Los dos inspectores de educación que han abierto este martes la segunda sesión del juicio oral a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega han coincidido en señalar presiones del Departamento de Enseñanza de la Generalitat a los directores de institutos públicos para que cedieran los centros a la organización de la consulta del 9-N. Un extremo que ha intentado desmentir la responsable de servicios territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, aunque la directora Josefa Bosch ha confirmado después que se presentó la cesión de las llaves de los centros como obligatoria.

La ex colaboradora de Irene Rigau al frente del Departamento ha asegurado que en las reuniones en las que se informó a los directores de instituto de Barcelona sobre la consulta del 9-N “no se dieron instrucciones” a los responsables de los centros públicos sino que simplemente se les informó de que la Generalitat “como titular de los centros, dispondría” de las instalaciones para la celebración de referéndum oficioso. “No les pedimos que hicieran nada concreto” ha asegurado Llobet a preguntas del fiscal.

Llobet contradice a Rigau

Llobet contradice así la versión expuesta ayer por la ex consellera Rigau, quien aseguró que la apertura de los institutos se acogía a la figura de la cesión a terceros para “uso social del centro” regulada en el Decreto de Autonomía de Centros que regula este tipo de usos. Llobet ha evitado circunscribir a este uso la consulta del 9-N y ha repetido que “la Generalitat como propietaria puede hacer el uso que considere pertinente” de esos espacios.

En este punto coincide con la ex directora del IES de Badalona Josefa Bosch, quien ha explicado que «la cesión no era decisión del director; la búsqueda de voluntarios era voluntaria, añade, pero la entrega de las llaves no». Bosch ha confirmado además que Llobet se negó a dar instrucciones por escrito a los directores de centro, pese a que se le requirieron en esa reunión. «La respuesta fue que no hacía falta nada por escrito porque los centros son propiedad de la Generalitat».

Una denuncia que coincide con la versión explicada antes por los inspectores de educación Josep Rul y Josep Alsina, quienes han denunciado las presiones de los cuadros de la Conselleria para que los directores de instituto “colaboraran o cedieran las llaves de los centros” para la consulta. Rul ha hablado de “movimientos muy atípicos” en las reuniones “informativas” organizadas por la Conselleria.

“Se estaba forzando a los directores de centros a ceder locales sin saber bien para qué”

Alsina apuntaba: “Se estaba forzando a los directores de centros a ceder locales sin saber bien para qué”. Fue este inspector el que, a la vista de las irregularidades en el proceso informativo remitió un informe a la directora de servicios territoriales, Llobet, para que se corrigieran esas “actuaciones irregulares” y se redactaran las instrucciones por escrito. Una petición que remitió a su superior, pero que nunca tuvo respuesta. El entonces jefe de la Inspección, Francesc Güell, ha secundado la versión de Llobet, rechazando que los inspectores tuvieran que intervenir en el proceso del 9-N, como hizo Alsina, según ha explicado el primer testigo, para defender los intereses de los directores de centro.