La Junta de Andalucía ha aceptado que un abogado de su gabinete jurídico asuma la defensa del ex consejero Francisco Vallejo en una pieza del caso Invercaria, en el que la Administración autonómica ejerce la acusación particular a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

La autorización la libró el pasado 4 de julio el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, después de que el ex titular de Innovación, Ciencia y Empresa fuera citado a declarar por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la pieza separada en la que se investiga la ayuda de 1.180.000 euros concedida por la sociedad de capital riesgo de la Junta a la empresa Servivation.

El ex consejero entiende que, en su caso, concurre la premisa que establece el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y del Cuerpo de Letrados de la Junta en su artículo 92.1 d para que la Administración asuma la defensa de su personal: «Los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por la persona titular de la Consejería de quien dependa el afectado». Ese informe preceptivo fue emitido el pasado 1 de julio.

El abogado de la Junta ya ha solicitado su personación al juez que instruye la causa

Invocando el principio de presunción de inocencia y con el visto bueno del gabinete jurídico, el departamento que dirige Sánchez Maldonado ha accedido a la petición de Francisco Vallejo. De hecho, el abogado José Luis Pérez Pastor ha solicitado ya la personación en el juzgado en nombre del ex consejero, concretamente el pasado 6 de octubre.

Ha sido cuando el juez ha dado traslado a las partes para que aleguen cuando se ha conocido la decisión de la Administración autonómica de que sean sus servicios jurídicos los que asuman a partir de ahora la defensa de Vallejo, hasta ahora dirigida por dos reputados penalistas del bufete sevillano Montero & Aramburu (José Manuel García-Quílez y Encarnación Molino).

El caso de Vallejo supone una novedad respecto a la actuación que ha mantenido la Administración autonómica en relación a la defensa jurídica de sus altos cargos implicados en casos de corrupción. El Ejecutivo que preside Susana Díaz siempre ha mantenido que sólo correría con el gasto de abogado si el imputado resultaba absuelto.

El PP dice que es una «aberración jurídica» y que se da un «trato de favor» al antiguo alto cargo

El PP, que ejerce la acusación popular en el caso Invercaria, ya se ha opuesto a esta designación al entender que es improcedente. Esta formación entiende que Vallejo no tiene derecho a que se le pague el abogado «por la existencia de indicios de criminalidad» contra él, al tiempo que considera que la admisión de la defensa por parte del juez instructor sería un «trato de privilegio para el justiciable» por la utilización de «dinero público para fines discriminatorios con el resto de los acusados».

La aceptación de la personación encerraría una aparente contradicción procesal. La Junta defiende a un imputado a la vez que uno de sus organismos -la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio- ejerce la acusación particular en el caso como perjudicada por el uso presuntamente irregular de los fondos concedidos por Invercaria y que el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla investiga desde 2012. El caso se ha desgajado en piezas separadas y acumula ya decenas de imputados.

«Resulta improcedente la dualidad de postura procesal en una misma causa. No olvidemos que la Agencia [IDEA] es la propia Consejería e Invercaria un instrumento de ambas, luego en qué principio cabe que se personen con dualidad de cualidad procesal: defensa por un lado y acusación por otro», razona en el escrito presentado ante el juzgado el abogado del PP, que califica la situación como una «aberración jurídica».

Otro imputado dice que la decisión de apoyar a esta empresa fue del alto cargo que ha pedido abogado

Esta acusación advierte al juez de una posible «nulidad de actuaciones» por vulneración al derecho de la tutela judicial efectiva del ex consejero de Innovación si admite la personación de un letrado «que tiene la obligación de informarle a quien le paga si su defendido puede ser culpable». «Si la cuestión es la imposibilidad de atender los honorarios de un letrado particular existe el turno de oficio con magníficos profesionales para el ejercicio de su derecho de defensa», añade.

En la pieza relativa a Servivation existen indicios que incriminan a Francisco Vallejo, fundamentalmente la declaración del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sahuquillo. Éste aseguró que la operación para apoyar desde esta empresa pública de la Junta a Servivation fue a instancia del consejero y que el estudio de la operación ya le llegó hecho desde la Agencia IDEA.

«Resulta incongruente que cuando el poder judicial presuntamente califica la actuación del investigado como autor de un delito de malversación de caudales públicos, cuando el bien jurídico protegido es precisamente el interés general y bien común del patrimonio de la Administración, sea ésta precisamente la que se haga cargo de la defensa del presunto autor del delito, destacando los indicios existentes», añade el escrito del PP.

«Qué teme el PSOE»

El vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha reconocido este martes que la Junta se hará cargo de la defensa de Vallejo y ha asegurado que el Gobierno andaluz se ha acogido a lo que han resuelto sus servicios jurídicos. «Como ustedes saben, son el único cuerpo autonómo de la Administración», ha declarado.

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Loles López, criticó duramente que la Junta designe abogado al ex consejero de Innovación cuando éste reconoció en su declaración judicial que en el expediente de Servivation no hubo plan de negocio, ni propuesta de inversión, ni análisis por parte del personal técnico de Invercaria. «Qué sabe el señor Vallejo y qué teme el PSOE para haber hecho esta argucia y disparate jurídico», ha censurado.