En 48 horas lo que Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras esperaban que fueran los primeros pasos en un mínimo acercamiento entre administraciones se ha convertido en un nuevo enfrentamiento entre ambos gobiernos. El detonante ha sido, esta vez, el triple varapalo judicial sufrido por los independentistas  a cuenta, esta vez, de la petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación para Francesc Homs, la propuesta de abrir un nuevo proceso penal contra la Mesa del Parlament por desobediencia al Tribunal Constitucional y el rechazo, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de llamar a declarar a Mariano Rajoy en el juicio a Artur Mas.

El ex portavoz de la Generalitat y conseller de la Presidencia reaccionó ayer con su habitual vehemencia, afirmando sentir "asco" por un sistema político que lo enjuicia a él pero no al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y acusó una vez más a la Justicia de actuar al dictado del Gobierno y acusó al ministro Rafael Catalá de tomar a los catalanes "por imbéciles" cuando defiende que el poder judicial es independiente en España.

ERC toma distancia

Pero más allá de la indignación de Homs, el avance de las causas judiciales no hace más de agravar la distancia entre Gobierno y Generalitat y abonar la estrategia de los líderes de la ex Convergència, que ven en la amortización mediática de esas causas la tabla de salvación ante su declive electoral, aparentemente imparable. Una estrategia que Esquerra acompaña cada vez con menos entusiasmo, consciente de que sólo ayuda a sus rivales por el espacio soberanista. De hecho ayer sólo Gabriel Rufián expresó su indignación en las redes por la petición del fiscal, que por otro lado iguala las presentadas ante el TSJC para Joana Ortega e Irene Rigau. Ni Oriol Junqueras ni Marta Rovira, que comparten respectivamente el gobierno y la dirección del grupo parlamentario con el PDCat, hicieron mención a este hecho.

Mucho más determinante para el futuro de la 'operación diálogo', y más peligroso, es la petición de la Fiscalía para que el Tribunal Constitucional le remita el incidente por desobediencia al alto tribunal abierto a la Mesa del Parlament en relación con la convocatoria del referéndum de independencia, algo que representa un paso previo a una querella contra varios miembros de ese órgano parlamentario. En primer lugar, porque supone la amenaza de una nueva querella por desobediencia contra la presidenta del Parlament y esta iniciativa, tanto por el peso institucional de Forcadell como por su protagonismo personal en el todo el proceso, puede actuar de nuevo aglutinador contra el Gobierno y en favor de la independencia.

Sin olvidar que en esta causa se vería implicado también, por primera vez, un dirigente de CSQP, la confluencia de izquierdas catalana que aúna a comunes, Podemos e ICV. La resistencia de este sector a cualquier iniciativa unilateral o a definirse más allá de la defensa del "derecho a decidir" es vista por los independentistas como su freno a la mayoría absoluta. Pero verse implicados en una querella junto a JxS puede dar alas en este colectivo a quienes se declaran independentistas y debilitar a los federalistas que hasta ahora han frenado una alineación definitiva con JxS.