Los cuatro partidos que sustentan al Gobierno de Navarra han dado un paso más para salir en defensa de los nueve acusados de terrorismo por la agresión contra dos guardias civiles y sus parejas ocurrida en Alsasua el pasado 15 de octubre. Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e Izquierda Ezkerra quieren que ataques como los sucedidos en la localidad navarra no tengan consideración de terroristas y evitar así que los presuntos agresores se enfrentan a una condena por este delito que podría oscilar entre los 6 y los 12 años de prisión. Las formaciones que soportan el Gobierno de Uxue Barkos han presentado una moción en el Parlamento foral para que de “manera urgente”, con el deseo de poder beneficiar así de la modificación a los encausados, en el Congreso de los Diputados se proceda a una modificación del Código Penal. En concreto, instan a reformar su artículo 537, el que detalla qué delitos deben ser considerados como terroristas.

Las cuatro formaciones consideran desproporcionado que se aplique este delito a los nueve acusados por la agresión de Alsasua

Los promotores de la moción consideran que en el citado artículo se fijan “límites difusos” que afectan y perjudican a casos como el de Alsasua, por los que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, una vez finalizada la instrucción del caso, imputa delitos de terrorismo a los nueve acusados. En el citado artículo que proponen modificar se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física o la libertad de una persona cuando el propósito sea alterar gravemente la paz pública o provocar un “estado de terror en la población o en una parte de ella”.

Los impulsores de la iniciativa parlamentaria creen que imputar un delito de esta gravedad a los jóvenes de Alsasua es una desproporción que les llevará a enfrentarse a unas penas “absolutamente desproporcionadas por unas conductas que en circunstancias normales no pasarían de ser hechos constitutivos de una sanción penal común”. Recuerdan que el cambio penal se aprobó cuando ETA llevaba cuatro años sin ejercer el terrorismo, algo que tildan de “especialmente llamativo” y preocupante por haber dejado la tipificación penal del delito de terrorismo bajo límites poco definido.

Libertad de expresión, no terrorismo

En este contexto sitúan la posibilidad abierta por el Código Penal de poder imputar un delito de terrorismo a una persona que actúe sin el amparo de una organización terrorista activa, pero por cuyo comportamiento “el juzgador crea que existe una conducta dirigida a atemorizar a una parte de la población o a producir una grave alteración de la paz pública”.

En este punto justifican la modificación del articulado en la necesidad de no criminalizar conductas que se asemejarían más a “la libertad de expresión” que a actitudes terroristas. Recuerdan que diversos organismos internacionales ya han denunciado esta situación. Aducen que incluso desde el ámbito jurídico numerosas voces han manifestado que en España el derecho penal y penitenciario, en su lucha contra el terrorismo, se “deslizó hacia una práctica interpretativa y de cambios legales que cabe enmarcar en el ámbito excepcional”.

Por todo ello, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra consideran que es momento de que “el estado de normalidad penal” se recupere asegurando estándares básicos “de un sistema de derechos y libertades” para una adecuada convivencia.