Serán las Navidades más amargas y agónicas en la historia de ETA. Más debilitada que nunca, sin capacidad de negociación ni diálogo, ignorada por la sociedad vasca y con las policías francesa y española desbaratando cada paso que da en su incierto plan de desarme. Un proceso que en este lustro de paz sin disolución armada ha pasado de aspirar a ser negociado primero y tutelado internacionalmente después a caminar de modo unilateral y confuso. La banda terrorista acumula cinco años desactivando e ignorando a agentes dispuestos a ayudarle, despreciando no pocas propuestas institucionales de acompañamiento a su final y provocando incluso el arresto -y acusación- de quienes desde la sociedad civil se han prestado a tenderle la mano para explorar la enésima vía para completar su desarme y disolución.

Primero fueron los representantes del grupo Internacional de Contacto liderados por Brian Currin, después la Comisión Internacional de Contacto de Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrilsel y más adelante el propio Gobierno vasco quienes se prestaron a tirar de ETA para que se desarmara y se disolviera. Los últimos en empujar sin éxito a la banda en un intento de avanzar de modo unilateral han sido los cinco autoproclamados “representantes de la sociedad civil”, que tras acceder a colaborar a modo de intermediarios del desarme con ETA han terminado detenidos y puestos en libertad bajo vigilancia judicial y acusados por París de «tenencia y transporte de armas con una empresa terrorista».

La secuencia que en vísperas de Navidad se ha completado es fiel reflejo del confuso final que está firmando ETA, que ha pasado de aspirar a una negociación con réditos con los gobiernos español y francés -nunca correspondido-, a tener que recurrir a una autoproclamada “representación de la sociedad civil” como único aval y garantía de su desarme y liquidación. La imagen más gráfica de la debilidad de la organización la aporta el encierro que hasta el día 8 de enero mantienen cerca de 350 ex presos de ETA en Usurbil (Guipúzcoa) para hacerse oír entre la indiferencia creciente de la sociedad vasca. No hace mucho sus reclamaciones hubiesen contado con miles de adeptos en las calles, hoy deben recurrir a marchas carcelarias, concentraciones con velas en la playa o incluso a torneos de mus intercarcelarios para que sus reivindicaciones para «vaciar las cárceles» susciten un mínimo de atención. La organización aún tiene a cerca de 350 miembros en prisión.

Aliados ‘quemados’ para impulsar un desarme

La última operación llevada a cabo contra ETA en Louhossoa (Fracia) ha dejado al descubierto la falta de determinación con la que la organización está llevando a cabo el que debe ser su último capítulo y que según ha recocido la organización confía en poder culminar en 2017. Desde que el 20 de octubre de 2011 ETA anunció el cese de su actividad armada ha visto no sólo cómo se detenía al grueso de sus militantes, hasta dejarla con un número de miembros simbólico, sino también cómo buena parte del arsenal con el que aspiraba a poder negociar y escenificar un final le era incautado. La banda criminal afronta las navidades de 2016 sin apenas militantes, sin arsenal con el que presionar y con un apoyo social más que residual. A ello se ha sumado la fractura interna que se ha ido acentuando entre sus presos, y el alejamiento social que se ha acrecentado en la sociedad vasca en los últimos meses, cada vez menos preocupada por el modo en el que se cierre este capítulo de su historia e indiferente ante el futuro de los miembros de ETA.

ETA engañó a los verificadores internacionales, ignoró al Gobierno vasco y ahora apela a la sociedad civil

La organización ha quemado buena parte de sus cartuchos y la paciencia de no pocas instituciones. Tras no encontrar respuesta por parte del Gobierno español y el francés, su primera opción, para proceder a una negociación de cara a disolverse, ETA optó por buscar el respaldo internacional. Lo hizo en colectivos de verificación internacional de conflictos con dilatada experiencia. Sobre ellos levantó el cronograma dibujado en los acuerdos de Aiete de 2011 para asegurar su desarme. Recurrió a la Comisión Internacional de Verificación. Inicialmente está opción contó con el respaldo de amplios sectores sociales e institucionales de la sociedad vasca, así como de los partidos políticos y del propio Gobierno vasco. Sin embargo, la ridícula entrega de armas que protagonizó ETA en febrero de 2014 ante estos verificadores, en cuyo vídeo emitido por la BBC se podían observar un reducido arsenal que luego se llevó de nuevo, y una destrucción de armas jamás bien documentada, comenzó a desacreditar la palabra de ETA y el papel de los propios verificadores.

Sólo fue otro desengaño más. El segundo agente ante el que ETA perdió el crédito que le restaba fue el propio Gobierno vasco. El lehendakari Iñigo Urkullu, convencido de que el final de ETA se debe hacer con garantías plenas, con el respaldo de las instituciones y respetando los más elementales principios de desarme y destrucción de armas, insistió en implicar a su Ejecutivo y a la Ertzaintza como garantes del proceso. Durante toda la pasada legislatura reiteró su mano tendida para convertir el Gobierno vasco en el agente ante el cual ETA podría formalizar su entrega definitiva de armas. Incluso lo contextualizó dentro de una iniciativa más amplia en la que él podría actuar como mediador ante el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar un desbloqueo de la situación en otras cuestiones adyacentes como la política penitenciaria o la reflexión crítica del pasado.

Urkullu: «ETA nos ha despreciado una y otra vez»

ETA nunca ha escuchado al Gobierno vasco. Tras la última operación en Francia el lehendakari ha estallado, molesto con la actitud de ETA “que ha despreciado una y otra vez” el ofrecimiento del Gobierno vasco y el Parlamento Vasco para ser agentes activos y mediadores en el proceso. Ahora Urkullu, tras la ‘operación Seminario’ ha insistido en que el desarme de la organización se debe hacer con garantías suficientes y con transparencia sobre el modo en el que se destruyen, y con información sobre “para que han sido empleadas” las armas que se puedan destruir. Una exigencia que, recuerda, debe estar en consonancia con la “memoria y justicia” debida a las víctimas. Aún restan por resolver más de 300 asesinatos de ETA y conocer la utilización de la treintena de armas incautadas en la última operación podría contribuir a ello. Además, Urkullu siempre ha insistido en que el desarme de ETA no se puede abordar por fascículos, sino que debe llevarse a cabo de modo pleno.

La banda terrorista está llegando incluso a distanciarse de la propia izquierda abertzale sobre el modo en el que abordar su final. Tras la operación llevada a cabo en Louhosso, el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi accedió a acercarse a las posiciones del PNV y del lehendakari Urkullu al defender que los gobiernos de Euskadi y Navarra deban tener un papel de control del desarme de ETA. En una comparecencia pública tanto Otegi como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, así como algunos sectores de Podemos, defendieron que el Gobierno de España se ponga al frente del proceso pero confíe en los Ejecutivos vasco y navarro para llevar a cabo un proceso de desarme con garantías. Otegi accede ahora a que el desarme de ETA reúna requisitos suficientes para ser «ordenado controlado, seguro y transparente» y que el impulso lo pueda dar el Gobierno de Rajoy con la colaboración de los Ejecutivos de Urkullu y Uxue Barkos y la participación dela Ertzaintza. Un intento por resucitar la vía institucional vasca y foral y que sale al rescate de ETA, inmersa en un bucle de unilateralidad de la que no obtiene resultados y demora sine die su disolución.

Otegi accede ahora a que el Gobierno vasco haga un seguimiento del desarme para que sea «seguro y transparente»

Fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado que ETA habría intentado con la destrucción de las armas interceptadas en Francia el pasado fin de semana destruir pruebas que podrían ser clave para el esclarecimiento de crímenes de la organización aún por esclarecer. Este intento de escenificar un desarme sólo contemplaba una destrucción equivalente al 15% de su arsenal. Se cree que la organización aún podría disponer de entre 250 y 300 armas para dar por completado el proceso de destrucción.

Los cinco detenidos el pasado día 16, ahora puestos en libertad con cargos, se ofrecieron voluntarios para intermediar en el proceso y contribuir a desbloquear el proceso de desarme que ETA ha ido retrasando. Se trata de la periodista Beatrice Molle, el ex presidente de la Cámara Agricola de Euskal Herriko Laboruntza Ganbara, Michel Berhocoirigoiny, el ecologista Jean-Noël Etcheverry, el viticultor Michel Bergorugnias y el cámara de televisión, Sthepane Etchegaray. Sobre todos ellos recae la acusación de tenencia y transporte de armas y explosivos «en relación con una empresa terrorista». En la operación en la que fueron arrestados se localizó un caserío a 30 kilómetros de Bayona en la que se ocultaba un importante arsenal de ETA, fusiles de asalto, subfusiles, granadas, armas cortas,  detonadores, material para fabricar bombas, etc. Arsenal con el que, según el Ministerio del Interior, se pretendía escenificar una nueva entrega de armas de ETA similar a la que ya protagonizó la banda en febrero de 2014. La operación pronto encontró el respaldo de la izquierda abertzale quien, en boca del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, llamó a “coger el testigo” de los arrestados para convertir a la sociedad civil en el nuevo agente verificador ante el que escenificar el desarme de la organización criminal.

El último intento de ETA por apoyarse en la sociedad civil para su desarme «unilateral» ha terminado con cinco detenidos

En escritos que han hecho públicos dos de los acusados aseguran que son ciudadanos “sin ninguna relación ni subordinación respecto a ETA” que se han ofrecido para “iniciar el proceso de desarme de la organización armada y proceder a la destrucción de un primer inventario de armas”. Incluso apelan al resto de la sociedad a acudir “de manera inmediata y masiva” para apoyar un proceso de estas características “ordenado y controlado”. Afirman que todos y cada uno de los ciudadanos debe asumir “su responsabilidad” para llevar el proceso de paz “hasta el final”, movidos por “la responsabilidad de una paz justa y duradera, está en manos de todos”, aseguran.

Ex presos de ETA: mus y marchas carcelarias

El pasado mes de octubre el llamado ‘Foro Social’, una plataforma integrada por colectivos sociales, políticos y sindicales reclamó una mayor implicación de la sociedad para agilizar el final definitivo de ETA. Este Foro contó con el respaldo del PNV, Elkarrekin Podemos y EH Bildu, partidarios de que además de la banda se impliquen las instituciones y las agentes sociales e internacionales en el proceso.

La inicial crítica a las detenciones “de ciudadanos” por parte del PNV, que como el lehendakari Urkullu reclamó su puesta en libertad, pronto se ha visto modulada por el reproche hecho desde el Ejecutivo al considerar que, si bien el arresto de personas implicadas en el proceso de desarme puede ser cuestionable, no lo es menos que ETA pretenda formalizar la entrega de sus armas eludiendo la verificación y garantía de instituciones como el Gobierno vasco.

La indiferencia de la sociedad vasca hacia ETA les ha llevado a alzar la voz con un encierro de 300 ex presos

El enésimo golpe a la debilitada estructura de ETA se suma al que ya ha sufrido la organización en octubre pasado, cuando se localizó otro zulo con un importante número de armas y material, así como al que recibió con la detención de su último jefe militar, Mikel Irastorza. La debilidad de la banda es cada vez mayor, dentro y fuera de la misma. El colectivo de ex presos de ETA también ha comenzado a reclamar el apoyo social al constatar que su situación caía en el olvido de las prioridades de los vascos. Hasta el próximo 8 de enero cientos de ex presos de la banda protagonizarán un encierro en Usurbil, así como numerosos actos de movilización, para reclamar que se “vacíen las cárceles” de presos de ETA y se ponga punto final a la política dispersión de etarras. Una demanda que llega mientras cada vez un mayor número de vascos apoya el cumplimiento íntegro de las penas para los presos de ETA, lo reclama el 29%, diez puntos más que hace seis meses.