Pendiente todavía de saber cuánto tendrá que pagar por la liquidación de las nueve autopistas de peaje quebradas, el Ministerio de Fomento tiene otro trámite que cumplir: abonar una cantidad que ronda aproximadamente los 1.000 millones de euros en concepto de expropiaciones que tuvieron lugar hace más de 10 años. Se trata del pago del justiprecio por los terrenos que el Tribunal Supremo ha ido ordenando en sucesivas sentencias desde 2013, las cuales el Estado no ha abonado aún. Y quedan por pagar las expropiaciones más caras, las que superan los 600.000 euros y pueden llegar a alcanzar los cuatro millones por particular.

La cantidad ha sido extraída por este medio cruzando datos de las diferentes administraciones concursales y de abogados de particulares. En muchas autopistas queda más del 80% por pagar, esto es, más de 200 millones. Preguntado por la cantidad exacta, Fomento rechaza dar cifras concretas. “El volumen de los importes de las expropiaciones pendientes de pago por las Sociedades Concesionarias, de los que en el futuro deba hacerse cargo la Administración, se determinarán conforme se vayan en su caso formulando las correspondientes sentencias judiciales en cada caso”, responden en el ministerio que dirige desde hace dos meses Íñigo de la Serna, la persona a quien le va a tocar “comerse todo el marrón“, en palabras de una fuente del sector.

El descontrolado coste de las expropiaciones, estimadas en alrededor de 2.500 millones de euros, fue en su momento el factor clave que provocó que las autopistas de peaje cayeran una tras otra en bancarrota, además de una previsión del tráfico completamente errónea calculada durante la etapa de la burbuja. Las nueve carreteras de pago se inauguraron entre 2003 y 2007. Son las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-7 Cartagena-Vera, la la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la Circunvalación de Alicante y la AP-36 Ocaña-La Roda, que un juez ya ha ordenado liquidar según adelantó El Independiente el pasado 13 de diciembre.

Quedan las expropiaciones más caras

Aunque Fomento aduce que pagará según vayan produciéndose “las correspondientes sentencias judiciales”, ésta no está siendo la pauta habitual. No se ha ejecutado ni mucho menos la orden de devolver el coste de las expropiaciones que rebasasen los 600.000 euros dictaminada por el Tribunal Supremo en marzo pasado, de acuerdo con una sentencia del alto tribunal que reveló Expansión.

“Si la concesionaria tiene una concreta actividad –el objeto de la concesión– es porque previamente la Administración le ha garantizado que se iba a proceder a la desposesión forzosa de bienes de terceros”, rezaba un párrafo del veredicto de la Sala Tercera del Supremo. Este medio ha podido confirmar que la mayoría de los expropiados afectados por esta sentencia no ha cobrado, a pesar de contar con jurisprudencia claramente favorable.

Varias partes envueltas en los diferentes litigios recalcan su sorpresa con la actuación de Fomento, especialmente la que atañe a los predecesores de De la Serna, Rafael Catalá y Ana Pastor: “No entendemos que el Estado no se hiciera cargo cuanto antes de los pagos y haya permitido que se incrementen los intereses de demora. Los expropiados no tienen lógicamente ninguna prisa por cobrar, ya que, cuanto más tarde Fomento, más recibirán”, subrayan.

La lentitud de Fomento

Muchos expropiados cuya compensación supera los 600.000 euros no han cobrado, explican fuentes conocedoras de la situación. Por debajo de esa cifra, el Estado no recurrió al Supremo por la vía de casación y muchos de los pagos ya han sido entregados. Pero las expropiaciones más onerosas siguen pendientes. A modo de ejemplo, uno de los casos que ha podido consultar este diario es el que afecta a la inmobiliaria Reyal Urbis, en concurso de acreedores desde hace casi cuatro años: Fomento adeuda a esta constructora 3,3 millones de solo una expropiación.

La intervención de la Abogacía del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy en el problema de las carreteras de peaje ha sido lenta y a veces hasta caótica. Cuando todas ellas se declararon en quiebra en cascada a partir de 2012, el abogado estatal no planteó recurso de casación alguno: simplemente se opuso a los justiprecios establecidos -normalmente fijados por Juzgados de lo Mercantil- y envió la papeleta a los concursos de acreedores de las concesionarias, al frente de los cuales continúan varios administradores concursales.

Intereses en aumento

Pero una sentencia pionera del Supremo en diciembre de 2013 obligó a Fomento a asumir los sobrecostes. Antes, algunos Tribunales Superiores de Justicia, como los de Madrid y Castilla-La Mancha, ya habían declarado al Estado responsable de apoquinar. Por todo ello el Gobierno perdió un tiempo precioso y aumentaron los intereses.

La Abogacía del Estado presentó a continuación recursos de casación, pero el Supremo acabó dando la razón definitiva a los expropiados. Ahora es muy difícil hacer un cálculo exacto del coste final de las expropiaciones porque su valor ha ido creciendo en los últimos cuatro años.

La patronal Seopan estima que el rescate total de las ocho autopistas (excluyendo la AP-36, enviada a liquidación) es de unos 5.000 millones. De la Serna ya ha dicho que no piensa pagar esa cantidad. En 2014 el Gobierno de Rajoy elaboró un Real Decreto diseñado ad hoc por Fomento para deducir las expropiaciones de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) si las autopistas en quiebra son liquidadas. Eso quiere decir, aunque nadie lo confirma, que la pretensión de Fomento es pagar una cantidad cercana a los 3.000 millones.