El centro de Barcelona acogerá el próximo martes la primera manifestación de policías en defensa de su trabajo, exigiendo respeto por su labor y apoyo institucional. La convocatoria lanzada por la Plataforma Profesional de Fuerzas de Seguridad y Agentes de Aduanas apela a mossos, urbanos y policías locales, guardias civiles, ertzaintzas y policías nacionales y supone un punto de inflexión en las cada vez más tensas relaciones entre estos cuerpos y algunos de sus responsables políticos. Una situación que los convocantes aseguran que no sólo se circunscribe a Cataluña, pese a que la convocatoria se lleve a cabo en Barcelona, y que en los últimos días ha generado fuertes presiones sobre los sindicatos convocates para suspender la marcha, hasta el punto de que el CSIF, sindicato de funcionarios, se ha descolgado de la convocatoria.

Los principales integrantes de la plataforma, que agrupa a asociaciones profesionales y sindicatos de estos cuerpos, son el sindicato mayoritario de los Mossos, SPC-ME, y el mayoritario en la Guardia Urbana de Barcelona, el Sapol. Ahí están también los sindicatos minoritarios de mossos, así como Sipepol de la Policía, Euspel de la Ertzaintza o el Siat de la Agencia Tributaria. No cuentan, sin embargo, con la implicación del principal sindicato nacional de Policía, el SUP, ni la mayor agrupación de la Guardia Civil, la AUGC, aunque sí con agrupaciones minoritarias de ambos cuerpos. En el segundo caso su portavoz aclara que no han sido invitados a participar en la convocatoria, aunque reconocen compartir la incomodidad con algunas situaciones vividas en los últimos meses.

CSIF argumenta motivos de seguridad para descolgarse de la marcha

En este contexto, ha inquietado, y mucho, la salida de la convocatoria de los representantes de CSIF en los diversos cuerpos policiales, tras haber participado activamente en la preparación de esta marcha. Desde el sindicato de funcionarios se aduce al temor a un atentado yihadista para explicar esa decisión. “Queremos dejar muy claro que tal vez no hayamos valorado debidamente el riesgo. Hemos preavisado con suficiente tiempo el lugar, el recorrido y la hora por donde transcurrirá la manifestación. No deberíamos ser ingenuos al pensar que los terroristas y organizaciones afines desconozcan esta convocatoria. Uno de sus grandes objetivos sobre los que quieren atentar en España es sobre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Desde el sindicato de funcionarios se aduce al temor a un atentado yihadista para explicar la decisión del CSIF

Sin embargo, los convocantes ven en esta retirada, así como la ausencia de las secciones policiales de UGT y CCOO, el temor a incomodar a los gobiernos de izquierdas de los grandes ayuntamientos. Sin olvidar que la CUP, señalada como principal enemiga por muchos policías. Su portavoz, Anna Gabriel, acusó el viernes a los convocantes de “plataforma de extrema derecha” cuyo objetivo sería “asediar a la extrema izquierda catalana y a los partidos de la órbita de Podemos y pidió a la Conselleria de Interior de la Generalitat que vigile las actitudes “amenazantes” de la plataforma.

En el manifiesto de convocatoria, la plataforma pide “la despolitización de nuestra tarea por parte de todas las formaciones políticas y que no sean usadas nuestras actuaciones como arma arrojadiza”. Aunque insisten una y otra vez en que no se trata de “una manifestación contra la CUP” los anticapitalistas son sus mayores animadores.

Además, argumentan la marcha por “respeto institucional, por la garantía jurídica de nuestras funciones y por nuestra seguridad” y recuerdan incidentes que han afectado en los últimos meses tanto a los Mossos d’Esquadra como a la Guardia Urbana y a la Guardia Civil. Aunque rechazan hablar oficialmente de una marcha contra la CUP, lo cierto es que la formación anticapitalista protagoniza dos de las cuatro imágenes que acompañan el cartel de la convocatoria y está en el centro de buena parte de las quejas, como señalan agentes de estos cuerpos “a titulo personal”.

Asedio a la casa cuartel de Manresa

En concreto, los convocantes se refieren al asedio al cuartel de la Guardia Civil de Manresa el pasado 14 de diciembre, coincidiendo con la detención de cinco miembros de la CUP por su negativa a comparecer ante el juez. Ese día, un centenar de miembros de la izquierda independentista convocados por Arran, la agrupación juvenil de la CUP, se concentró ante el cuartel al grito de “fuera las fuerzas de ocupación”, quemaron de nuevo fotos del Rey y lanzaron huevos y bolas de pintura contra el edificio.

Pero el malestar se extiende a todos los cuerpos de policía, que se consideran criminalizados por la CUP. Así, el manifiesto habla del “asedio constante a la Guardia Urbana y la Policía en general y la impunidad delictiva de miembros de la CUP”.  En el caso de la Policía Local de Barcelona, los conflictos con la CUP -el concejal Josep Garganté fue denunciado por intentar construir una acusación falsa de lesiones a un mantero- se suman a la política de la alcaldesa Ada Colau de revisión de las estructuras de este cuerpo.

Una de las decisiones más inmediatas de Colau al llegar a la alcaldía fue la de eliminar la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana en la que ve un auténtico enemigo desde sus épocas de activista de la PAH. Este proceso culminó en octubre con la renovación de la cúpula de este cuerpo y la designación de Francisco Godoy como responsable de la nueva unidad de Apoyo, Proximidad y Emergencias en la que deben transformarse los antidisturbios, para convertirse en una policía de barrio.

Contestación en los Mossos al comisario Trapero

En cuanto a los Mossos, el papel fundamental de la CUP en la aprobación de los principales proyectos del gobierno de Carles Puigdemont, empezando por los presupuestos, ha convertido a la policía autonómica en chivo expiatorio del Govern. Los Mossos son cuestionados cada vez que actúan como policía judicial por la CUP, que reclama una impunidad para sus actos de desobediencia política que recaería sobre este cuerpo. Pero además en el cuerpo se vive con creciente malestar la gestión del Comisario Jefe, José Luis Trapero, hombre de la confianza del núcleo duro de la ex Convergència y muy próximo también al president Puigdemont, como se demostró el pasado verano en las polémicas imágenes de una paella compartida en Cadaqués difundidas sin pudor en las redes sociales.

El máximo responsable del cuerpo, que según algunas fuentes dicta todas las decisiones del conseller de Interior, Jordi Jané, en el ámbito policial, ha sido señalado por los sindicatos como el responsable de que en los meses previos a la investidura fallida de Artur Mas, hace un año, se “traspapelara” un informe sobre actos violentos de activistas vinculados a la CUP. Meses después, con Carles Puigdemont investido, el ejecutivo catalán anunció su intención de nombrar a Trapero “major” del cuerpo de Mossos d’Esquadra, un nombramiento que lo perpetúa al frente de la policía autonómica, haciéndolo intocable para futuros gobiernos.