El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, afronta la semana que viene la renovación de las principales fiscalías, entre ellas Anticorrupción, en medio de un debate sobre la posible injerencia política en la posición de la institución respecto del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

El Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía, se reunirá el próximo 22 de febrero para pronunciarse sobre las candidaturas para cubrir 35 vacantes, una decisión que en último término compete a Maza y que afecta las principales fiscalías especiales. Entre ellas la de Anticorrupción, cargo al que aspiran seis fiscales que actualmente trabajan en esa Fiscalía especial, entre ellos los que investigan los casos Bankia, Pujol, Púnica y Bárcenas, así como un fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Moix.

El Consejo Fiscal se reunirá el próximo 22 de febrero para pronunciarse sobre las candidaturas

Dos de las aspirantes se han visto involucradas en el asunto de Púnica: la actual teniente fiscal y una de las que lleva la investigación a la familia Pujol, Belén Suárez, quien firmó el escrito dirigido al juez Eloy Velasco en el que se oponía a acusar a Pedro Antonio Sánchez, y Teresa Gálvez, una de las fiscales del caso que sí era partidaria de la acusación.

La decisión la firmó Belén Suárez de acuerdo con el criterio marcado por el fiscal general del Estado, quien ha afirmado que no tuvo ningún tipo de presión política al respecto y que actuó de acuerdo con el planteamiento de la Secretaría Técnica y los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.

Ese criterio no es el de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, quienes, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría beneficiado de un «plan criminal» para mejorar su imagen.

Según las fiscales, ese plan, de no haber sido «descubierto», habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos «personales» o «particulares». Este episodio, que ha despertado las críticas de la oposición, se ha producido días antes de la renovación de la jefatura de Anticorrupción, vacante desde la jubilación de Antonio Salinas, quien permaneció trece años en el cargo.

El requisito para ser candidato a la plaza de fiscal jefe Anticorrupción es llevar más de 20 años en la carrera fiscal

Precisamente, Teresa Gálvez es otra de las aspirantes a la plaza, como también el fiscal que se encarga del caso Bankia y ha llevado a juicio a los acusados por las tarjetas black de Caja Madrid, Alejandro Luzón, que es teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Otro de los aspirantes es el fiscal que lleva los conocidos como «los papeles de Bárcenas», Antonio Romeral; Carlos Alba, ex teniente fiscal de Ciudad Real, y José Miguel Alonso, que llevó a juicio a Ramoncín por el caso SGAE. El único candidato que no trabaja ya en esa Fiscalía es el fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal superior de Madrid, Manuel Moix.

El requisito para ser candidato a la plaza de fiscal jefe Anticorrupción es llevar más de veinte años en la carrera fiscal y, en este caso, los más antiguos son Suárez, Gálvez y Moix, aunque no por ello tienen en teoría más opciones para ser elegidos. Entre las causas que tiene en sus manos este órgano especial figuran, además de las mencionadas, el caso Nóos, Gürtel, la investigación a CDC, Nummaria, Blesa, los ERE de Andalucía, De la Serna y Rumasa, entre otros.

Renovación también en la Audiencia Nacional

Pero Anticorrupción no es la única Fiscalía especial que va a ser renovada, pues también está la de la Audiencia Nacional, cargo en el que aspira a seguir por un tercer mandato Javier Zaragoza. El proceso afecta a la Fiscalía Antidroga, donde toca renovar a José Ramón Noreña; la de Seguridad Vial, dirigida por Bartolomé Vargas; Extranjería, con Joaquín Sánchez-Covisa al frente, o Medio Ambiente, con Antonio Vercher.

Asimismo, procede renovar o relevar a las fiscales de Cooperación Penal Internacional, Rosa Ana Morán, y de Criminalidad Informática, Elvira Tejada. En el Supremo corresponde renovar a Juan Ignacio Campos, fiscal Sala jefe de lo Penal, a la fiscal de Sala Pilar Barrero y al fiscal jefe de la Unidad de Apoyo José Luis Bueren.

También en las fiscalías superiores de las comunidades autónomas quedan pendientes decisiones relevantes, como el relevo o mantenimiento de Juan Ramón Calparsoro en la del País Vasco y de Jesús María García Calderón en la de Andalucía, o las renovaciones de los fiscales superiores de Castilla-La Mancha, Murcia o La Rioja. Asimismo, es momento de decidir sobre las fiscalías provinciales de Girona, Cádiz, Almería, Zamora, Lleida, Tarragona, Zaragoza o Álava.