Tras cuatro años de mayoría absoluta, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a varios de los mayores retos vividos en la España democrática, sustentado en el respaldo parlamentario más débil de todo este período. Por eso inciden tanto el presidente como sus ministros en la necesidad de un «diálogo» sin el cual se ciegan los caminos para atajar problemas, algunos, de urgencia absoluta.

El desafío secesionista en Cataluña, la menguante hucha de las pensiones, la amenaza del terrorismo internacional o la paralización de las leyes educativas son los retos que definirán el legado del segundo mandato popular, para bien o para mal. El Independiente ha contactado con expertos en todas estas materias, pertenecientes a la sociedad civil, para recabar sus expectativas sobre la legislatura inaugurada de forma solemne el pasado jueves en el Congreso de los Diputados.

Política exterior

Pese a la delicada situación política interna, el mundo exige al Gobierno español mirar hacia fuera. El Reino Unido avanza hacia su desconexión de la Unión Europea, la llegada de Donald Trump al poder amenaza con desequilibrar las relaciones transoceánicas y el terrorismo yihadista persiste como amenaza global. ¿Qué papel puede jugar España en el enrevesado panorama internacional?

«La política exterior depende en buena parte de los impulsos del presidente, y los dos últimos, tanto Zapatero como Rajoy, no han mostrado mucho interés en ella», afirma el periodista y escritor Ignacio Cembrero, autor del recién publicado libro La España de Alá y corresponsal en África y Oriente Medio durante más de tres décadas. No obstante, Cembrero analiza que el nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores de Alfonso Dastis, ex representante permanente de España ante la Unión Europea, tiene un marcado carácter estratégico: «Es un funcionario y eso da siempre un perfil muy bajo. Sabe de lo que sabe, lo que da muestra de que Europa es el reto».

De cómo gestione España su papel en las negociaciones para articular el Brexit dependerá el legado en política exterior de Mariano Rajoy durante estos cuatro años. Cembrero no es optimista: «Existe una carrera por atraer a las empresas con sede en Londres a los países de la Unión», analiza, aunque nuestro país parte en desventaja: «El Gobierno en funciones ha tenido menos margen de actuación para participar en este proceso y gran parte del gato al agua ya se lo han llevado Bélgica y Alemania».

España no ha parado de revalorizarse de cara a Estados Unidos en los últimos años, y no nos hemos dado cuenta»

Es más optimista, sin embargo, al imaginar el rol que España puede jugar en las relaciones con la nueva América de Donald Trump: «España no ha parado de revalorizarse de cara a Estados Unidos en los últimos años, y no nos hemos dado cuenta», explica. «Tenemos más importancia militar», asegura, por el valor estratégico de la Península en el plan de futuro norteamericano, que pasa por reforzar su presencia en África a través del mando AFRICOM, con sede oficial en Stuttgart, pero con base permanente en Morón de la Frontera desde el año pasado.

Y esto, pese a que Trump ha repetido insistentemente en campaña que los Estados Unidos no pagarán por la defensa de sus aliados, no debería peligrar bajo el mandato del magnate republicano: «Las tropas americanas en España no están aquí para la defensa de Europa, sino con una proyección africana».

La inestabilidad al sur del Mediterráneo, sin embargo, no sólo preocupa en Washington. También en España que, según Cembrero, debe mirar con recelo la posible desestabilización de Argelia, que puede «convertir al país en un exportador de inmigrantes» y, especialmente, las rutas con origen en Libia: «Existe el temor de que la inmigración que sale de allí, y que actualmente se dirige a Italia, empiece a hacerlo a las costas españolas».

Terrorismo

También con preocupación, aunque más relativa, observará España la amenaza del terrorismo internacional. «Cuando hablas con policías sobre el terreno, a todo el mundo le parece una exageración el nivel 4 de alerta. El 3 basta y sobra», explica Cembrero, experto en la materia, que asegura que la situación de España respecto a este problema es «globalmente privilegiada». «En Francia, desde noviembre se han intervenido 600 armas de fuego, 80 de ellas de guerra. En España, sólo una pistola en Ceuta de los años 20, casi una pieza de museo», detalla para comparar las amenazas.

En este sentido, pone el foco en la «cooperación» y resta importancia a las posibles consecuencias de la guerra contra el Estado Islámico en Siria e Irak a la que, habitualmente, se ha valorado que los integristas podrían responder reforzando sus ataques en el exterior. «Ya les gustaría. Si hubiesen podido, con el inicio de la ofensiva en Mosul o Raqqa, ya habrían respondido», afirma, e insiste en la misma idea: «No tienen capacidad. Si pueden, lo harán, pero hasta ahora no han podido».

El objetivo debe ser el fin efectivo de ETA, sin concesiones, sin abrir las cárceles ni hacer ver que aquí no ha pasado nada»

En materia terrorista, sin embargo, el principal reto del segundo mandato de Mariano Rajoy será lidiar con el lento proceso de desaparición definitiva de ETA. «El objetivo en cuatro años debe ser su fin efectivo, sin concesiones, sin abrir las cárceles y sin hacer ver que aquí no ha pasado nada», desgrana Alfonso Sánchez, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El ex guardia civil imagina un escenario ideal en el que los terroristas «entreguen las armas, pidan perdón y colaboren con la justicia para esclarecer los crímenes sin resolver». Y va más allá: «Una aplicación efectiva de la ley de partidos para que no veamos en las instituciones a los amigos de ETA».

Un escenario ideal que, no obstante, considera poco realista pese a la buena estima en la que tiene al nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: “Es difícil y más cuando Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, ha permitido la situación actual” en la que, opina, “se legitima y se blanquea el pasado de los asesinos”.

El reto es luchar esa batalla de la memoria y, al mismo tiempo, combatir la propagación de la violencia callejera, reflejada en sucesos como el de Alsasua, que en la AVT valoran como una preocupante tendencia favorecida por las circunstancias sociales: “El desempleo, la incultura…Está prendiendo en un cierto sector de la juventud esa llama de la violencia callejera como forma de reivindicación”. Un problema “grave”, para el que Sánchez reclama “estudio” y “medios”, tanto policiales como educativos.

Economía

La legislatura que afronta el Gobierno de Mariano Rajoy planteará también importantes retos económicos, desde salvar los Presupuestos anuales y reducir el déficit público mientras se mantiene la senda de recuperación y creación de empleo, hasta encontrar una solución de permanencia a los problemas de solvencia de la Seguridad Social.

“Es necesario equilibrar el déficit público, ya que todavía tenemos un alto nivel de endeudamiento”, prioriza como la mayoría de los expertos la coordinadora del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Almudena Semur. En opinión del economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, el crecimiento económico permitirá llevar a cabo parte de este ajuste fiscal en 2016 y 2017, con lo que el Gobierno solo debería preocuparse de llevar a cabo un mayor control del gasto.

No obstante, avisa de que, para ello, habrá que compensar la ralentización de los vientos de cola. En este punto, se abre una disyuntiva entre los agentes económicos que apuestan por mantener la agenda reformista y la de aquellos que abogan directamente por una política salarial expansiva que impulse la demanda. En este apartado también entran en juego los impuestos, que Rajoy ha utilizado, bajadas mediante, como un arma de expansión económica, y que estará en el centro del debate sobre el ajuste fiscal. No obstante, expertos consultados avisan de que el parche de la subida de los anticipos en el Impuesto de Sociedades ha hecho perder credibilidad a España y que el presidente del Gobierno debe trabajar para lograr recuperarla.

El ‘parche’ de la subida de los anticipos en Sociedades ha hecho perder credibilidad a España y Rajoy debe trabajar para lograr recuperarla

Un elemento clave para el afianzamiento de la recuperación es el sector financiero. La debilidad de los márgenes, ante el escenario de tipos en mínimos, representa una amenaza sobre un sector fundamental para la reactivación del crédito en el país. El Gobierno podría verse en la coyuntura de gestionar una nueva ronda de fusiones bancarias para el fortalecimiento del sector. Además, sigue pendiente la privatización de los bancos rescatados durante la crisis. Una posible unión entre Bankia y Banco Mare Nostrum debe ser planteada en vistas a maximizar las opciones de recuperar parte del dinero destinado al saneamiento del sector. “Para el Gobierno es fundamental la gestión de la venta de Bankia, porque será la única vía mediante la que pueda reducir la factura de los rescates”, indica Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB.

La mayoría de los expertos consultados coinciden en la inquietud que introducen el Brexit y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca estadounidense. Sobre éste último, Cardoso avisa de que “puede limitar el impacto positivo de la política monetaria del BCE”, que seguirá siendo a priori una de las muletas de la economía española. En este aspecto, Bernal recalca la importancia de que el banco central logre mantener contenidos los intereses de la deuda y las primas de riesgo. “Con un nivel de deuda como el que hay en España, un encarecimiento de los costes de financiación podría generar muchas complicaciones”, añade.

Finalmente, el debate de fondo será el de las pensiones. El foro, el Pacto de Toledo; las soluciones, principalmente las que lleven más ingresos a las arcas de la Seguridad Social. Rajoy tiene en este sentido la oportunidad de lograr un gran pacto de Estado que aporte estabilidad en medio de un amplio reparto de fuerzas.

Educación

Una situación prácticamente idéntica a la que marcará la negociación de una nueva ley educativa, pese a que todos los grandes partidos concurriesen el 26-J bajo el palio de la necesidad de un pacto de Estado. La idea es común, pero el camino a recorrer ha sido siempre, en este sentido, absolutamente divergente. Con ese pesimismo afronta la legislatura Nicolás Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesores del Estado (ANPE) y miembro del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo en la materia: «Hay muchos actores instalados en el no y en la confrontación. Soy muy escéptico, porque el problema es que nos quedamos en la derogación y nada más».

Aquí se habla siempre de la ideología y de lo secundario. El problema es que nadie cede en su modelo»

Un mal endémico de la política educativa, sometida a constantes vaivenes con cada cambio de Gobierno desde la democracia. «Es necesario un pacto básico de Estado que aporte estabilidad normativa y que acabe con la utilización de la Educación como arma de enfrentamiento político», defiende Fernández. Ése es el escenario ideal, «un modelo estructurado, con una Ley de Financiación y cohesionado, sin devolver competencias, pero con un liderazgo claro e igualdad en la inversión por estudiante entre comunidades autónomas». Sin embargo… «Aquí se habla siempre de la ideología y de lo secundario. El problema es que nadie cede en su modelo».

Fernández, que reclama un Estatuto del Docente que regule definitivamente la situación del profesorado, denuncia que tras las promesas de pacto se esconden modelos propios e inamovibles. «La Lomce es una apuesta fallida porque supone una reforma muy parcial», dice de un lado, pero también del otro: «Los defensores de la Loe y la Logse no dejan que se toque nada. Nadie cede en su modelo, ¿quieren un pacto o una rendición?».

Al presidente de ANPE, que representa a uno de los sindicatos mayoritarios entre el profesorado de enseñanza pública, la paralización de la Lomce escenificada por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos esta semana le parece intrascendente. «El tema no es paralizar una ley, es irresponsable derogar algo si no tienes una alternativa», critica antes de preguntarse: «El próximo 1 de septiembre, ¿qué aplicamos?». Su visión sobre los resultados que producirá la legislatura es sumamente escéptica: «Las cuestiones trascendentes creo que no se van a abordar», opina, aunque pronostica «un pacto mentiroso y descafeinado, que incluya las competencias digitales y los idiomas».

Cataluña

Hacia un pacto, pero más ambicioso, debe avanzar también el actual pulso que mantienen el Gobierno central y la Generalitat, en opinión del secretario general de la patronal catalana Foment, Joan Pujol. «Cuando se pide diálogo es porque se echa en falta», reclama, antes de marcar los tres pilares imprescindibles para solucionar el problema: «Dialogar, negociar y pactar».

Es un mensaje que los empresarios catalanes han transmitido desde el inicio de la crisis soberanista, pero que intensifican más aún ahora, acuciados por la necesidad: «Las empresas necesitamos estabilidad jurídica, normas claras y previsibilidad de los Gobiernos». Nada de eso lo han tenido durante este tiempo, ni siquiera dentro de sus filas, donde varias de las asociaciones que conforman la patronal, integrada a su vez en la CEOE, han virado hacia el soberanismo.

Los procesos serán más largos o más cortos, pero siempre se acaba en un pacto. Lo preocupante es en lo que estamos, la incertidumbre»

Posiciones enconadas, visiones opuestas y choque de trenes. La patronal no cree que sea demasiado tarde para hablar, pese a lo extremo de ambas posturas. «Esto siempre acaba igual. Los procesos serán más largos o más cortos, pero siempre se acaba en un pacto. Lo preocupante es en lo que estamos, la incertidumbre», defiende Pujol, que anima a olvidar la dialéctica de los buenos y los malos para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes, cimentado en un principio básico: la reforma de la financiación autonómica.

«No se puede avanzar nada sin revisar la financiación de todas las comunidades y, por tanto, también de la Generalitat», opina el secretario general de Foment, que abunda en la problemática: «Es una irresponsabilidad política la percepción de que uno recauda y el otro gasta». Entre el tejido empresarial no cabe otro camino que abordar la situación «insólita» que genera la diferencia de inversión por habitante entre comunidades, con Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia a la cola, pero a la cabeza en déficit fiscal: «Si no se va por aquí, no se puede llegar al final. Antes de reformar la Constitución, hay que hacer estas cosas y ver cómo las recibe la ciudadanía, que al final es de lo que se trata».

El final del camino, la reforma de la Constitución, es una meta que requiere de un consenso tan amplio que cuesta imaginar. «Quizá cuatro años no son suficientes», analiza Pujol, aunque… «Nadie es capaz de pronosticar que Rajoy no vaya a aguantar en su posición durante cuatro años o que no vaya a conseguir algo. Visto lo visto…».