«El conseller de Interior, Jordi Jané, no ha actuado con la excepcionalidad que requiere el momento», ha advertido hoy Benet Salellas, portavoz de la CUP en el Parlament -y abogado de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós- durante la sesión de control al presidente de la Generalitat. Salellas ha exigido que el Govern se ponga del lado de los encausados por causas relacionadas con el proceso independentista y ha lamentado que la detención de su defendida el pasado viernes «no se corresponde con la declaración del Parlament en defensa de los cargos electos ante la injusticia del Estado Español». Y lo ha hecho después de que otro portavoz de la CUP, Joan Garriga, acusara a Jané de poner a los Mossos d’Esquadra a las órdenes de los intereses privados «relacionados con la extrema derecha europea» por participar en el desalojo de una vivienda ocupada en Barcelona atendiendo a la denuncia del propietario.

Mientras el vicepresidente y titular de Economía, el republicano Oriol Junqueras, calla y apuesta por un perfil plano en su negociación de los presupuestos de la Generalitat con la CUP, los antisistema han vuelto a elevar la presión sobre el presidente de la Generalitat y su conseller de Interior, ambos de la antigua Convergència, por su gestión de la policía autonómica. Carles Puigdemont ha defendido la gestión de Jané, y éste ha recordado el papel de los Mossos d’Esquadra como policía «nacional de Cataluña» ante los antisistema. Poco después, el portavoz de JxS, el también ex convergente Jordi Turull, ha proclamado «la determinación de JxS» para llevar a buen puerto la resolución del 9 de noviembre de 2015 que marcaba el camino hacia la proclamación de la independencia.

Todo un esfuerzo colectivo del nacionalismo para desvincularse de una detención que Turull ha atruido a las «malas artes» del Estado Español y en la que Puigdemont ha visto la demostración de que la Generalitat «se aleja de la tentación de meter la mano política en la Justicia», como a su juicio hace el Gobierno. Las intervenciones gubernamentales se han hecho con tanto tiento para no molestar a la CUP que ni siquiera han recibido el aplauso de las filas de JxS que cierra la mayoría de las intervenciones del president.

El presidente ausente

Puigdemont también ha tenido que hacer frente a las acusaciones tanto de C’s como del PSC de incumplimiento de sus obligaciones por no acudir a la Conferencia de Presidentes autonómicos anunciada por el Gobierno. El socialista Miquel Iceta le ha llegado a leer la Ley del Govern, en la que se explicitan sus deberes como representante de la Generalitat y le ha advertido de que «usted no tiene derecho a dejar a Cataluña sin voz». Inés Arrimadas, por su parte, le ha tachado de ser «el presidente ausente de un gobierno inexistente» y ha defendido el esfuerzo de Ciudadanos para impulsar acuerdos con el Gobierno «para que los catalanes sigan liderando las reformas que España necesita a pesar de ustedes».

Unas críticas a las que Puigdemont ha respondido con la advertencia de que la Generalitat no entrara en ninguna negociación sobre el modelo de financiación: en primer lugar, porque ya se encuentra en una etapa «posautonómica», y, en segundo lugar, porque a su juicio la mejor manera de defender los intereses de Cataluña es exigir primero que «el Gobierno pague todo lo que queda pendiente del sistema ya caducado».