Luis Iglesias, socio de Oleguer Pujol, desmintió este miércoles la versión del benjamín de los Pujol, ya que solo ha admitido ante el juez José de la Mata que llevó a cabo las negociaciones para la operación de compra venta de 1.154 oficinas del Banco Santander, pero negó que hubiera montado la estructura societaria para ocultar al erario las comisiones de 11,5 millones de euros.

Pujol aseguró que Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, se encargó de esta operación porque él estuvo fuera de la sociedad mes y medio porque se acababa de casar. El juez le acusó de haber «liderado» este pelotazo y de haber decidido el cobro de comisiones en terceros países para ocultar estas ganancias ante la Hacienda Pública.

Sin embargo, Iglesias sostuvo ante el juez que «decidió de forma autónoma e independiente cómo efectuar el cobro de sus propios honorarios». Y añadió: «En ningún momento asesoré, decidí o aconsejé a otros socios o asesores en esta operación cómo cobrar sus honorarios», según un comunicado que difundió tras terminar su declaración.

Las cuentas claras con Hacienda

Asimismo, en esta nota explicó que cobró sus honorarios por esta operación por sus servicios profesionales y que este importe fue «declarado y justificado» ante Hacienda que «conocía la estructura, origen y aplicación de los fondos y la trazabilidad de los mismos desde que se cerró la operación en el 2007».

Por ello, aseguró al juez que los intervinientes que los hermanos De la Rosa y José María Villalonga y su hijo decidieron «como cobrar sus comisiones. Y admitió que se decidió rebajar sus comisiones porque actuaron como «introductores». Esta circunstancia fue denunciada por Gabriela y Javier de la Rosa y José María Villalonga y su hijo cuando declararon ante el togado.

Iglesias fue investigado por el juez Santiago Pedraz que fue el primero que analizó los pelotazos del benjamín de los Pujol. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción decidió que no se le podía imputar por un delito de blanqueo de capitales por lo que remitió la causa a los juzgados de Plaza Castilla para que indagara un delito fiscal.