Tenemos que ser astutos” proclamó hace un año Artur Mas como receta para que el soberanismo se impusiera pese a la superioridad de recursos del Estado, y “no dejarnos guiar por la estética de la gesticulación”. Y su tesis se ha impuesto. En los últimos doce meses, el Gobierno catalán ha sustituido la política de los grandes gestos y desafíos por la opacidad más absoluta en los preparativos para la independencia.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura en reuniones a puerta cerrada que “todo está atado y bien atado” para llevar el proceso independentista a buen puerto. Pero en el Parlament imponen el “rodillo independentista” con la inestimable ayuda de la CUP para tumbar una moción en la que se reclama al ejecutivo catalán que entregue a la Cámara todos los trabajos, estudios y proyectos legislativos realizados por responsables y funcionarios públicos con fondos públicos en pos de la independencia. El único argumento para negarse a dar los datos fue que la moción hablaba de “secesión”, término proscrito por los independentistas.

Las únicas actuaciones públicas en cumplimiento de la hoja de ruta que Puigdemont y la CUP pactaron en septiembre para desbloquear la legislatura catalana han sido la creación del Pacto Nacional por el Referéndum, reunido in extremis el 23 de diciembre para dar cumplimiento a las exigencias de la CUP antes de que se agotara el plazo para admitir a trámite los presupuestos, y las votaciones de textos anulados por el Tribunal Constitucional en el Parlament, cuya responsabilidad recae sobre Carme Forcadell, no sobre el Govern.

Pero la ausencia de noticias no responde a inactividad, como dejó claro el ex juez y ex senador Santi Vidal en sus conferencias. De hecho, desde que se desencalló la tramitación de los presupuestos, la Mesa de Partidos y Entidades independentistas, que era otra de las exigencias de la CUP para garantizar que avanzara el proceso soberanista, se ha reunido de forma regular con el objetivo de analizar cómo responder a las iniciativas judiciales del Gobierno para frenar el procés.

Dirigentes soberanistas se reúnen periódicamente para coordinar las respuestas de partidos y entidades a cada nuevo paso del Gobierno

La mesa reúne a dirigentes del PDCat, ERC, la CUP, Demócratas, ANC, Òmnium y la AMI para coordinar las respuestas de partidos y entidades a cada nuevo paso del Gobierno. Ahí se coordinó, por ejemplo, la manifestación de apoyo a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega el día que empezó la vista oral del juicio del 9-N. Y ahora se centra en estudiar todos los posibles vetos del Gobierno a sus planes, y las vías para sortearlos hasta alcanzar la meta soñada del referéndum.

El común denominador de todas las respuestas es la opacidad, o “discreción” como se prefiere en ámbitos independentistas, para “no dar pistas al Estado”. En este ámbito de discreción se incluyen las leyes de desconexión, ese entramado legal que debe permitir pasar “de la legalidad a la legalidad” para justificar la convocatoria de un referéndum que no tiene cabida en nuestro ordenamiento legal. Especialmente la ley de Régimen Jurídico Catalán, o más conocida como Ley de Transitoriedad, que regula la celebración del referéndum unilateral y el paso del marco constitucional español a uno propio. Un texto que JxS y la CUP aseguran tener pactado desde fin de año, y celosamente guardado en un cajón para evitar su impugnación por parte del Gobierno.

El IEA de Viver Pi-Sunyer

Y la fuente jurídica principal es el Instituto de Estudios para el Autogobierno, en manos de ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. Este jurista es el autor de los informes sobre la celebración de un referéndum o la proclamación unilateral de independencia que Artur Mas, hasta hace un año, y Carles Puigdemont ahora han convertido en promesas electorales y planes de gobierno. Junto a esos informes, más o menos publicitados, el equipo de Viver se encarga de coordinar los trabajos que cada departamento de la Generalitat hace de forma independiente sobre la “desconexión” en su ámbito de trabajo. Un trabajo mucho más discreto; tanto, que sólo ellos conocen las conclusiones conjuntas, puesto que los equipos departamentales que preparan la ruptura no se comunican entre ellos.

Igualmente opaco es el funcionamiento de la Oficina para la Mejora de la Instituciones de Autogobierno. Bajo este título más o menos anodino trabaja un equipo destinado a dibujar las “estructuras de estado” de una futura Cataluña independiente, y sobre todo de cómo llegar hasta ellas desde una administración autonómica. Todo ello con un presupuesto algo superior al millón de euros.

Dentro de estos trabajos se incluye la elaboración de una base de datos fiscales para la futura hacienda catalana anunciada por Vidal y que Oriol Junqueras ha negado reiteradamente. Su elaboración supondría una ilegalidad flagrante por parte de la Generalitat, pero las explicaciones de su número dos y titular de Hacienda, Lluís Salvador, sobre la opción de dejar en manos de las empresas la labor de proporcionar todos los datos fiscales al futuro estado para recaudar el IRPF no han convencido a nadie.

La oposición no obtiene respuesta

Esos trabajos son los que reclama insistentemente la oposición en el Parlament catalán, de momento sin éxito. El portavoz socialista Ferran Pedret recuerda que en repetidas ocasiones han hecho preguntas por escrito al Govern para conocer los planes de contingencia en los que la Generalitat debería estar trabajando ante la perspectiva de un referéndum de independencia. Pero la respuesta siempre es la misma: estamos cumpliendo el mandato democrático del Parlament. Ni una aclaración más. «O no nos lo quieren decir o no tienen nada preparado, y están engañando a todos los que creen en la independencia; francamente no sabemos qué es más inquietante», apunta Pedret, autor de la moción que esta semana rechazó JxS, en la que se volvía a exigir explicaciones al Govern .

Habría sido una grave irresponsabilidad por parte del Govern proponer la creación de un estado propio y no preparar con el máximo cuidado esta creación» aseguró Puigdemont

«A finales del mes de junio de 2017 tendremos preparadas les estructures de estado necesarias para poder actuar como un estado» aseguró Puigdemont en el debate de la moción de confianza con la que forzó el apoyo de la CUP a su gobierno, el pasado septiembre. «Estaremos preparados porque ya se está trabajando desde hace tiempo con este objetivo. Habría sido una grave irresponsabilidad por parte del Govern y de los partidos que le dan apoyo proponer la creación de un estado propio y no preparar con el máximo cuidado esta creación y su funcionamiento inicial. Se está trabajando hasta el último detalle, no sólo los textos normativos indispensables, sino también otras medidas más concretas y operativas. Se está trabajando también con especial cuidado en las actuaciones en ámbitos especialmente sensibles el día de la desconexión y los días y semanas siguientes, ámbitos como la seguridad, las comunicaciones o la administración de justicia».  Un cuidado que incluye el esmero con el que estos trabajos se ocultan tanto al Gobierno español como a la oposición parlamentaria en Cataluña.