El artículo 155 del Título VIII de la Constitución se ha convertido en referente habitual del debate sobre la crisis política entre Gobierno y Generalitat. De momento, sólo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido en público que «es una opción» que no se puede descartar, aunque el Gobierno insista en su predisposición al diálogo. Pero, de puertas para dentro, esa opción parece cobrar fuerza, especialmente en la medida en que Carles Puigdemont insiste en la celebración de un referéndum unilateral. Tras el juicio del 9-N, que el viernes 10 quedó visto para sentencia, y las impugnaciones a todos los pasos dados para cumplir la hoja de ruta del procés desde el Parlamento autonómico, la Generalitat extrema el cuidado a la hora de aprobar órdenes ejecutivas de preparación del referéndum, pero insiste en que se celebrará, lo que hace prever que el temido choque de trenes puede llegar este verano. Y en este contexto, juristas y políticos señalan en Cataluña que el artículo 155 de la Carta Magna es un recurso extraordinario y abogan por que el Gobierno mantenga la vía impugnatoria para frenar el referéndum unilateral.

En concreto, la Constitución afirma en ese punto que: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Y añade en su segundo apartado: «Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

Tal y como avanzó El Independiente, el plan del Gobierno, en caso de referéndum ilegal, pasaría por utilizar el 155 para suspender las competencias de la Generalitat en materia de seguridad ciudadana, asumiendo el control de los Mossos d’Esquadra, y frenar con ellos la consulta. Una opción que no despierta entusiasmo en Cataluña.

Fetichismo en torno al 155

La catedrática de Derecho Constitucional y presidenta de Concordia Cívica, Teresa Freixes, ve en este debate “un cierto fetichismo en torno al 155” y recuerda que existen otras vías legales igualmente efectivas y más ágiles que la aplicación de este artículo que “es una vía de cierre a hechos que no se pueden corregir”. La jurista señala que antes de llegar a ese extremo la legislación administrativa y la penal tienen muchos instrumentos para frenar una eventual iniciativa ilegal de la Generalitat. Freixes apuesta en primer lugar por la vía impugnatoria que ha aplicado el Gobierno hasta ahora, recurriendo ante el Tribunal Constitucional o la justicia ordinaria las iniciativas autonómicas destinadas a labrar el camino hacia la independencia.

Freixes señala la coerción administrativa como vía alternativa para asumir el control de los Mossos

En caso de que esta vía no sea suficiente, aboga por recurrir al Código Penal y a la Ley de Seguridad Nacional. Este texto incluye la figura de la “coerción administrativa” que contempla la posibilidad de que el Gobierno asuma el control sobre un ámbito de competencia de la Generalitat -los Mossos d’Esquadra, por ejemplo- con la aprobación de un decreto, una vía mucho más rápida, señala la jurista, puesto que no obliga a pasar por el Senado. Freixes señala además que el artículo 155 es un “instrumento excepcional”, por lo que a su juicio debería contar con el acuerdo de todos los partidos del arco constitucional -es decir, de PSOE y C’s como mínimo- independientemente de la mayoría del PP en el Senado.

El decano del Colegio de Abogados de Reus y portavoz de la plataforma de juristas Llibertats Pere Lluis Huguet ve en la aplicación del artículo 155 de la Constitución un recurso extremo al que el Gobierno debería evitar recurrir. Señala que, pese a las quejas sobre la judicialización de la política, el recurso a los tribunales que viene aplicando el Ejecutivo “permite dar respuesta a actos concretos” como la convocatoria del 9-N, mientras que el 155 “suspende la autonomía completa”. Incluso en el caso de una aplicación parcial, añade Huguet, sobre las competencias cedidas a la Generalitat en materia de seguridad, por ejemplo, supondría la suspensión de todas las competencias en esta materia, no para un acto puntual, por lo que podría resultar en su opinión un recurso excesivo para dar respuesta a un eventual referéndum unilateral.

Huguet defiende, como la mayoría, que la mejor herramienta es la negociación política entre ambos gobiernos para evitar tanto el referéndum unilateral como la suspensión de la autonomía.

Responsabilidades compartidas entre Gobierno y Generalitat

Desde el ámbito político, el portavoz del PSC, Ferran Pedret, coincide con Huguet en que “el 155 debería ser de aplicación absolutamente excepcional” y apunta que “en el fondo presenta algún problema en el sentido de no está desarrollado” normativamente. El dirigente socialista catalán aboga por que “se evite llegar a ese extremo” y recuerda que las responsabilidades en caso de que finalmente se aplicara estarían repartidas entre el Gobierno que opta por esa opción y la Generalitat que “no debería poner en riesgo las instituciones catalanas”.

Carlos Carrizosa, portavoz de C’s, coincide con Pedret en que “ojalá no haya que llegar a este extremo” y añade que antes existen otras medidas para evitar un nuevo 9-N, pero advierte de que la ley “debe aplicarse cuando toque y de forma proporcional”. En su opinión, lo más efectivo sería evitar que la Generalitat ponga edificios públicos al servicio de una consulta ilegal recordando a los funcionarios que están obligados a cumplir la ley, una vía a la que también ha apuntado el Gobierno. Si llega a haber consultas, concluye Carrizosa, que sean iniciativas populares como las que en su día se celebraron en Arenys de Munt y otros municipios catalanes, “pero que no revistan apariencia de legalidad”.

C’s cree que el objetivo debe ser que las consultas “no revistan apariencia de legalidad”

Pedret matiza además que el artículo 155 no permite la suspensión de la autonomía de forma total como se está afirmando en algunos ámbitos, sino que en todo caso plantea la adopción de “medidas de tipo cautelar para asegurar el cumplimiento de la legalidad”. Un extremo en el que coincide con Freixes quien advierte de que no se trata de una suspensión, aunque el Gobierno podría sustituir a las autoridades autonómicas que estarían poniendo en riesgo el sistema constitucional.

En este contexto, el portavoz socialista insiste en que la vía debe ser “canalizarlo por la vía de la negociación política” aunque lamenta que “ni Gobierno ni Generalitat parecen interesados en esta vía”. Los gobernantes responsables “deberían evitar poner en peligro las instituciones”, concluye.