Si usted se encuentra en su muro de Facebook con una publicación que asegura que el ser humano está construyendo urbanizaciones de chalés adosados en Marte, hay una flecha en la esquina superior derecha que le permite reportar ese contenido por tres motivos distintos: “Es molesto”, “No debería estar en Facebook” o “Es spam”. La opción expresa de denunciar contenidos falsos no existe todavía. Sin embargo, la compañía que preside Mark Zuckerberg ha asumido ya que “informar fácilmente” sobre ellos y etiquetarlos como ficticios antes de mostrarlos al público debe formar parte de su hoja de ruta para combatir las polémicas fake news, que colonizaron la red social durante la campaña electoral norteamericana y han monopolizado después el debate mediático tras la votación.

Una reacción obligada y opuesta a la visión que la compañía había mantenido en los últimos meses, en los que llegó a dejar el apartado de noticias destacadas, donde se informan diariamente unos 600 millones de personas, en manos de un algoritmo que en pocas horas se mostró ciertamente incapaz de filtrar bulos clamorosos, políticos y de cualquier otro tipo. La participación humana en el proceso se redujo al mínimo y aun así la empresa, en su guía de actuación, recogió cinco motivos por los que un mediador podría borrar una noticia de esta sección, siendo la mentira el último de ellos y el menos recomendable de todos: “Debe usarse con poca frecuencia”.

Desde octubre, Google presenta de forma destacada y personalizada los contenidos indexados con la etiqueta ‘Fact Check’

Las innumerables críticas que la red social recibió tras el 9 de noviembre por la influencia que esto pudo tener en las elecciones norteamericanas, pese a que Zuckerberg ha rechazado esta teoría en varias ocasiones, han obligado ahora a su compañía a plantearse algunas decisiones que otro gigante, Google, ya tomó hace meses. Por ejemplo, presentar de forma destacada y personalizada los contenidos indexados con la etiqueta ‘Fact Check’, una especialización periodística consistente en la verificación de hechos y datos, especialmente popularizada durante la última década en los Estados Unidos.

Allí se asientan los ejércitos que luchan en primera línea contra las historias prefabricadas desde los Balcanes o las conspiraciones que sitúan a Hillary Clinton en el centro de una trama de explotación infantil dirigida desde una pizzería de Washington. Pero es un fenómeno reciente, el de la posverdad ampliada en las redes, que se suma a otros recurrentes desde tiempos inmemoriales: las promesas electorales incumplidas, las estadísticas distorsionadas, las mentiras en los debates…

Trump, el ‘fetiche’ de la verificación

En ese sentido, la campaña de 2016 ha sido a la vez un filón y una frustración para los grandes referentes de este movimiento. El portal PolitiFact, premiado con el Pullitzer en campañas anteriores, determinó que el 70% de las 340 afirmaciones que Donald Trump lanzó durante su carrera presidencial fueron “mayormente falsas”, “falsas” o “mentiras descaradas”, mientras que en el caso de Hillary Clinton ese porcentaje descendía hasta el 26%. Datos valiosos que generaron una gran atención mediática, pero no consiguieron darle la vuelta a las urnas. Ya no vale sólo con fiscalizar al político.

Es por eso que el portal, que desde 2009 entrega el premio a ‘la mentira del año’, ha decidido otorgarle el galardón de 2016 al fenómeno de las noticias falsas en su conjunto. “Son el signo más evidente de la sociedad de la posverdad. Cuando no podemos ponernos de acuerdo en hechos básicos -o incluso en que los hechos como tal existan-, ¿cómo nos comunicamos entre nosotros?”, se preguntan los editores de la página web, que en las últimas semanas ha lanzado una sección dedicada exclusivamente a verificar las noticias políticas que alcanzan viralidad en las redes sociales.

Los grandes de la verificación norteamericana asumen que el problema no se solucionará si no involucra a los propios usuarios en el proceso

Su problema es que el ejército es pequeño. El Big Three de la verificación norteamericana, que forman PolitiFact, FactCheck.org y el blog Fact Checker del Washington Post suma, en total 24 empleados. En Facebook son 13.000 y casi 1.800 millones de usuarios. Por ello, estas organizaciones han instado a la compañía a “fortalecer la capacidad de los usuarios para identificar mensajes falsos y falsas noticias por sí mismos”, en una carta abierta a Mark Zuckerberg donde extraían una conclusión principal: “La escala del problema es demasiado grande para un enfoque puramente descendente”.

Los firmantes de la misiva no hacían referencia a la influencia del fenómeno en la política, pero sí especificaban que las noticias falsas habían propiciado “el aumento de ventas de medicamentos falsos y el debilitamiento de campañas de salud pública en todo el mundo”, la incitación a la violencia “en países como Nepal o Nigeria” e incluso a la muerte de una mujer en Brasil, a la que falsamente se había acusado a través de la red de utilizar magia negra contra niños.

“Facebook representa una herramienta crucial para distribuir información veraz y puede ser un componente vital de un debate público sano”, concedían después, antes de ofrecerse a ayudar a la compañía en lo que sea necesario: “No tenemos todas las respuestas para abordar este problema, ni siquiera la mayoría, pero le invitamos urgentemente a iniciar una conversación al respecto”.

Datos abiertos: una oportunidad frenada por la burocracia

En cualquier caso, el rol que han jugado las empresas tecnológicas en las últimas campañas electorales ha ido dibujando en algunos sectores el boceto de una conclusión peligrosa: que el uso de la tecnología podría llegar a ser enemigo de una democracia sana, cuando hasta ahora la idea casi unánime ha sido la contraria.

En nuestro país, funciona desde febrero de 2015 la plataforma Apps4Citizens, que cataloga aplicaciones e iniciativas cívicas que ayuden a expandir las fronteras del buen gobierno y la calidad democrática, a partir de proyectos colaborativos y puertas de acceso a uno de los recursos más valiosos para hacer frente al rumor y la mentira: la información pública.

El acceso a ella se regula en España desde hace dos años a través de la Ley de Transparencia, aunque su puesta en marcha ha sido, como poco, infructuosa. Los datos, y no todos, están disponibles en la red, pero son inaccesibles si no se purga antes un proceso tedioso. “No se están aprovechando bien las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública”, denuncia al respecto Javier de Vega, responsable de comunicación de la Fundación Civio, que está detrás de proyectos como El BOE nuestro de cada día, ¿Quién cobra la obra? o España en llamas.

El acceso a la información pública se regula en España desde hace dos años, pero exige un proceso tedioso para el ciudadano

Civio, en nuestro país, juega un esencial papel de mediación entre el ciudadano con curiosidad por consultar la información de dominio público y el laberinto burocrático que trata de impedírselo. Salvo honrosas excepciones que permiten la solicitud de información por e-mail y sin identificación, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de la Transparencia, cualquier otra petición se debe tramitar por un cauce administrativo equiparable al necesario para realizar la declaración de la renta.

Para requerir datos a la Administración central es necesario identificarse, incluso aportando datos bancarios, y esperar en muchos casos a que llegue a casa una clave por correo postal, que además caduca. De ahí que en los dos primeros años de funcionamiento del Portal de Transparencia se hayan tramitado sólo 6.843 solicitudes de información, el 32% de las cuales fueron desestimadas, inadmitidas o denegadas. Por comparar: en Reino Unido o Chile, donde el proceso es bastante más simple, las solicitudes superaron las 30.000 durante su primer año de implantación.

“La defensora del pueblo emitió un dictamen hace algo más de un año diciendo que el hecho de que pedir información todavía sea tan complicado disuade a la gente de hacer solicitudes”, recuerda Javier de Vega, consciente de la importancia de las aplicaciones y los proyectos web que recaben esa información en nombre de los ciudadanos, la canalicen y la presenten: “Poco a poco te das cuenta de que a medida que la información comienza a publicarse, más gente la consulta. Si la gente no la ve, cree que no tiene derecho a pedirla y no la pide”.

Por ello han sido un éxito iniciativas como El BOE nuestro de cada día (8.000 suscriptores diarios), El indultómetro o ¿Dónde van mis impuestos?que traducen el dato frío y de acceso complicado en información intuitiva y sencilla de consultar, aunque en España el fenómeno no sea todavía mayoritario, por la falta de tradición y por las trabas administrativas.

Estados Unidos, meca de las apps políticas

En esa brecha cultural, España palidece frente a clásicos como Estados Unidos, pero también frente a países en vías de desarrollo como Ucrania, que ha revolucionado su sistema de contratación pública mediante el sistema ProZorro, o Georgia, donde los contratos con la Administración no entran en vigor si no se han publicado antes en Internet. Son ejemplos de implantación estatal de la tecnología política y los datos abiertos, pero hay muchos más, a todos los niveles.

En Norteamérica, por ejemplo, son un clásico las aplicaciones de monitoreo parlamentario, donde la gente puede solicitar alertas al minuto con lo que vota, promueve, apoya o financia su senador o congresista correspondiente. La SunLight Foundation opera casi 50 herramientas de este tipo (segregadas por ámbitos de interés, lobbies, información económica…) que reciben más de medio millón de consultas diarias. Otros portales independientes, como Conservative Review, también utilizan la información de la Biblioteca del Congreso para asignar a cada congresista una nota del 0 al 100 en función de la coherencia de sus votos con los valores conservadores. En España, la web Qué hacen los diputados ejercía una labor similar, aunque se encuentra temporalmente fuera de servicio, y funcionan otras como TIPI, que permite consultar de forma detallada el tiempo que los diputados dedican a labores parlamentarias de temática social.

Las aplicaciones que controlan la financiación de los partidos, como SuperPACS o BizVizz, triunfan en el escenario norteamericano

Un movimiento, el de la política controlada, facilitado por la tecnología y extendido especialmente en lo relativo al dinero: en el mercado de las aplicaciones políticas, las que más triunfan son las destinadas a controlar las financiaciones de los partidos. En Estados Unidos, por ejemplo, cada ciclo electoral rebotan proyectos como SuperPACS o Dollarocracy, que arrojan luz sobre quién paga los millonarios anuncios televisivos de Demócratas y Republicanos.

En esa misma línea, pero un paso más allá, en los últimos tiempos han surgido aplicaciones como BizVizz o BuyPartisan, que con una simple foto o escaneo del código QR de un producto ofrecen información fiscal sobre la empresa que lo fabrica, comprueban si está al día con sus obligaciones tributarias y detallan a qué formaciones políticas o iniciativas sociales han donado recientemente dinero tanto ellas como sus administradores a título personal. Con toda esa información, los usuarios pueden promover después en otras plataformas como BuyCott campañas, argumentadas o no, contra un determinado producto.

En España, el ecosistema tecnológico en la vida política, más allá de redes sociales y medios de comunicación, destaca en algoritmos como Demorank, entraña de la aplicación Appgree que Podemos utilizó como medio de participación en sus inicios, o en plataformas como Os Oigo, que permiten conectar a votantes y políticos a través de preguntas abiertas.

Falta, claro, que quien tenga que creerse a la tecnología como incentivo a la participación política lo haga. De los grandes líderes del panorama español, sólo han aparecido por allí Albert Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, pero únicamente en campaña electoral. De Rajoy y Pedro Sánchez, ni rastro. Los más activos, eso sí, tienen nombre: la crítica socialista Susana Sumelzo, el líder de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, y los populares Eloy Suárez y Cristina Cifuentes.