El magistrado que preside la Sección de la Audiencia de Sevilla que tramita los recursos relativos al caso de los cursos, en el que se investigan irregularidades en las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para desarrollar acciones formativas, fue alto cargo del Gobierno autonómico en la etapa del socialista Manuel Chaves como presidente. El juez no se ha inhibido hasta ahora y ha sido incluso ponente en algunos de los autos con los que se han resuelto recursos de la acusación popular que ejerce el PP contra decisiones adoptadas por la instructora, María Núñez Bolaños.

Pedro Izquierdo Martín, uno de los tres integrantes de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla junto a María del Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, gozó de una excedencia por servicios especiales en la carrera judicial durante más de seis años tras ser nombrado secretario general de Modernización de la Justicia -dependiente de la Consejería de Justicia y Administración Pública- el 29 de abril de 2008 en sustitución de Celso José Fernández Fernández. Entonces presidía la Junta Manuel Chaves, que en las elecciones autonómicas celebradas el 9 de marzo de aquel año había reeditado la mayoría absoluta, y la titular de ese departamento era Evangelina Naranjo.

Extracto del BOJA en el que se publicó el nombramiento de Pedro Izquierdo como Secretario General para la Justicia.

El 20 de mayo de 2008, el magistrado salmantino pasó a ocupar la Secretaría General para la Justicia, el número tres en la estructura de la entonces Consejería de Justicia y Administración Pública y la persona que suplía al consejero y al viceconsejero en ausencia de éstos. Se mantuvo en ese puesto hasta el 22 de julio de 2014, siendo ya presidenta del Ejecutivo autonómico Susana Díaz y consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera, cuando pidió su relevo aduciendo «motivos profesionales» y volvió a su plaza en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

En la causa de los cursos de formación, a cargo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde marzo de 2014, se investigan irregularidades en las ayudas concedidas por la Junta para cursos de formación. De hecho, la anterior instructora de la causa, la juez Mercedes Alaya, llegó a imputar a 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, si bien la actual titular acordó el pasado mes de octubre el archivo de esta pieza al considerar que los hechos no son constitutivos de delitos ni de malversación de caudales públicos ni de prevaricación. El PP lo ha recurrido.

La investigación judicial sobre los cursos de formación alcanza la época en la que al frente de la Junta de Andalucía se encontraba Manuel Chaves, que cedió la Presidencia a José Antonio Griñán en la primavera de 2009 tras ser requerido por José Luis Rodríguez Zapatero para incorporarse a su gabinete como vicepresidente tercero del Gobierno.

Auto en el que se detalla la condición de ponente de este magistrado en la resolución de un recurso del PP.

 

Pese a su pasado como alto cargo de la Junta y tener aparentemente comprometida su imparcialidad, el magistrado Pedro Izquierdo Martín no se ha inhibido hasta ahora y ha participado en la votación y resolución de varios recursos interpuestos por la acusación popular que ejerce el PP contra decisiones dictadas por la magistrada de instancia.

Así, el pasado 16 de enero fue el ponente en el auto por el que se acordó fijar una fianza de 12.000 euros al PP para poder ejercer la acusación en el caso de los avales concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a empresas en crisis, también instruido por la juez Núñez Bolaños.

También consta una diligencia de ordenación designando a Pedro Izquierdo como ponente para resolver el recurso de reforma presentado por el PP contra la providencia por la que la ahora titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acordó dejar sin efecto un auto que había firmado su antecesora días antes de salir sobre la causa de la formación y que no se había notificado a las partes cuando llegó Núñez Bolaños.