El ex conseller de Presidencia Francesc Homs se ha escudado este miércoles en el juicio por el 9-N en que el Tribunal Constitucional (TC) no les advirtió de las consecuencias legales de incumplir la suspensión de la consulta, acordada el 4 de noviembre, pese a que el Gobierno lo había solicitado. En una declaración en la que sólo ha respondido a las defensas, puesto que la Fiscalía y la acusación popular han renunciado a interrogarlo, Homs ha acusado veladamente al Constitucional de actuar al dictado del Gobierno y ha recordado que, tras recibir la providencia del TC, él mismo en rueda de prensa anunció que el Govern “mantenía el proceso participativo”.

Homs, que actualmente es portavoz de DiL en el Congreso y está pendiente de ser juzgado en el Tribunal Supremo por la consulta del 9-N, comparece como testigo de las defensas en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener el 9-N pese al veto del TC.

En una jornada en la que también desfilarán a petición de las defensas la ex presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias y los miembros del Consejo Asesor para la Transición Nacional Carles Viver Pi-Sunyer y Enoch Albertí, -declaraciones de más contenido político que jurídico, por lo que la Fiscalía y la acusación popular han renunciado a hacer preguntas en la mayoría de los casos- Homs ha aprovechado cada pregunta de las defensas para una larga disquisición sobre la legalidad de la actuación de la Generalitat.

Anuncia en rueda de prensa que el Govern mantiene la consulta

El ex número dos de Mas ha explicado que la providencia de suspensión del TC se recibió coincidiendo con una reunión del ejecutivo autonómico, durante la cual aseguró a sus compañeros de gobierno, como jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, que “no estamos cometiendo ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad y aun menos acción que pueda ser tipificada como acción penal” y ha añadido “después informo en comparecencia publica de que Govern mantenía el proceso participativo”.

Homs ha recordado que, para suspender la consulta convocada inicialmente por la Generalitat, el TC había “adaptado su agenda” a lo que le “convenía” al Gobierno, si bien después, cuando Mas transformó la votación en un proceso participativo el alto tribunal no atendió la petición del Ejecutivo central de incorporar una advertencia en su providencia del 4 de noviembre, lo que considera que no es un hecho “menor, ni baladí, ni neutro”. Y ha concluido su declaración lamentado con ironía no ser interrogado por la Fiscalía ni la acusación popular. “Qué lástima, ha exclamado después de que la Fiscalía renunciara a interrogarlo por su condición de acusado en otra causa sobre los mismos hechos.

Qué lástima”, exclama Homs después de que la Fiscalía renuncie a interrogarlo

El entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha reconocido que animó a las escuelas municipales a participar en la celebración del 9-N pero ha negado que fuera él quién puso a disposición de la consulta las dependencias municipales. Fueron los directores de los centros, ha asegurado Trias, los que decidieron sumarse a la consulta abriendo sus centros; “el alcalde marca una línea de actuación pero después cómo lo organizaron entre ellos no lo sé ni era responsabilidad mía ocuparme de ello”.

La ex presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha servido a las defensas para recordar las resoluciones parlamentarias en las que se conminó al Govern a realizar una consulta sobre el “futuro político de Cataluña” y ha defendido que tras la primera suspensión del Constitucional “la ley de consultas no refrendarias regulaba el proceso participativo, que no había sido recurrido y seguía vigente. Me pareció una propuesta razonable y la única forma de dar voz a los catalanes”.

Carles Viver Pi-Sunyer, jurista y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, ha declarado para apoyar la tesis de los acusados de que la providencia de suspensión del Constitucional del 4 de noviembre necesitaba aclaración, como requirió el Govern, porque era “muy genérica” aunque tanto él como el resto de miembros del Consejo que han declarado han reconocido que informaron al Govern de que su conducta no podía ser considerada como acción penal por desobdiencia sin tener información de las gestiones administrativas y organizativas concretas que la Generalitat desarrolló a partir del 4 de noviembre pese a la suspensión del TC.