Aprobado el presupuesto, el gobierno catalán ha entrado “en el tiempo de descuento” hacia la celebración del referéndum por la independencia, como ha señalado este fin de semana el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Y la “judicialización de la política” en la que se entrará el próximo lunes con la apertura de juicio oral a Artur Mas, será el eje central de la estrategia independentista durante esta cuenta atrás en la que los soberanistas buscan ante todo aparecer como víctimas de un Gobierno incapaz de negociar y atender a una sola de las demandas catalanas.

En ese contexto, los dirigentes de la ex Convergencia están utilizando artillería pesada para calentar el inicio del juicio a Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9-N, momento en el que necesitan visualizar la alta factura pagada por el partido en su apoyo al proceso independentista, mientras ERC mira los preparativos de la manifestación del 6-F con bastante más distancia.

Para el PDCat, el juicio que empieza el 6 de febrero es la demostración del compromiso convergente con la independencia, mientras los republicanos insisten en que la prueba realmente determinante de la falta de voluntad de diálogo del Gobierno la tendrán si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide inhabilitar a Carme Forcadell por el debate en el Pleno del Parlament de la hoja de ruta del procés pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

Las entidades soberanistas Òmnium, Assamblea Nacional  (ANC), Associació de Municipis per la Independencia (AMI) y Associació de Municipis de Catalunya (AMC) preparan para ese día una nueva demostración de fuerza, con una convocatoria en la que la ANC ha anunciado que cuentan ya con 15.000 inscritos y 63 autocares para trasladar a manifestantes de toda Cataluña a las puertas del juzgado. Unas cifras que superarán las de ediles y cargos electos que hasta ahora han “acompañado” a declarar tanto a Mas como a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

«El Estado debe notar el aliento de los catalanes en esta recta final»

El esfuerzo de las entidades soberanistas se ve acompañado por las llamadas de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, a que los funcionarios participen en la manifestación o el activismo de la portavoz del Govern, Neus Munté, quien publicita la marcha desde sus perfiles oficiales en las redes sociales. Con igual dureza se expresaba ese sábado Puigdmeont al advertir ante el Consejo Nacional del PDCat que el 6-F “no sólo empieza un juicio, empezara el tiempo de descuento para el Estado”. Y más: “Todos debemos sentirnos juzgados; el Estado debe notar el aliento de los catalanes en esta recta final” afirmó el president.

Pero ese activismo se circunscribe a los consejeros de la ex Convergència, puesto que ERC todavía no ha decidido quién acompañará al ex president y sus consejeras a las puertas del juzgado, como ha reconocido hoy el portavoz de la formación, Sergi Sabrià. El dirigente republicano ha señalado que la concentración contará con una “representación de primera línea” del partido, pero ha dejado entrever que la cita judicial no reviste el peso, para su formación, del juicio a Carme Forcadell.

Homs lleva a la Fiscalía a Rajoy

En este proceso se inscriben las declaraciones del ex conseller de presidencia, Francesc Homs, quien ha llevado este lunes a la Fiscalía «un posible delito de desobediencia y prevaricación» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del exministro de Sanidad Alfonso Alonso y de la exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Susana Camarero por incumplir sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Homs se ampara en esta ocasión a la sentencia del TC a favor de que la Generalitat asuma la gestión de los donativos a ONG’s derivados del 0,7% del IRPF, pero los nacionalistas se refieren también con insistencia a las sentencias recurrentes del alto tribunal en favor de la petición de la Generalitat de gestionar las becas universitarias.

«Si la Fiscalía considera que lo que hicimos el 9N o lo que ha hecho la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, son motivo de presentación de querellas por delitos de desobediencia o prevaricación por desobedecer al TC, hay quien se ha pasado tres pueblos», ha sostenido en rueda de prensa el actual diputado en el Congreso, que ha fijado en 70 las sentencias del TC incumplidas por los sucesivos gobiernos españoles desde 1992.

Según Homs, la decisión de recurrir al fiscal se ampara en las «propias argumentaciones» de la Fiscalía respecto a casos que afectan a políticos y autoridades catalanes basándose en resoluciones del TC».