Durante los últimos cinco trimestres, de julio de 2015 a septiembre de 2016, los juzgados procesaron a 1.378 cargos públicos en 166 procedimientos distintos relacionados con delitos de corrupción en España, según los datos presentados este jueves por el Consejo General del Poder Judicial.

Por territorios, Cataluña fue la región más activa en los tribunales, con 303 juicios orales abiertos en causas relacionadas con corrupción urbanística, prevaricación, violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, abusos en sus funciones de funcionarios públicos y corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Cataluña supera incluso a los casos abiertos en la Audiencia Nacional, que se quedan en 272, y dobla a la siguiente región en la clasificación, Andalucía, que suma 153.

Navarra es la única comunidad que no abrió ningún juicio oral por corrupción en este período

Superan los 100 casos abiertos durante estos 15 meses también Madrid (145), Canarias (1o5) y Cantabria (100), que los abrió todos entre octubre y diciembre de 2015. La única región que no instruyó ningún caso relacionado con los delitos antes mencionados en este período fue Navarra.

 

Andalucía, sin embargo, se impone en el número de procedimientos abiertos: 21, por delante de los 20 de la Comunidad Valenciana y los 17 de Cataluña, indicador claro de la prevalencia de los macroprocedimientos en este tipo de actividad delictiva.

87 presos por corrupción

Durante este período, además, 399 personas fueron condenadas con sentencia firme, con los delitos prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación, en este orden, a la cabeza. Sin embargo, la foto fija de la población reclusa española a 1 de enero de 2017 ofrece un dato mucho menor: en las prisiones españolas hay en total 87 personas encarceladas por delitos relacionados con la corrupción. 82 de ellos son penados y sólo cinco se encuentran en régimen de prisión preventiva, como el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

Si estos datos se comparan con los que Instituciones Penitenciarias ofrecía en septiembre de este mismo año, se puede concluir que menos del 0,15% de los presos de las cárceles españolas lo son por delitos relacionados con la corrupción, y que este porcentaje es aún menor entre los internos en prisión preventiva: 0,06%.