Ciudadanos, que favoreció el gobierno del Partido Popular en Murcia tras las elecciones autonómicas de 2015, ha pedido la dimisión del presidente Pedro Antonio Sánchez después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, instructor del caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, haya citado a declarar en calidad de investigado al presidente del Ejecutivo murciano el próximo 6 de marzo.

Las diligencias se refieren al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras de dicho auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad. Pérez-Templado inicia así las diligencias en las que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El jefe del Ejecutivo y líder del PP, Mariano Rajoy, ha subrayado que no pedirá a Sánchez que deje el cargo, y ha recordado que ya ha habido dieciséis denuncias previas contra el dirigente regional, todas ellas del PSOE, que han sido archivadas.

Ciudadanos pide la dimisión

El portavoz de Ciudadanos en la región de Murcia, Miguel Sánchez, ha pedido hoy al presidente autonómico que “cumpla el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimita, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la Ley de Transparencia”.

Así ha reaccionado en un comunicado tras conocer que el jefe del Ejecutivo tendrá que declarar el 6 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como investigado por su presunta participación en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras..

Tras indicar que “el valor que tenemos las personas es el de nuestra palabra”, ha dicho estar “convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos”, una vez que ha sido llamado a declarar por la supuesta comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental.

La formación naranja ha apelado al primer punto de su acuerdo de investidura, que indica que se separaría de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial. También al artículo 54 de la Ley autonómica de Transparencia, que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones.