El conseller de Territorio de la Generalitat, Josep Rull, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Fomento y Adif en la Audiencia Nacional, por los incumplimientos del Gestor de Infraestructuras del Estado en las inversiones comprometidas en el sistema de Rodalies. La denuncia, con la que el Gobierno catalán venía amenazando, se hará efectiva este viernes.

Rull ha hecho este anuncio en un acto multitudinario con el que Generalitat, responsables locales y representantes de diversas asociaciones de usuarios han querido hacer una demostración de unidad y fuerza a favor de la reivindicación. Por eso, el acto presidido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha contado con la presencia estelar de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los presidentes de las dos principales asociaciones municipalistas, la Associació de Municipis ACM –de mayoría soberanista- y la Federació de Municipis (FMC), de mayoría socialista.

En el Salón de Actos del Palau de la Generalitat estaban también los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas, y alcaldes de toda la geografía catalana. Sin olvidar las principales entidades independentistas, Omnium, Assamblea Nacional Catalana (ANC) y la Associació de Municipis per la Independencia (AMI), no en vano el déficit de infraestructuras es una de las denuncias recurrentes en las que se basa el argumentario independentista, junto al de la discriminación en el sistema de financiación autonómica.

‘Ha acabado el tiempo de la comprensión’

El presidente de la Generalitat ha cerrado el acto advirtiendo de que “ha acabado el tiempo de la comprensión” hacia los incumplimientos del Estado y ha exigido a la Justicia “celeridad, independencia y defensa del bien común”, aunque ha puesto en duda que la Audiencia Nacional pueda hacer gala de esas virtudes. Puigdemont ha lamentado que el traspaso de Rodalies, pactado por los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, se limitó en la práctica a la capacidad de decidir horarios por parte de la Generalitat y ha señalado que sin la titularidad sobre las infraestructuras y los trenes no puede mejorar el servicio.

Rull, por su parte, ha recordado que ese traspaso iba acompañado por un compromiso de inversión de 4.000 millones suscrito por el entonces ministro José Blanco, del que sólo se ha hecho efectivo un 10%. Y se ha referido también al último acuerdo alcanzado con la ministra Ana Pastor para la mejora de Rodalies, con una promesa de inversión de 400 millones en 2015, del que sólo se ha ejecutado un 4,2%.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las administraciones catalanas ha sido, en este contexto, la respuesta de Adif a un requerimiento de la Generalitat –en el que recordaba los acuerdos de inversión alcanzados por Pastor y Santi Vila- que no le afectan los acuerdos políticos sobre inversiones a los que llegaron con Fomento. Una respuesta que se ha convertido en una arma arrojadiza en manos de las entidades soberanistas, en una comunidad en la que, sólo este año, ha visto incidencias como el incendio de un túnel que afecto a 100.000 pasajeros en Barcelona o cómo este verano los pasajeros debían abandonar el tren para seguir la vía a pie en Tarragona por una avería eléctrica.