El ex diputado del PP Vicente Martínez Pujalte ha defendido este miércoles que la causa en la que figura como investigado por los delitos de falsedad documental y cohecho «no tiene nada que ver con su gestión pública» sino que se trata de un asunto que se limita a «una relación mercantil privada» .

Martínez-Pujalte ha comparecido hoy durante dos horas ante la juez que le investiga a raíz de la denuncia de la Fiscalía por el cobro de trabajos supuestamente inexistentes a través de una empresa de la que era socio junto a la ex senadora del PP Ana Torme, quien previamente denunció los hechos ante el Ministerio Público y que también ha comparecido hoy como investigada.

«Es un asunto privado que no tiene nada que ver con mi gestión pública», ha señalado Martínez-Pujalte al concluir su declaración, de la que no han trascendido detalles. «No se ha hablado nada de mi gestión pública, se trata de una relación mercantil privada», ha remarcado el ex diputado popular. La ex senadora ha comparecido una hora y media ante la juez, si bien tampoco se ha conocido nada del contenido de su declaración. Torme ha abandonado los juzgados de Plaza de Castilla visiblemente emocionada y no ha querido hacer declaraciones a los periodistas.

La Fiscalía de Valladolid abrió diligencias el pasado mayo contra Pujalte y Torme por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, que decidió inhibirse en favor de los juzgados de Madrid al entender que los hechos ocurrieron en la capital de España. El Ministerio Público inició la investigación tras una denuncia previa de la propia ex senadora del PP presentada el 15 de junio de 2015 contra Martínez Pujalte, al que acusa de haberla engañado.

Martínez Pujalte y Ana Torme compaginaban su labor parlamentaria con su dedicación a la empresa de consultoría Sirga XXI, constituida en octubre de 2008, de la que eran socios y a través de la que podrían haber cobrado por trabajos no realizados. Torme abandonó la empresa al venderle su participación en 2011.

Entre las empresas que habrían pagado, además de Construcciones Llorente SA, estarían Scardovi, administrada por el ex diputado del PP Pedro Gómez de la Serna; Karistia, por Gustavo de Arístegui, y Mind Talent, por Alejandro Ballestero. Pero Torme acusa a Pujalte de ocultarle datos sobre las empresas que les pagaban y que pertenecían a algunos de sus amigos del PP. Es más, asegura que ella tenía el convencimiento de que se trataba de firmas regidas por empresarios y no por políticos.

En el mismo procedimiento, el juzgado ha remitido documentación (facturas y encargos) al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que investiga a De la Serna y a De Arístegui por delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal para que se pronuncie sobre si procede citarles en el marco de este procedimiento.