualidad correspondiente a 2011.

La secretaria general del PP-A, Loles López Gabarro, ha negado este lunes ningún tipo de «afán justiciero» en su escrito de acusación y ha asegurado que tan sólo persiguen «la búsqueda de la verdad y la justicia» a pesar de que «podríamos haber ido más allá». La número dos de los populares andaluces ha calificado de «riguroso, serio y creíble» el escrito, bajo la premisa de tomarse «muy en serio» el que consideran «el mayor caso de fraude en la historia de la democracia de España» y de abstraerse de la rivalidad política.

La Junta «implantó y mantuvo» un sistema para eludir los controles, mantiene esta acusación

A diferencia de lo que mantiene la acusación particular que ejerce en la causa la Junta de Andalucía, el PP defiende en su escrito que el Gobierno andaluz «implantó y mantuvo» entre 2000 y 2011 un procedimiento específico -a raíz del convenio marco firmado el 17 de julio de 2001- cuya finalidad era «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas».

Ello posibilitó, según esta acusación, que se dispusiera de decenas de millones de euros cada año «con fines distintos a los propios de las ayudas a empresas y personas», que se otorgasen a entidades y empresas «que no reunían presupuestos para acceder a las mismas», que se colaran intrusos en los ERE  y que se abonaran sobrecomisiones a las compañías que, «sin justificación ni criterio», intermediaban con las aseguradoras para la formalización de las pólizas de prejubilaciones.

‘Caja pagadora’

En este sentido, el PP recuerda que el «mecanismo fundamental de elusión del sistema ordinario de disposición» consistió en emplear al extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a su heredera la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como ‘cajas pagadoras’ de las ayudas que previamente concedía la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social -dependiente de la Consejería de Empleo- con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles y que le allegaba a través de transferencias de financiación.

Compartiendo la tesis que han mantenido los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el mecanismo de las transferencias de financiación «no debió ser utilizado» para tramitar las subvenciones sociolaborales, por cuanto la recepción de fondos y su pago posterior «no suponen ni ingreso ni gasto para la empresa». En consecuencia, ambas operaciones quedan al margen de su cuenta de pérdidas y ganancias.

«En definitiva, se suprimía el control sobre la concesión de ayuda o subvención, que no se residenciaba ni en la Consejería, que se limitaba a controlar una transferencia de financiación, ni en IFA-IDEA, que controlaba una orden de pago de la propia consejería, sin que se examinase en ningún caso el expediente que debía soportar la concesión», argumenta.

Borradores de decreto

El PP recuerda en su escrito cómo el Gobierno de Manuel Chaves, «consciente» de la necesidad de dotarse de unas normas reguladoras que dieran «el carácter de reglada a las mismas», llegó a redactar varios borradores de decreto que llegaron a analizarse en la reunión semana de viceconsejeros pero que nunca llegaron a aprobarse. Mas al contrario, «con total conocimiento de su ilegal finalidad», José Antonio Viera y Antonio Fernández -entonces consejero y viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico- firmaron el convenio marco de 17 de julio de 2001 que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles y que se sitúa en el origen del fraude.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP y Manos Limpias han presentado escritos de acusaciones contra los 26 ex altos cargos procesados por el juez de apoyo Álvaro Martín en la pieza clave del caso ERE, en la que se dilucida la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado durante una década para la concesión de ayudas a prejubilados y empresas en crisis. La Junta de Andalucía, que ejercer la acusación particular, ha pedido el archivo de esta rama al considerar que los hechos investigados no revisten carácter de delito y no ha quedado acreditada la existencia de una «trama criminal».