El Gobierno catalán y la Mesa del Parlament han sido notificados hoy oficialmente de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular definitivamente la resolución del 6 de octubre en la que se instaba al ejecutivo autonómico a celebrar un referéndum sobre la independencia. En contra de lo que sucedió el 4 de noviembre de 2014 cuando el alto tribunal decidió anular la segunda convocatoria del 9N pero no se lo notificó personalmente a Artur Mas y su gobierno, tanto Carme Forcadell y los seis miembros de la Mesa del Parlament como los miembros del Govern han recibido en mano, de dos funcionarias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la interlocutoria del Constitucional.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha explicado que los miembros del ejecutivo han sido notificados coincidiendo con la reunión semanal del ejecutivo y ha lamentado, mostrando el documento, «estas son las únicas propuestas que entran por la puerta del Palau de la Generalitat». Munté se refería así, irónicamente, a las negociaciones discretas entre Gobierno y Generalitat anunciadas el fin de semana por el delegado del Gobierno, Enric Millo, y la existencia de unas ofertas del Gobierno de Mariano Rajoy que Carles Puigdemont ha negado tajantemente.

El TC advierte explícitamente en su interlocutoria  a los miembros de la Mesa y el ejecutivo autonómico de  que «se abstengan» de realizar cualquier acción dirigida a dar cumplimiento a la resolución anulada, que ya había sido suspendida por el TC tras la impugnación del Gobierno. Se trata de la resolución que salió adelante con los votos de JxS (ERC y la antigua convergencia) y CSQP (Podemos y los comunes) como conclusión del Debate de Política General, en la que la Cámara instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum de autodeterminación en el plazo máximo de un año.

En su interlocutoria, el TC remite además a la Fiscalía la decisión de presentar una querella contra Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet de Junts pel Sí (JxS) y Joan Josep Nuet de CSQP, los miembros de la Mesa que permitieron la votación de esa resolución en el Pleno, pese a que el Constitucional ya había anulado una resolución anterior de noviembre de 2015 en la que se establecía la hoja de ruta de la independencia. Una anulación de la que deriva la primera querella que ya se instruye contra Forcadell, por la votación de las conclusiones de la comisión sobre el proceso independentista que se votaron el pasado verano.

Este texto anulado ahora era la plasmación del pacto alcanzado por Carles Puigdemont y la CUP ara que los antisistema dieran su apoyo a las cuentas catalanas, es decir, permitieran gobernar a JxS, a cambio de la celebración del citado referéndum, con o sin el beneplácito del Gobierno. El Constitucional no ha impugnado, sin embargo, otra resolución aprobada ese mismo día en términos similares e impulsada por CSQP. La gran diferencia es que ese texto sí alude a la necesaria aprobación del Gobierno.

Forcadell busca la foto

La entrega de la interlocutoria ha provocado una nueva división entre los miembros de la Mesa del Parlament por la intención de la presidenta de convertir el acto administrativo en una nueva representación del «acoso judicial del Estado español» que suele denunciar. Sin embargo, tanto los representantes de C’s, José Maria Espejo-Saavedra, y PSC, David Pérez, como el letrado mayor de la Cámara y las propias funcionarias del TSJC se han negado a posar ante los medios de comunicación, por lo que éstas han comunicado la decisión del TC primero a estos tres interpelados. Posteriormente han hecho entrega de la interlocutoria a Focradell, Simó, Corominas, Barrufet y Nuet, momento que finalmente sí ha sido captado por las cámaras, como quería la presidenta del Parlament.