El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado una iniciativa para garantizar por ley el derecho de todos los ciudadanos que padezcan una enfermedad terminal o sufrimientos físicos o psíquicos «intolerables», incluyendo los menores de edad emancipados legalmente, a morir dignamente. Así lo recoge en la proposición de ley que ha registrado esta mañana para su debate en el pleno del Congreso, en la que emplaza a modificar el Código Penal, que castiga la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido.

La propuesta de ley, según ha explicado la diputada Eva García Sempere, pretende garantizar la universalidad, a través del Sistema Nacional de Salud, del derecho a morir de una forma digna de enfermos terminales y de personas con padecimientos físicos o psíquicos intolerables que lo soliciten de manera «capaz y consciente».

La propuesta de ley pretende garantizar la universalidad del derecho a morir dignamente

No sólo los mayores de edad, sino también los menores de 16 y 17 años emancipados legalmente, -bien porque sus padres les han cedido la patria potestad o por orden de un juez-, y a los que el Código Civil les habilita en todo momento a «regir su persona y bienes como si fuera mayor». Mientras, las personas sin «capacidad de discernimiento», deberán cumplir estos mismos requisitos siempre y cuando haya dejado con anterioridad un documento con las instrucciones previas, de acuerdo con lo recogido en la ley de autonomía del paciente.

El documento regula además las obligaciones de los profesionales sanitarios, que deberán informar al solicitante de su estado de salud y sus posibilidades terapéuticas, así como asegurarse de que cumplen los requisitos y de que lo han pedido de forma voluntaria. También su derecho a ejercer la objeción de conciencia, aunque en este caso el profesional estará obligado a derivar al paciente a otro equipo no objetor.

Unidos Podemos da por bueno el régimen sancionador delimitado en la ley general de Sanidad de 1986 para los profesionales sanitarios que incumplan con sus obligaciones.

La diputada Marta Sibina ha justificado la necesidad de esta ley en que «España no es un buen lugar para morir», no solo porque los cuidados paliativos «no llegan» a todos los que lo necesitan, sino porque la capacidad de decisión de una persona que está al final de su vida está «demasiado limitada». A ello se une, ha añadido la parlamentaria Ángela Rodríguez, el aumento de la esperanza de vida y los nuevos enfoques en medicina, que tiene el doble objetivo de prevenir y curar enfermedades y «ayudar a morir en paz a los ciudadanos».

Respaldo de la opinión pública

La eutanasia cuenta además con un creciente respaldo de la opinión pública y es de aplicación en países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Canadá, y en algunos estados de EEUU como Washington y California. Se trata, ha subrayado, de una propuesta «muy cohesionada» en su grupo, en la que han recogido la opinión de numerosos expertos del ámbito de la medicina y el derecho.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha aplaudido la iniciativa porque supone «sacar las prácticas eutanásicas del armario» y ayuda a contribuir a una «nueva cultura de la muerte», en la que un individuo pueda tener la opción de poner fin a su vida, no siempre de forma medicalizada, fuera de la «clandestinidad». «Mientras la eutanasia sea un delito los ciudadanos seguirán encontrando obstáculos para decidir cómo desean ser cuidados al final de su vida», ha asegurado Fernando Marín, presidente de DMD Madrid, que ha criticado que el Código Penal no solo la prohíbe, sino que provoca inseguridad en los profesionales.