El juez ha citado el próximo lunes a las partes para decidir sobre la petición de prisión provisional sin fianza que ha solicitado para el pequeño Nicolás la acusación popular que ejerce Podemos, al apreciar un “altísimo riesgo de fuga” por su capacidad económica y por la elevada pena de cárcel a la que se enfrentará previsiblemente cuando acabe la instrucción de la causa.

En una providencia fechada este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, convoca a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, a su abogado, al Ministerio Fiscal y al resto de partes personadas en la pieza separada en la que se investiga la farsa del viaje a Ribadeo (Lugo) para resolver la petición de medida cautelar de carácter personal que formuló Podemos el pasado lunes. El instructor podría optar por una solución intermedia y retirarle nuevamente el pasaporte al joven y prohibirle abandonar el territorio nacional e incluso decretar prisión provisional eludible bajo fianza.

La citación se produce 48 horas después de que Zamarriego hubiera dado un plazo de cinco días a las acusaciones y a las defensas para que alegaran “lo que a su derecho convenga” tras la petición de Podemos. Lo sorprendente es que también le daba la oportunidad de manifestarse al comando Marcelino como si fuera una parte más en el procedimiento.

Reproducción de la providencia del juez en la que da la opción a la comisión judicial de alegar sobre la petición de Podemos.

Providencia del juez en la que da la opción a la comisión judicial de alegar sobre la petición de Podemos.

La decisión del instructor de escuchar sobre este particular a la comisión judicial asignada al caso que lidera el comisario principal Marcelino Martín-Blas -ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional- ha sido ya combatida por algunas de las defensas, recordando que el proceso penal “no admite más intervinientes” que las partes personadas y el Ministerio Fiscal. Y los investigadores policiales no son parte como tal en un procedimiento penal.

La Policía Judicial está para “auxiliar al juez, no opinar sobre la situación procesal de investigados”

En el recurso de reforma presentado contra la citada providencia, la abogada del periodista que desveló la detención de Gómez Iglesias en el diario digital Información Sensible e imputado en una de las piezas separadas, Carlos Mier, expone que la misión de la Policía Judicial es la de “auxiliar al juez” y, en su caso, al Ministerio Fiscal en la investigación sobre hechos presuntamente delictivos pero “no apoyar ni alegar ni opinar acerca de la situación procesal de los investigados cuando una de las partes acusadoras solicita la prisión provisional”.

Invocando el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta parte considera que el juez Zamarriego se ha saltado un trámite inexcusable: convocar audiencia con la presencia del investigado o encausado, su abogado, el Ministerio Fiscal, las acusaciones y las defensas cuando una parte solicita la prisión provisional. El juez ha convocado hoy mismo esa vistilla.

“Éste es el trámite prescrito por la ley y no está sujeto a opción alguna por parte de los jueces: es preceptivo. Y siendo éste el trámite preceptivo no se ajustaría a Derecho saltarse dicho trámite y, además, hacer partícipe a la Policía Judicial que conforma la denominada comisión judicial en el presente procedimiento”, plantea el recurso de reforma. Y añade: “De lo contrario, no sólo estaríamos ante la innovación de un trámite no dispuesto legalmente -la entrada de la Policía actuante como parte interesada más- sino que se estaría creando indefensión a las partes, sobre todo a las defensas, toda vez que ni siquiera tendríamos claro quién denuncia, quién dirime, quién auxilia… Vamos, que no sabríamos de dónde nos llegan las tesis acusatorias, lo que provocaría que, incluso, cuestionáramos la misma imparcialidad del juez”.

Una defensa dice que, si el juez no rectifica, su imparcialidad quedaría “gravemente cuestionada”

A mayor abundamiento, la defensa de Mier sostiene que esta comisión judicial “no es la más adecuada” para alegar sobre la situación personal de los investigados al entender que actúa movida por su “animadversión” hacia aquéllos. La delegación policial a la que el magistrado Zamarriego confió la investigación de los hechos está formada por dos de los tres funcionarios que participaron sin autorización en una reunión con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) celebrada el 20 de octubre de 2014 que fue grabada y posteriormente difundida por medios de comunicación -objeto de investigación en una de las piezas separada del caso del pequeño Nicolás– y que uno de dichos funcionarios policiales presionó presuntamente a Gómez Iglesias en los pasillos de los juzgados para que confesara quién había realizado dicha grabación a cambio de “otro trato procesal”.

“Ofrecer a la comisión judicial la oportunidad de pronunciarse en relación a la situación personal de Francisco Nicolás Gómez Iglesias y Jorge González Hormigos supondría abrir la puerta a que se cumplan los fundados temores presentidos por estos investigados; al menos no se respetaría la apariencia de imparcialidad que requiere toda decisión judicial. Pues, no olvidemos, si el magistrado ampara y permite este tipo de actuación, su imparcialidad quedaría gravemente cuestionada”, añade.

La acusación popular que ejerce Podemos ha pedido al instructor que, “con carácter de urgencia”, se adopten medidas cautelares personales contra el pequeño Nicolás al entender que podría huir y sustraerse a la acción de la Justicia. Entre los motivos alegados para justificar tal solicitud, esta parte recuerda que el fiscal ha pedido ya siete años de prisión contra el joven en la pieza separada del viaje a Ribadeo por la comisión de delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo y que el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid condenó a Gómez Iglesias el pasado 15 de noviembre a una multa de 4.320 euros como autor de un delito de calumnias con publicidad, por lo que ya tiene antecedentes penales.

“Altísimo riesgo de fuga”

En su escrito, Podemos asegura que existe un “claro riesgo de fuga” por parte del principal imputado por sus “conexiones internacionales y su abultada cuenta corriente”, circunstancias que -sostiene- tal vez desconociera la Audiencia de Madrid cuando el pasado 12 de mayo ordenó al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid devolverle el pasaporte al pequeño Nicolás y levantarle la prohibición de abandonar el territorio nacional, como el magistrado Zamarriego había acordado cautelarmente el 17 de octubre de 2014.

“Además de las causas abiertas, las altas penas que se solicitan, la implicación de agentes de seguridad, la obtención de un DNI con foto no propia -no sabemos si tiene más DNI con identidades falsas-, se debe valorar las grandes cantidades de dinero que en las causas se ha acreditado que maneja el acusado para concretar el altísimo riesgo de fuga que existe para evitar ser juzgado y su más que probable ingreso en prisión para cumplir con una pena alta”, apostilla.