Ciudadanos quiere lucir algunas de sus grandes banderas antes de final de año, y este jueves ha presentado una de las propuestas centrales de las 150 reformas firmadas con el PP: la creación de un organismo para garantizar la independencia en el nombramiento de altos cargos, un asunto reflejado en el punto 108 del acuerdo y que resultó especialmente espinoso durante las negociaciones, siendo uno de los compromisos que más les costó arrancar a los populares. El jueves por la tarde, según han reconocido, se reunirán con Luis de Guindos para debatir el mecanismo, que esperan que pueda tramitarse «lo antes posible».

Luis Garicano, responsable de Economía de C’s, el diputado Toni Roldán y los asesores Elisa de la Nuez y Jesús Alfaro han dado presentado en el Congreso ante los periodistas su propuesta, articulada en la creación de un organismo independiente que se encargue de estos nombramientos: la Comisión Independiente de Nombramientos de Estado. Este órgano estaría compuesto por siete miembros, de los cuales seis serán elegidos por sorteo entre sus colectivos con el objetivo de garantizar la capacitación de los cargos y la despolitización de las elección en unos puestos que serán renovados cada dos años sin posibilidad de prórroga.

La Comisión estará presidida por un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; un consejero permanente del Consejo de Estado; el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF); un catedrático de Universidad que tenga reconocido el número máximo de sexenios de investigación; una persona que haya desempeñado un puesto similar al que sea objeto de informe; una persona que haya ejercicio el cargo de juez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propuesta del Reino de España u otro cargo similar en las instituciones de la Unión Europea a propuesta del Reino de España; y un Letrado de las Cortes Generales, que actuará como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto.

El procedimiento para la elección de estos cargos tendría dos posibilidades. Una de ellas sería que el Gobierno propusiera un candidato para desempeñar la función, que tendría que ser evaluado por la Comisión Independiente de Nombramientos. Este órgano emitiría un informe sobre le cumplimiento de los requisitos legales y de idoneidad y sobre el mérito, capacidad e independencia de éste para el ejercicio del cargo. En el caso de que el informe sea desfavorable, el Gobierno estaría obligado a presentar otro candidato y, en caso de que siga adelante, el informe sería remitido al Congreso antes de la comparecencia del candidato ante la Comisión. La otra vía posible es que el Gobierno, en vez de proponer directamente un candidato, encargue a la Comisión Independiente la selección por convocatoria abierta de entre tres y cinco candidatos, de entre los que el Ejecutivo seleccionaría a uno.

Rivera urge a reformar la Ley Electoral antes de 2017

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este jueves que la subcomisión para el estudio de la reforma electoral en el Congreso se ponga en marcha en diciembre para poder empezar ya a trabajar en una ley que garantice la proporcionalidad y que «todos los votos valgan igual».

Así lo ha planteado Rivera en la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión Constitucional del Congreso, de la que dependerá esa subcomisión que trabajará en una nueva ley electoral, cuya creación fue propuesta por el grupo parlamentario de Ciudadanos en una iniciativa que registró hace unas semanas en el Congreso.

«Después de 40 años hace falta una nueva ley electoral, una ley con listas abiertas para que todos los votos valgan igual», ha subrayado Rivera en declaraciones a los periodistas en el Congreso tras solicitar en la reunión que en diciembre se ponga ya en marcha la subcomisión que estudiará la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Según Rivera, la mesa de la Comisión Constitucional va a decidir sobre la toma en consideración de esa propuesta y espera que salga adelante, ya que ha mostrado que habrá «consenso» puesto que la mayoría de los grupos parlamentarios son partidarios de la reforma electoral. «Yo creo que esta es la legislatura de los cambios; el cambio no ha llegado al Gobierno pero ha llegado al Parlamento y, por eso, Ciudadanos quiere liderar esta reforma de la ley electoral», ha añadido Rivera.

El líder de C’s ha insistido en que espera que en la próxima reunión de la Mesa de la Comisión Constitucional, en la que es portavoz de su grupo, «ponga ya en marcha» esa subcomisión para empezar a debatir cuanto antes esa reforma electoral. Para Rivera es necesario que los grupos empiecen ya a hablar en diciembre de «si queremos listas bloqueadas o desbloqueadas, si queremos que los imputados se puedan sentar o no en un escaño, si queremos que los votos valgan igual en cualquier provincia de España, si queremos una lista o dos listas para votar, en definitiva, la modernización del sistema electoral español».

Otra de las reformas que propone Ciudadanos es la de la Constitución española, aunque en este caso, ha recordado, que el acuerdo de investidura con el PP incluye el estudio de una propuesta de reforma constitucional en una mesa de partidos políticos, como paso previo a que llegue al Parlamento.

Como base de ese estudio, Ciudadanos plantea el informe que elaboró el Consejo de Estado bajo la presidencia de Francisco Rubio Llorente (2004-2012), por encargo del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El informe se limitó a las cuatro modificaciones que proponía el Ejecutivo sobre la definición de las comunidades autónomas, la reforma del Senado, la sucesión a la Corona y la Constitución Europea. Rivera espera poder aglutinar al mayor número de grupos políticos en esa mesa de trabajo: «Creo que este año, 2017, tiene que ser el año que abordemos esta reforma», ha dicho tras destacar que aunque la Constitución ha sido buena durante 40 años, hay que actualizarla y «mejorarla». Para ello, apela a la búsqueda de acuerdo porque, aunque cree que esa reforma debe abordarse en esta legislatura, también admite que no tendría sentido «una reforma de esta naturaleza sin un consenso amplísimo».