La reforma de la Constitución es uno de los grandes retos de esta legislatura. Las  voces que hasta ahora pedían estos cambios, dentro de un Congreso bicolor, se han convertido en clamores en una cámara fragmentada y sin mayorías absolutas. Una coyuntura que hace inevitable el debate sobre una reforma constitucional que ya pidieron la semana pasada PSOE y Podemos, en la sesión de control al Ejecutivo. “¿Tiene previsto el Gobierno abordar durante esta legislatura la reforma constitucional?”, preguntó Iñigo Errejón. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría abría la puerta a abordar este asunto y advertía de la condición sine qua non: “En una reforma de la Constitución se trata de ponerse de acuerdo  en lo que queremos reformar, en para qué queremos hacerlo y cuál es el punto final, para que logremos entre todos un gran consenso”. Este lunes, y tras la derrota de la reforma constitucional italiana, el Gobierno español enfrió a corto plazo la posibilidad de reforma, que se presenta como inexorable a medio plazo y que requeriría un referéndum para ser aprobada.

Este consenso necesario pondrá en el centro del tablero a socialistas y morados, segunda y tercera fuerza en representación, que adquirirán un papel protagonista en el tira y afloja constitucional donde el PP tiene visos de adoptar un perfil más conservador frente a los partidos de la izquierda. PSOE y Podemos tampoco afrontan de igual manera este reto histórico. Mientras los socialistas creen que es el momento idóneo para plantear la cuestión, dada la fragmentación de la Cámara y la representación en ella de múltiples sensibilidades, en Podemos abunda el recelo y se muestran escépticos, con la idea de que el PP promoverá «prácticas dilatorias” para no ceder a los cambios exigidos. Desde una u otra postura, las propuestas de ambas formaciones determinarán la deriva de la que, de darse, será la primera reforma constitucional de calado.

La manera de abordar esta reforma también dista entre un partido y otro; Podemos lanza sus proyectos de reforma a grandes rasgos, sin llegar a concretar en algunos casos estas peticiones. Desde la formación argumentan que las propuestas irán concretándose conforme avance el debate. Con más experiencia parlamentaria y más camino recorrido en este terreno, el PSOE defiende un proyecto de reforma más concreto, toda vez que pide una subcomisión específica para estudiar la reforma constitucional, según adelanta el portavoz socialista en la Comisión Constitucional en el Congreso, Gregorio Cámara Villar.

  1. Los derechos sociales, el punto común de partida. PSOE y Podemos plantean la protección de los derechos sociales como máxima prioridad en una futura reforma de la Carta Magna.  La vocal de Podemos en esta comisión, Carolina Bescansa, cree que «la Constitución del 78 genera un marco jurídico en el que los derechos sociales aparecen como derechos de segunda fila», y cree necesario establecer»garantías jurídicas» para asegurar que se cumplan estos derechos. El socialista Cámara Villar, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, coincide en este punto y opta por incluir en el Título I -de los derechos y deberes fundamentales- algunos derechos sociales debilitados, como el derecho a la salud yo a la vivienda.
  2. Introducir nuevos derechos. Los socialistas plantean, además, incluir nuevos derechos en este título, como la protección de derechos de carácter personal o el derecho al olvido, que se incluirían en el artículo 18 de la Constitución. Así, propone regular los derechos relativos a la biomedicina o actualizar el derecho de acceso a la información pública. En este punto, también pide revisar algunos artículos que, por su ambigüedad o por el contexto en que se crearon, abren la puerta a situaciones indeseadas, como el artículo 15, que contempla abolir la pena de muerte «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra», una coletilla que quedaría suprimida con la reforma constitucional socialista.
  3. A vueltas con el artículo 135. Ambas formaciones plantean revisar, desde distintas ópticas, el artículo 135 del texto, que en 2011 fue reformado para priorizar el pago de la deuda a otros conceptos. Podemos pide eliminar la última modificación, con el objetivo de «recuperar la soberanía y el control del Estado sobre la deuda», según Bescansa. En este punto, los socialistas proponen introducir en este artículo el principio de «Estabilidad social» para asegurar la distribución del gasto público en «un nivel adecuado y suficiente» para la financiación y sostenimiento de las prestaciones sociales, reseña Cámara.
  4. La reforma electoral y el cambio en la participación política. Uno de los ejes de la formación morada es la modificación del sistema electoral para dotarle de más proporcionalidad, con el objetivo de que «el voto de todas las personas valgan lo mismo», explica Bescansa. En este sentido, la principal propuesta de Podemos será sustituir la circunscripción provincial por una circunscripción autonómica, en la que  se asigne un número determinado de diputados por territorio, y no por provincia, una medida entendida como una «corrección» para aumentar la representitividad. El PSOE propone, además de un sistema más proporcional, facilitar el voto de los extranjeros y el desbloqueo de las listas. En este sentido, quiere «revitalizar la iniciativa legislativa popular» y regular los Decretos-Leyes para impedir su uso abusivo por el Ejecutivo.
  5. Corrupción y regeneración democrática. En este apartado, los socialistas proponen la regulación de algunos órganos como el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial, y el sistema de elección de sus miembros para reafirmar su independencia. En este sentido, el PSOE también propone la revisión de la legislación de indulto y aforamientos y suprimir la inmunidad de los parlamentarios. Los dirigentes de Podemos van más allá en este asunto, y piden incorporar la prohibición de las puertas giratorias en una hipotética reforma constitucional. «No es razonable que estas puertas lleven a altos cargos a altos puestos de Gobierno o que tengan una enorme relación», razona Bescansa. Una propuesta que ya presentó Podemos en el Congreso bajo la fórmula de proposición no de Ley y que fue rechazada por la falta de concreción en la formulación.
  6. El federalismo socialista. La cuestión territorial es uno de los asuntos ineludibles en la reforma de la Carta Magna. «El estado autonómico como tal no figura en la Constitución, sino que contempla el derecho de acceso a la autonomía», explica Cámara, que cree que el la articulación actual del Estado es la antesala del Estado federal. El objetivo de esta nueva articulación es definir claramente competencias y legitimidades en el texto constitucional para evitar que sea el Tribunal Constitucional el que, a través de su jurisprudencia, interprete la Constitución para resolver conflictos de competencias. En este punto, los socialistas proponen reformar el Senado, puesto que creen que no cumple con su función de «cámara territorial». Así, proponen modificarlo conforme al Bundesrat alemán: un consejo federal que aglutine a representantes de los distintos gobiernos territoriales. Al hilo de la reforma federal, el PSOE pide la introducción del «principio de lealtad federal» y aclarar el sistema de financiación, así como reconocer en la Constitución las singularidades territoriales, un reconocimiento que tendría sus consecuencias prácticas: «La lengua tiene que verse como una riqueza del país y estimularse su conocimiento no sólo a nivel autonómico sino a nivel estatal», reseña Cámara Villar.
  7. El derecho de autodeterminación de Podemos. Una de las principales propuestas de Podemos quiere resolver la cuestión territorial, para el que consideran «insuficiente» el marco constitucional actual. Así, proponen lo que llaman el «derecho a decidir», que se traduce en que «se pueda votar la articulación estatal», señala Bescansa. A la espera de que se genere un «debate amplio que permita decidir el encaje territorial», desde Podemos ad vierten que defenderán el referéndum como fórmula para que se articulen los territorios. Esta propuesta, en cambio, es criticada por los socialistas, que consideran esta opción como una forma de «pedir directamente la secesión» para la construcción de un estado nuevo, a la vez que piden mantener el principio de integridad territorial del Estado.