La propuesta de dictamen del presidente de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las subvenciones concedidas por la Junta para cursos de formación señala a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre los responsables políticos por las irregularidades en la gestión de estas ayudas, que penalmente investiga el juzgado del caso de los ERE. Susana Díaz, la actual jefa del Ejecutivo autonómico, queda eximida.

Chaves y Griñán “han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías”, detalla el dictamen de la ponencia síntesis del presidente de la comisión (Julio Díaz, de Ciudadanos) que ha sido registrado en la Cámara autonómica este lunes, meses después de que los grupos (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU) presentaran sus documentos de conclusiones.

De esta forma, los máximos representantes del poder ejecutivo en Andalucía entre 1990 y 2013 vuelven a ser señalados por un caso de corrupción, en este caso a nivel político -no judicial, al menos de momento- por el fraude de los fondos para cursos de formación profesional para el empleo desde 2002. Chaves y Griñán son de los 26 procesados que se sentarán en el banquillo de los acusados por su responsabilidad en el diseño y mantenimiento del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas a prejubilados y a empresas en crisis, la conocida como pieza política del caso ERE.

PP y Podemos habían censurado también la actuación del Gobierno de Susana Díaz

El reproche de la mayoría de la comisión de investigación es más severo con Chaves, presidente durante todo el “periodo de inicio, planificación, impulso, aplicación y desarrollo de las políticas investigadas por esta comisión” de investigación. En su caso, la responsabilidad es tanto in eligendo -derivada del nombramiento de los consejeros competentes en materia de empleo durante su etapa- como in vigilando a lo largo de todos sus años de Presidencia de la Junta de Andalucía.

En el caso de Griñán, que llegó a la Presidencia del Ejecutivo autonómico cuando José Luis Rodríguez Zapatero incorporó a Manuel Chaves a su gabinete en abril de 2009, la responsabilidad es in eligiendo: él nombró a Manuel Recio como consejero de Empleo en 2010 en sustitución de Antonio Fernández, que a su vez había sucedido a José Antonio Viera en ese puesto en 2004.

A excepción del PSOE, el resto de grupos con representación en la Cámara andaluza (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) había señalado la responsabilidad de Chaves y Griñán. Algunos, como el PP y Podemos, habían ido más allá y habían reprochado la actuación del Gobierno de Susana Díaz, que ha mantenido durante años paralizadas las ayudas para formación para el empleo con el perjuicio que ello ha supuesto para el sector. El documento síntesis, sin embargo, exime de responsabilidad política a la actual inquilina de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

La ponencia síntesis señala también a tres consejeros de Empleo y a otros ex altos cargos

De acuerdo con la ponencia síntesis, contra la que ahora podrán presentarse alegaciones antes de que se eleve para su votación al pleno del Parlamento, la máxima responsabilidad política por las irregularidades se sitúa en los propios presidentes de la Junta por ser los “responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente” y haber ejercido “la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías y como tales son responsables”.

El dictamen se conoce semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera a que Chaves y Griñán fueran citados en calidad de investigados en la pieza separada de los cursos de formación en la que se investigan las ayudas otorgadas al conglomerado del ex consejero andaluz Ángel Ojeda, que recibieron 33 millones de euros para formar y becar a los antiguos trabajadores de la planta que Delphi tenía en Puerto Real (Cádiz).

El documento final se someterá a votación en el pleno del Parlamento de finales de marzo

No son los únicos señalados en el documento final. También subraya la responsabilidad de los consejeros de Empleo entre 2002 y 2012 -José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio-, viceconsejeros, los titulares de la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), los delegados territoriales, los secretarios generales y los directores generales con competencias en materia de formación para el empleo durante dicho periodo.

Los grupos tendrán hasta el próximo 27 de febrero para presentar enmiendas al documento síntesis. El 13 de marzo se votarán en el seno de la comisión de investigación, al igual que la posibilidad de denunciar a la Fiscalía a cuatro de los comparecientes por falso testimonio, y en el pleno del Parlamento previsto para la última semana de marzo se elevará el documento final para su votación.

Si bien en las conclusiones del dictamen no se determina que haya habido menoscabo de fondos sí se destaca que la Intervención General de la Junta emitió informe de actuación tras apreciar el interventor en Huelva circunstancias que, “por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”.