La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha empezado a auditar a la Generalitat por la polémica generada por el ex senador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes, algo que el Ejecutivo catalán negó desde un primer momento.

En un encuentro con periodistas, el secretario del Govern, Lluís Salvadó, ha explicado que el lunes de la semana pasada tres personas de este ente empezaron a elaborar una auditoría para comprobar si el Govern ha obtenido o no datos fiscales de forma ilegal.

Salvadó ha asegurado que este organismo tiene un mes de plazo para hacer esta labor de inspección, que afectará a organismos como la Agencia Tributaria de Catalunya o bien al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Las bases de datos de la Generalitat están almacenadas en centros ubicados en Bellaterra (Barcelona) y en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). A raíz de la polémica creada por las declaraciones de Vidal, el Govern solicitó esta auditoría para que no hubiera sospechas acerca de la legalidad de sus actuaciones, y Salvadó ha reiterado hoy que está abierto también a cualquier inspección que quiera hacer la Agencia Española de Protección de Datos.