El món ens mira (el mundo nos mira) es una de las frases favoritas de los independentistas cuando justifican las acciones de proselitismo en el extranjero, desde la creación de embajadas catalanas al nombramiento de un equipo de Asuntos Exteriores cada vez más numeroso dentro del Gobierno catalán. En las últimas semanas, efectivamente, el mundo ha mirado hacia Cataluña, y no precisamente para maravillarse por la capacidad de movilización durante una Diada, sino por los conflictos diplomáticos provocados por el Parlament catalán.

En las últimas semanas, el mundo ha mirado hacia Cataluña por sus conflictos diplomáticos

Primero fue el Gobierno francés el que, a principios de este mes, protestó a través de una nota verbal entregada en la Embajada de España en París por lo que considera una intromisión en su soberanía, a raíz de una resolución del Parlament. Y esta semana ha sido el Gobierno de Andorra el que ha presentado una queja formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por una resolución aprobada por el Parlament catalán en la que se equipara al Principado con los paraísos fiscales.

De hecho, el primer ministro del Gobierno andorrano, Toni Martín, ya expresó públicamente su malestar por estas resoluciones, reclamando aclaraciones del Gobierno catalán. Sin embargo, la consejería que lidera Raül Romeva, titular de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, ha confirmado a El Independiente que no se ha producido ningún encuentro con el Ejecutivo andorrano para resolver este conflicto, aunque el titular de Exteriores del país vecino ya dejó claro que utilizaría los cauces institucionales habituales, es decir, el Ministerio de Exteriores, para resolverlo.

Conflicto trasladado a los presupuestos de la Generalitat

El conflicto probablemente se agrave con la aprobación de los presupuestos catalanes si Oriol Junqueras incluye en la Ley de Acompañamiento el texto de la resolución aprobada por el Parlament: «El Parlament de Cataluña insta al Gobierno a exigir a los licitadores, a los adjudicatarios y a los subcontratistas que cumplan rigurosamente la legislación tributaria en países que no tienen normas sobre control de capitales y que son considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, en Andorra o en Mónaco».

El departamento de Romeva, titular también de las medidas de transparencia del Govern en las que se englobaría esta nueva normativa de contratación, remite a la Consejería de Economía la responsabilidad de incluirla en los futuros presupuestos, que necesitan el apoyo de la CUP, impulsora del texto, para salir adelante en el Parlament. Una resolución que obvia los esfuerzos tanto de Andorra como de Mónaco para ajustarse a la normativa fiscal de la Unión Europea y verse fuera del listado de paraísos fiscales que la UE debe publicar el próximo año. «Si se incluye esto en la ley de acompañamiento», advierte la diputada de C’s Susana Beltrán, «el Gobierno será el último responsable de resolver un problema creado a la Generalitat, a los catalanes y al Gobierno».

Atentado contra la soberanía francesa

Además de esta resolución, a instancias de la CUP la coalición gubernamental JxS apoyó un texto en el que el Parlament hace un llamamiento a favor de la autodeterminación «del País Valenciano, las Baleares, la Cataluña Norte y la Franja de Poniente» -es decir, los 87.000 habitantes de Aragón que son catalanoparlantes- y expresa «su apoyo a los movimientos que defienden la lengua y la cultura catalana en Cataluña Norte», es decir, el departamento francés de los Pirineos Orientales. En su queja diplomática, Francia «deplora» la iniciativa parlamentaria, que tacha de atentado contra su soberanía.

El conflicto se repite con otra resolución que pone a Andorra en el punto de mira, esta vez para «prohibir la entrega de galardones deportivos o culturales» a personas que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Cataluña pero que tengan su domicilio fiscal en países considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, Andorra o Mónaco.

Romeva prefiere rendir cuentas al Gobierno

La oposición ha reclamado explicaciones al ejecutivo catalán por estas quejas, que, de momento, no han sido atendidas por el Gobierno de Carles Puigdemont. Pero más allá de los patinazos obsequiados por la CUP, el Departamento de Exteriores de la Generalitat acumula quejas, además, por su falta de transparencia. En este sentido, destaca la negativa a rendir cuentas al Parlament sobre los acuerdos internacionales suscritos por la administración autonómica, tal y como proponía una resolución de C’s rechazada en la última sesión plenaria con los votos en contra de JxS y la CUP.

Dado que se trata de acuerdos menores con otros gobiernos regionales, universidades o entidades internacionales, la Generalitat sólo está obligada a informar de los acuerdos, una vez cerrados, al Ministerio de Exteriores. Pero la portavoz de C’s en Exteriores sumó los apoyos de PP y PSC para que la Cámara autonómica sea informada previamente de esos acuerdos, que como recuerda Beltrán, «suelen tener consecuencias presupuestarias». Así las cosas, Romeva opta por rendir cuentas al Gobierno, pero es absolutamente opaco en su gestión ante la Cámara autonómica, auténtica sede de la soberanía catalana, según el discurso de su Gobierno.