Ana Maria Magaldi Paternostro anunció el día que tomó posesión como fiscal jefe de Barcelona su intención de trabajar para los ciudadanos «ejerciendo la autoridad, y que ésta se convierta en una verdadera auctoritas» en el sentido del derecho romano. Y en los cuatro años que lleva al frente de los doscientos fiscales de la provincia de Barcelona, ha ejercido esa auctoritas siempre que ha sido necesario y, muy especialmente, en defensa del trabajo de sus compañeros de carrera, en más de una ocasión en contra del discurso imperante o del poder político catalán.

Quizá por eso, cuando el pasado lunes protagonizó una inesperada rueda de prensa para explicar los términos en los que se había sentido agredida verbalmente la semana anterior, a las puertas del Palacio de Justicia, tras la última sesión de la vista oral del juicio del 9N, no fue demasiado difícil para el soberanismo señalar a Magaldi como uno de esos sospechosos habituales de connivencia con el Estado en contra del procés. Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, Magaldi fue elegida fiscal jefe hace cuatro años por seis votos frente a los dos obtenidos por cada uno de sus rivales en la votación del Consejo Fiscal. El próximo diciembre debe decidir si opta a un segundo mandato de cinco años o si se jubila, puesto que iniciaría ese segundo mandato con 65 años recién cumplidos. Antes de eso fue la coordinadora de la Fiscalía del Contencioso Administrativo de Barcelona, en la que acreditó, según su predecesor, un trabajo riguroso y serio que la hizo acreedora del ascenso a la jefatura de la fiscalía provincial.

Nacida en Girona hace 64 años, tiene el catalán como lengua materna pero no duda en utilizar el castellano ante instancias catalanas cuando tiene público del resto de España, cosa que no siempre es aceptada. Es una mujer con un elevado respeto por dignidad de la institución, es difícil encontrar una ocasión en la que la Fiscalía haya quedado sin representación en actos oficiales, ya fuera en la Generalitat o en la Delegación del Gobierno, y esa estima por la dignidad de la institución explica los hechos de la semana pasada, como ella defiende.

«Llevo 35 años saliendo por la puerta principal del Palacio de Justicia, no iba a dejar de hacerlo, ni a salir corriendo, por unos insultos». Ante los gritos de «fascista», «mierda» o «vete de Cataluña»,  Ana Maria Magaldi se paró, miró fijamente a quienes la increpaban tras las vallas montadas por la Guardia Urbana y se negó a aceptar que esos insultos estuvieran justificados. Por eso, al llegar a casa comunicó estos hechos a la Fiscalía General del Estado, que dio amparo a la queja con un comunicado en el que reclamaba respeto. Y a partir de ahí, las especulaciones en los medios catalanes sobre cuál habría sido el detonante de una queja tachada de extemporánea ante una demostración de pacifismo y contención del independentismo en la manifestación convocada el 6 de febrero a las puertas del TSJC. Ese fue el motivo de la rueda de prensa de este lunes, en la que intentó defender que los insultos no son aceptables.

Críticas implacables

Magaldi clamó por el respeto institucional pero no dramatizó la situación; cuando habló de temor por su integridad física dejó claro que «temía que me diera una colleja» y añade, «nunca he hablado de daños físicos graves». Pero la respuesta, en algunos medios, ha sido implacable.

«Una fiscal ante la muerte y la agresión, ya lo ven, fumando tranquilamente como la famosa cupletista. ¡Es espantoso, Ana Maria! Que un hombre grosero (sin nada en las manos, hay que recalcarlo mil veces) se te acerque y te increpe merece no una, sino dos o tres ruedas de prensa y también será necesario, como bien has dicho, que se estudie si la cosa es constitutiva de delito: de hecho, yo no esperaría demasiado y lo metería directamente en la trena», escribía estos días Bernat Dedéu.

Otro articulista, Iu Forn, ironizaba con su parecido con la propietaria de las joyerías Tous y señalaba, poniéndolo en boca de «fuentes próximas a las defensas», que la presencia constante de Magaldi en el juicio sólo podía responder a dos motivos: dar apoyo a los fiscales o hacer puntos para un ascenso. De hecho, no es en absoluto la primera vez que la jefa de fiscales asiste a un juicio mediático en apoyo de los fiscales, el último ejemplo fue el juicio por el caso Ester Quintana -la mujer que perdió un ojo a manos de los antidisturbios de los Mossos- y los fiscales a su cargo aseguran agradecer el gesto de apoyo.

Las críticas más duras, sin embargo, han sido probablemente las que han llegado de estamentos políticos. La portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró condenar cualquier agresión pero defendió el carácter pacífico y ejemplar de la manifestación del 6F y tachó de ejercicio de libertad de expresión los abucheos a la fiscal. Y el ex president Artur Mas acusó al Estado de orquestar una operación para hacer aparecer al independentismo como un movimiento violento con denuncias como la de Magaldi. Aunque las más dolorosas para la fiscal -y para otros miembros de la judicatura que se han sentido identificados- han sido, sin duda, las voces que señalan a las imágenes de televisión en las que Magaldi se planta ante quienes la increpan para concluir que la fiscal adoptó una actitud provocadora que derivó en la agresión verbal.

La primera rueda de prensa, también por el 9N

La del lunes era la segunda rueda de prensa de Magaldi en sus cuatro años como fiscal jefe de Barcelona. La primera se produjo cuando la Fiscalía presentó la querella contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la organización y celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Tras días de desencuentros, el Fiscal General de Estado, Eduardo Torres Dulce, ordenó presentar la querella con el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala, frente a la postura contraria de la Fiscalía Superior de Cataluña. Se empezó a hablar entonces de una de rebelión de las togas afirmando que los fiscales catalanes se resistían a aceptar una orden en la que más de uno vio la mano directa del Gobierno. Magaldi ofreció entonces su primera rueda de prensa para alinearse con Torres Dulce y negar una insurrección generalizada de los fiscales catalanes. Y recordó que durante la jornada del 9N los fiscales de guardia en Barcelona se opusieron a las medidas cautelares por un criterio de proporcionalidad que secundaba la propia Fiscalía General del Estado, pero pidieron la admisión a trámite de las denuncias presentadas por partidos y ciudadanos particulares.

Aunque la relación de Magaldi con la prensa y buena parte de la clase política catalana no siempre fue controvertida. Estas mismas instancias elogiaron su valor cuando en su toma de posesión defendió a los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo -los mismos fiscales del 9N- de los ataques de un sindicato policial de Madrid que les criticaba poco celo en la investigación del Caso Palau y la financiación irregular de CDC.

Somos miembros de una institución del Estado que día a día, cumpliendo las misiones encomendadas en la Constitución, contribuye a hacer posible su viabilidad»

«Vivimos tiempos de convulsión social y política pero hechos tales como las maniobras de desprestigio de las que han sido, recientemente, objeto los fiscales anticorrupción de Barcelona, no nos deben descorazonar», advertía entonces la nueva jefa de fiscales. «Somos miembros de una institución del Estado que día a día, cumpliendo las misiones encomendadas en la Constitución, con sujeción al principio de legalidad, contribuye a hacer posible la viabilidad del Estado», argumentos elogiados entonces, que ahora aparentemente han perdido valor.

Pero la luna de miel duró apenas medio año, el tiempo que transcurrió hasta que la Fiscalía Anticorrupción acusó a Convergència Democràtica de Catalunya de cobrar 6,6 millones de comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de concesiones de obra pública durante el último gobierno de Jordi Pujol. Entonces, Artur Mas aprovechó las grabaciones de La Camarga, en las que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, se refería a un «fiscal de confianza» para desacreditar el trabajo de la Fiscalía y acusarla de actuar «sin pruebas, en base a puras suposiciones» dentro de una «guerra sucia institucionalizada».

Acusaciones que motivaron la primera declaración política de Magaldi, que emitió un comunicado en el que rechazaba, en nombre de la Fiscalía de Barcelona «que se cuestione su imparcialidad y se le atribuya, de modo interesado y apenas encubierto, actuaciones contrarias al principio de legalidad». Un comunicado que obtuvo el apoyo de Rodríguez Sol, recién cesado por Torres Dulce por apoyar el derecho a decidir en una consulta acordada.

Ahora ha vuelto a recibir el apoyo y calor de sus compañeros de carrera en forma de múltiples mensajes durante los últimos días. Pero ha optado por cerrar la puerta a los medios. Reivindicada su postura, Ana Maria Magaldi no quiere seguir en el centro de la polémica, asegura, deseosa de acabar con esta polémica.