La fiscalía ha pedido el archivo de ‘el caso de los espías’ de la Comunidad de Madrid solo unos días después de que el Gobierno regional admitiera la existencia de seguimientos policiales al ex vicepresidente Alfredo Prada y al ex vicealcalde Manuel Cobo cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad. El ministerio público sostiene que no se puede cuantificar «la cantidad presuntamente malversada», ya que los teléfonos y los coches que se emplearon en estos seguimientos pudieron ser utilizados por los seis acusados durante sus trabajos como responsables de seguridad de la Comunidad de Madrid.

Este caso se inició en el 2009 tras una denuncia de Cobo y ha sido archivado en tres ocasiones. Ahora, la juez ha decidido sentar en el banquillo al  ex director de seguridad de la consejería de presidencia de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, a su segundo en estas labores, Miguel Castaño, y a otras cuatro personas, entre ellas, el guardia civil José Luis Caro, que ha sido investigado por haber avisado a Francisco Granados de ‘el caso Púnica’.

Rebate a las otras acusaciones

El escrito de la fiscalía de Madrid se centra en desacreditar las conclusiones de las otras acusaciones entre ellas la de la Comunidad de Madrid que actúa como perjudicada. Por ello, da por buena su versión de que ambos políticos del PP fueron objeto de «seguimientos»  policiales entre marzo y mayo del 2008. También que los acusados utilizaron «vehículos, cámaras y teléfonos móviles corporativos, propiedad» del Gobierno regional y que durante estas actividades «percibieron nóminas y dietas». Sin embargo, acto seguido niega estos seguimientos y asegura que en este caso solo ha habido «coincidencias».

El ministerio público no da valor a los 21 partes de seguimiento realizados por los acusados porque «se desconoce su origen». Y asegura que «se han detectado coincidencias entre el posicionamiento» de los teléfonos de los investigados «con el contenido de los partes».

Sin embargo, en su escrito explica que debido a que los hechos han ocurrido en Madrid no se puede acreditar que estos «posicionamientos puedan corresponderse con la verdadera ubicación de los poseedores de los teléfonos», ya que los lugares coinciden con «la ubicación de consejerías y de otros edificios oficiales».

El fiscal no sabe el tiempo empleado en el espionaje

Asimismo, la fiscalía señala que no es posible diferenciar «el tiempo de la jornada laboral» de los acusados «dedicado» a estos seguimientos «sin descartar que incluso los pudieran haber realizado al margen de su jornada laboral». El fiscal tampoco ha podido concretar si los investigados han utilizado los coches oficiales solo para estas actividades o las hacían coincidir «con otros traslados necesarios». Lo mismo ocurre con el uso de los teléfonos porque el ministerio público desconoce si se emplearon «para el funcionamiento del servicio de seguridad o se dedicaron a cuestiones ajenas».

Por ello, rechaza que los investigados hayan podido cometer un delito de malversación de caudales públicos. Y a mayor abundamiento afirma que en cualquier caso «no existe ninguna evidencia» de que los acusaos «hayan participado en los seguimientos».

Otras peticiones

La Abogacía de la Comunidad de Madrid mantiene una posición radicalmente contraria y ha reclamado tres años de cárcel para Gamón y su segundo y un año de cárcel para el resto de los acusados.

Estos seguimientos se llevaron a cabo durante la guerra interna en el PP tras la segunda derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 2008. Prada y Cobo se colocaron en el banco del actual presidente del Gobierno cuando Esperanza Aguirre sopesaba hacerse con las riendas del partido.