Les separará un no de rechazo en la inminente investidura, cuatro años de indiferencia y frialdad en la relación entre presidentes y una afrenta en el recién constituido Parlamento Vasco. Pero no hay nada que el dinero no pueda curar o hacer olvidar. No al menos en política. Y si a ello se suma la situación de necesidad de unos y de oportunidad de otros, el círculo avanza hacia la cuadratura. Es la que tienen sobre la mesa el PP y el PNV y que sus direcciones comenzarán a trabajar próximamente, en especial una vez completada la investidura de Mariano Rajoy, desbloqueada ayer por el PSOE. El siguiente reto es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2017 y para los que el PP necesitará nuevas alianzas. Descartado un respaldo de los socialistas, en Génova tienen la mirada puesta en el Grupo Vasco. Existe margen y un amplio abanico de opciones para poder granjearse la complicidad de los nacionalistas para sacar adelante las primeras cuentas del próximo gobierno en minoría de Rajoy. Y una de las claves, que no la única, será económica: las desavenencias en la liquidación con el Estado del Cupo vasco y que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu cifra ya en 1.400 millones de euros.

En Sabin Etxea hace tiempo que decidieron que no apoyarían la investidura de Rajoy. Ni por activa ni por pasiva. El ‘no es no’ del PNV no se moverá hasta entonces. Pero al día siguiente de la investidura los nacionalistas volverán a sacar a relucir su pragmatismo y a enfriar el rechazo frontal a Rajoy para exprimir la oportunidad que se les presenta: rentabilizar su debilidad. Y para ello, la inminente negociación presupuestaria, y en la que los cinco votos del PNV pueden ser esenciales, se antoja una oportunidad que no se puede dejar escapar. El PNV ya lo hizo con los últimos presupuestos de Zapatero, los de 2011, cuando acordó apoyarlos a cambio de una veintena de transferencias –entre ellas las políticas activas de empleo-, 112 millones de euros en inversiones, impulsar el Tren de Alta Velocidad o la presencia de Euskadi en la delegación del Ecofín, entre otras compensaciones.  Años atrás, en 1996, el propio Xabier Arzalluz obtuvo un importante botín, esta vez tras pactar el acuerdo de Gobierno con Aznar, en forma de mejoras en el Concierto Económico, la devolución de patrimonio histórico incautado o transferencias del Estatuto de Gernika.

La agenda vasca

Ahora la oportunidad se repite. La llamada ‘agenda vasca’ que los nacionalistas ya remitieron al candidato Pedro Sánchez e incluso al propio Rajoy durante su intento de investidura anterior incluye una retahíla de reclamaciones que van desde la cesión de la política penitenciaria hasta la gestión económica de la seguridad social, la retirada de los recursos de inconstitucionalidad de leyes vascas o la oficialidad de las selecciones vascas.

La política penitenciaria será uno de los aspectos más espinosos de la negociación

Sin duda la política penitenciaria será uno de los aspectos más espinosos de la negociación. El PNV se basará en el cumplimiento del Estatuto de Gernika para exigirlo. Lo acompañará con otra reclamación controvertida para el PP, acelerar el final de la dispersión de los presos de ETA en cárceles alejadas de Euskadi y con el compromiso oficial de apoyar desde el Gobierno de España el ‘proceso de Paz y Convivencia’ iniciado en Euskadi.

En el PP la disposición a negociar es una necesidad y una urgencia. Es en materia económica donde existe mayor margen de acercamiento con los nacionalistas vascos. Dar salida a las desavenencias del Cupo, enquistadas desde 2007, son una prioridad para el PNV. Se trata de desavenencias acumuladas sobre el coste que debe asumir la administración vasca en la financiación de las competencias del Estado no transferidas a Euskadi como los gastos militares, la Casa real, las embajadas, etc. Cada cinco años ambas administraciones revisan el porcentaje que corresponde al País Vasco para soportar esas competencias y que según la última Ley Quinquenal, -que data de 2011-, es del 6,24%. La norma que debe actualizar esa aportación continúa prorrogada y sin acuerdo para actualizarse. El PNV considera que se debería rebajar el peso de su financiación de las competencias del Estado del 6,24% actual al 6,14%.

Euskadi también considera que asume costes que no son de su competencia. Por ahora la diferencia ronda los 1.400 millones de euro- cuando Patxi López dejó el Gobierno vasco rondaba los 800-, importe que el ejecutivo de Urkullu insiste en que debe ser reconocido como deuda con las haciendas vascas. La principal diferencia es de carácter tributario por impuestos como el IVA o determinados impuestos especiales, aunque también existen discrepancias en la asunción de costes en el ámbito d la Educación, la Dependencia y, en menor medida, de la Sanidad.

Impulso al Tren de Alta Velocidad.

Otro de los frentes en los que se situará la negociación presupuestaria será el impulso financiero para proyectos que el PNV cree estratégicos y que acumulan retrasos importantes por problemas de financiación que la Administración vasca reclama al Estado. Sobre todos ellos destaca el Tren de Alta Velocidad (TAV), cuya puesta en marcha se ha ido retrasando año tras año, y que por el momento ni siquiera ha logrado definir las fórmulas de acceso a las tres capitales vascas.

La ‘agenda vasca’ del PNV también incluye la cesión de competencias en materia de empleo. Si a Zapatero logró arrebatarle la transferencia de las políticas activas de empleo, el PNV reclama ahora la gestión económica de la Seguridad Social en Euskadi, con el horizonte puesto en la definición futura de un sistema propio. Una aspiración que desde el PP se considera que será complicado ceder porque supondría la ruptura de la caja única.

Pero aprobar los presupuestos de 2017 con el respaldo del PNV puede requerir otro tipo de concesiones más allá de las meramente económicas. La formación que preside Andoni Ortuzar y el Gobierno que lidera Iñigo Urkullu quiere que el Ejecutivo de Rajoy dé nuevos pasos en política penitenciaria y en la gestión del nuevo tiempo sin ETA. En el primer caso, en la factura nacionalista volverá a figurar la cesión de la competencia de prisiones. El PNV siempre recuerda que la competencia figura en el Estatuto de Gernika y que 37 años después continúa incumplida. A ello sumará la exigencia de acabar con la política de dispersión de los pesos de ETA. Una reclamación sobre la que el PP ha ido moderando su resistencia inicial y que ya el ministro de Interior en Funciones, Jorge Fernández Díaz condicionó hacer un par de semanas a la disolución de ETA.

‘Nuevo Estatus’, lejos del acuerdo

Donde el margen de acercamiento se estrecha sobremanera es en lo relativo al autogobierno y la identidad. El PNV incorpora en su agenda vasca de negociación el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, en particular de la Nación vasca. El PNV ha situado como uno de sus principales objetivos para el mandato que ahora se inicia la definición y acuerdo de un nuevo estatus jurídico-político de Euskadi en su relación con España. Urkullu defiende que deberá hacerse de modo acordado y “con seguridad jurídica” y con un proceso que incluirá una consulta a la ciudadanía “legal y pactada” con el Estado antes de su aprobación definitiva. En este apartado, la lista de reclamaciones del PNV incorpora incluso la “adecuación” de la presencia de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional al nuevo tiempo sin ETA, para favorecer así la implantación de la Ertzaintza como la policía “integral” de Euskadi.

La primera labor en el proceso de negociación será enfriar la tensión

En el proceso de negociación que ahora se inicie la primera labor deberá ser enfriar la tensión. En los últimos cuatro años de mayoría absoluta del PP, el Gobierno vasco de Urkullu ha visto cómo sus reclamaciones eran desoídas e incluso cómo la relación con Rajoy pasaba de prometedora a inexistente. Los sucesivos recursos presentados contra normas y leyes aprobadas por el Gobierno vasco, hasta rondar la treintena durante la última legislatura, -alguna contra leyes importantes en Euskadi como la Ley Municipal, la Ley de Vivienda o la Ley de Adicciones-. Recursos cuya retirada se podría contemplar por el PP como ya se hizo en negociaciones anteriores con otras formaciones.

Tanto Urkullu como Ortuzar han mostrado su disposición al diálogo “sin vetos ni líneas rojas”. Incluso su deseo de dotar de “estabilidad” al futuro Gobierno de Rajoy una vez conformado. Será la fase de negociación presupuestaria la oportunidad para demostrarlo. El Gobierno del PP deberá equilibrar bien su cesión para no chocar con las resistencias de Ciudadanos, el otro aliado clave para aprobar las cuentas, y que se ha mostrado muy crítico con las reclamaciones nacionalistas. Las relaciones del PNV y el PP se complicaron cuando Rajoy y Rivera alcanzaron el acuerdo de gobernabilidad y se volvió a tensar la semana pasada después de que un acuerdo del PNV y el PSE dejará fuera de la Mesa del Parlamento Vasco al PP, “tendrá consecuencias”, advirtió el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.