El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la decisión del Parlament catalán de convocar un nuevo referéndum este año y ha mandado al fiscal la actuación de la presidenta de la cámara catalana, Carmè Forcadell,  y a los cuatro miembros de la mesa de la cámara por un delito de desobediencia. En el caso de que el fiscal decida presentar una querella contra estos parlamentarios sería la segunda para Forcadell y la primera para el resto.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad y responde a una petición del Gobierno que recurrió la resolución que ponía en marcha el proceso independentista el pasado mes de octubre. Este acuerdo fue suspendido por los magistrados que ahora lo anulan.

El Tribunal Constitucional, como ha hecho en las ocasiones anteriores, ha comunicado al ‘president’ de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al consejo de Gobierno este acuerdo y les instan a impedir «cualquier iniciativa que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad» de esta decisión. Asimismo, les advierte que si no acatan esta resolución incurrían en responsabilidad penal.

Los argumentos

Los magistrados responden en su resolución a los argumentos del Govern y del Parlament que alegan que deben convocar un nuevo referéndum para cumplir el mandato popular, pero los jueces les explican que no se puede contraponer la democracia frente a la legalidad.

También les aclaran que si se apartan de la ley pierden legitimidad y que si quieren independizarse de España deben usar los mecanismos que establece la Constitución, que no les faculta para llevar a cabo esta consulta.

La Generalitat mantiene sus planes

La advertencia no ha hecho mella en el Gobierno catalán, cuya portavoz Neus Munté, ha asegurado el ejecutivo catalán mantiene sus plantes de celebración del referéndum sobre la independencia. Munté ha añadido además que la decisión del Alto Tribunal no obliga a la Generalitat a suspender ninguna iniciativa gubernamental porque la resolución anulada ya había sido suspendida cautelarmente.

«Estamos hablando de una resolución de Parlament que ya fue suspendida cautelarmente y ahora el Constitucional entra en el fondo de la cuestión. Esto no ha impedido que el Govern continúe defendiendo voluntad de celebrar referéndum, no ha impedido constituir el pacto nacional referéndum o aprobar un manifiesto que hemos hecho nuestro» ha señalado Munté al ser preguntada si su postura es hacer caso omiso a la decisión del TC.

La portavoz ha insistido además que la resolución anulada por el Constitucional   «forma parte del debate libre de los diputados y de su votación no se tienen que derivar acciones penales contra Forcadell y miembros de la mesa.» a los que ha expresado todo el apoyo y solidaridad del ejecutivo que preside Carles Puigdemont.