Un total de 117 millones de euros. Ese el coste de la batalla por la independencia de Cataluña en los Presupuestos que el Gobierno de Carles Puigdemont lleva hoy al Parlamento catalán, donde deben ser admitidos a trámite con el apoyo de la CUP. Este es el monto de las partidas más directamente asociadas a la celebración del referéndum prometido por Puigdemont para el próximo septiembre, la promoción internacional del proceso soberanista y la creación de estructuras de estado, especialmente la Agencia Tributaria Catalana.

El presupuesto de la Generalitat para 2017 es de 25.292 millones de euros, 28.310 si se incluye el conjunto del sector público catalán, esto es, con el CatSalut, las entidades autónomas y administrativas y 166 entidades con participación mayoritaria de la Generalitat. Unas cuentas que contemplan un crecimiento de los ingresos del 13% respecto a las de 2015 gracias, mayoritariamente, al aumento de la recaudación fiscal.

Los gastos corrientes de las cuentas catalanas aumentan un 5% para una previsión de crecimiento de la economía catalana del 2,7% en el próximo año. Sin embargo, los departamentos implicados en el proceso independentista experimentan crecimientos del 200%.

93 millones para la Agencia Tributaria Catalana

La parte del león de ese presupuesto independentista se la lleva la Agencia Tributaria Catalana dependiente del Departamento de Oriol Junqueras. Esta entidad dobla sus efectivos, pasando de 444 a 903 empleados públicos. Para conseguirlo, su presupuesto crece un 258% con 57,4 M€ más que en 2015, hasta los 93 millones. Todo ello para crear 15 nuevas oficinas de la ATC que se sumarán a las cuatro actualmente existentes. Todo ello para recaudar directamente 14 impuestos que el próximo año deben representar 3.100 millones de euros para la Generalitat -contando con tasas como el impuesto sobre bebidas azucaradas, que probablemente acabe cayendo en el saco del Gobierno, puesto que el ministro Montoro también lo ha incluido en su ley de acompañamiento-.

También multiplica sus efectivos la Conselleria de Exteriores y Relaciones institucionales que lidera el ex ecosocialista Raúl Romeva, que fue escogido en su momento como figura de consenso para liderar la lista de JxS por delante de Artur Mas y Oriol Junqueras. Con 64 millones de euros, este departamento crece un 187% y asume los presupuestos destinados a la proyección exterior del «proceso» y la celebración de la consulta.

Así, el apartado de Relaciones Institucionales y procesos electorales recibe 12 millones de euros, de los que 5,8 millones corresponden a la previsión para la celebración del referéndum según lo confirmado por Junqueras en la presentación de las cuentas. Una previsión muy modesta, si se tiene en cuenta que el 9-N costó 9 millones de euros, y los últimos comicios autonómicos costaron 17,1 millones en 2015.

Además, Romeva cuenta con 35 millones de euros destinados a Exteriores, de los que 17,3 se dedicarán a cooperación al desarrollo y 18 millones a la proyección exterior. Un apartado que incluye los 2,3 millones de euros del Diplocat o los gastos derivados de las Delegaciones en el Exterior -Bruselas, París, Berlín, Londres, Washington, Lisboa, Roma, Viena y Argel- destinadas a promocionar la causa independentista. No hay que confundir con las 36 oficinas de ACCIO10 destinadas a la promoción comercial y dependientes de la Consejería de Empresa o las cuatro legaciones del Institut Ramon Llull, destinadas a la promoción de la lengua y la cultura catalanas.

Por último, cabe recordar el millón de euros presupuestado para el funcionamiento ordinario del Instituto de Estudios del Autogobierno, que dirige Carles Viver Pi-Sunyer, dedicado a producir análisis jurídicos sobre el proceso hacia la independencia. Fue a este organismo, por ejemplo, al que Puigdemont se encomendó el pasado verano para buscar los fundamentos jurídicos a la necesidad de realizar un referéndum sobre la independencia, o el que ha establecido el marco en el que deben desarrollarse las «leyes de transitoriedad» que el Parlament debe aprobar en los próximos meses para cubrir el salto de la legislación española a la futura legislación catalana.